Un informe policial pone en duda la actuación del ministro Sylvester en el caso Peñalva-Nuesch
03/05/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El informe dice que el entonces Ministro de Seguridad del gobierno de Urtubey llegó al lugar donde fueron hallados los cuerpos solo 15 minutos después del hallazgo y una hora antes de que lo hiciera el Juez de Instrucción competente. Ni el ministro ni
El 16 de julio de 2012 -el mismo día en que se produjo el hallazgo de los cuerpos sin vida de Luján Peñalva y Yanina Nuesch en un descampado cercano a Río Ancho- efectivos del Destacamento Policial del Barrio San Carlos de la ciudad de Salta elaboraron un informe escrito sobre su actuación en el terreno, que remitieron inmediatamente a la jefatura de la Unidad Regional Nº 1 de la Policía provincial.
En este informe, que aparece unido al expediente de la defectuosa investigación judicial realizada sobre las muertes, los policías que participaron en las tareas de rastrillaje del terreno, relatan los momentos previos al hallazgo y los inmediatamente posteriores, una vez que tuvieron ya la certeza de que los dos cuerpos pertenecían a las dos jóvenes que eran intensamente buscadas.
La lectura de este documento ha llamado especialmente la atención de la familia Peñalva, que a la luz del relato policial entiende que las afirmaciones que contiene el informe resultan de una indudable utilidad para confirmar la indebida interferencia del gobierno provincial en la investigación judicial del suceso.
Según los familiares de la joven Luján Peñalva, resulta poco menos que inexplicable que el hallazgo de los cuerpos se haya producido en torno a las 19.20 horas, como se consigna en el informe policial, y que el entonces Ministro de Seguridad del gobierno provincial de Salta, Eduardo Sylvester, se hiciera presente en el mismo lugar del hallazgo tan solo 15 minutos después, como se afirma en el mismo informe.
En efecto, según los policías del destacamento de San Carlos, tras el hallazgo se procedió a dar aviso «a la superioridad» y por su intermedio al entonces Juez de Instrucción Formal de 2ª Nominación de la ciudad de Salta, señor Pablo Farah.
Pero mientras Farah se hizo presente en el lugar no antes de las 20.35, según el informe, el ministro Sylvester, en compañía del entonces Jefe de Policía, comisario Regino Celestino Montero, llegó una hora antes (a las 19.35), sin que nadie sepa qué cosa hicieron desde que llegaron y hasta el momento en que el juez Farah tomó las riendas del asunto.
De hecho, comentan los familiares de Luján Peñalva, ni Sylvester ni el comisario Montero (fallecido solo cinco meses después del hecho), declararon en el sumario judicial, cuando por su rango y por su intervención en la escena del hallazgo debieron ser interrogados por el juez instructor incluso antes que los policías que rastrillaron la zona.
Sin rodeos, los Peñalva afirman que la «inusitada velocidad» con que Sylvester se hizo presente en el lugar es indicativa de que todo estaba armado de antemano y que el hallazgo de los cuerpos por los policías del destacamento de San Carlos fue un mero trámite para poner en marcha una operación mediática que tan solo tres horas después concluiría con una -en apariencia- precipitada rueda de prensa en la que el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, iba a afirmar con un elevado grado de certeza que las jóvenes buscadas se habían puesto de acuerdo para suicidarse.
«No es materialmente posible que Sylvester haya llegado al lugar en solo 15 minutos. Desde el centro de Salta y yendo en auto se tarda al menos media hora. Así como tampoco es posible que media hora después de que se encontraran los cuerpos el lugar estuviese lleno de gente. A menos, claro está, que la gente que allí se congregó ya supiera de antes dónde y cuándo iban a ser hallados los cuerpos», dice Marisa Peñalva.
El hecho de que un ministro del gobierno y el jefe de la Policía se constituyeran en el lugar una hora antes que el Juez de Instrucción, dice mucho acerca de la posibilidad de que cualquiera de los dos haya ordenado medidas que podrían haber ido mucho más allá de la mera preservación de la escena del hallazgo, lo cual es más posible aún si se tiene en cuenta que la presencia de ninguno de los dos era imprescindible o necesaria para la adopción de los primeros recaudos antes de la llegada del juez.
«Creemos estar ante la confirmación de una manipulación interesada de la investigación y de una clara injerencia del gobierno en terrenos que le están vedados. Pensamos que la justicia ha actuado presionada o influida por la presencia de altos funcionarios del gobierno. La propia declaración de Urtubey, a solo tres horas del hallazgo, pone de manifiesto un cuanto menos sorprendente interés gubernamental por cerrar rápidamente el caso en base a hipótesis no contrastadas y condicionar así la libre actuación de la justicia», dice otro portavoz de la familia.
LAS HUELLAS DE UNA ZAPATILLA Y LA SANGRE DE LUJÁN PEÑALVA
El grado de convicción alcanzado por los Peñalva les ha impulsado a pedir a la jueza Mónica Alejandra Mukdsi que agote los recursos a su alcance para investigar a fondo los puntos oscuros de un suceso del que cada vez se conocen más elementos de gran importancia que en su momento no fueron tenidos en cuenta por la instrucción judicial.
Las hipótesis que baraja la familia de una de las fallecidas son variadas pero casi todas ellas conducen a un solo sujeto que hace las veces de hilo conductor de las diferentes pistas: el gobierno de Urtubey.
La familia ha vuelto a poner en duda la profesionalidad y la independencia del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta y ha llegado a decir que algunas de sus actuaciones podrían estar teñidas incluso de mala fe. En la más suave de las críticas se alude a la bisoñez y precariedad técnica del propio CIF, que prácticamente se estrenó con el caso Peñalva-Nuesch, y en las más duras se habla de prevaricación y de manipulación de elementos de convicción.
Un estudio pericial encargado por la familia Peñalva a expertos forenses de la policía científica de Tierra del Fuego desmiente rotundamente las conclusiones del CIF salteño en torno a la huella de unas zapatillas (presuntamente de marca 47 Street) que calzaba Yanina Nuesch. Según los forenses fueguinos, la huella que aparece en la instrucción es de una zapatilla marca Jaguar, que no usaban ninguna de las dos fallecidas. A juicio de la familia, este error del CIF revela que en el lugar había pisadas de terceras personas que jamás fueron investigadas.
Algo parecido sucede con la sangre hallada en el cuerpo de Luján Peñalva, cuyo exacto origen no fue objeto de investigación, a pesar de la insistencia de la familia en que el fluido no pudo haber tenido una trayectoria ascendente por la posición vertical de los cuerpos cuando fueron hallados semisuspendidos y atados a un árbol con una soga.
Para los Peñalva está más que claro que las inconsistencias de la instrucción que condujeron a su día al archivo de las actuaciones bajo la carátula de doble suicidio son tan cuantiosas y tan importantes que no solo desmienten la versión oficial de las muertes, sino que confirman un elevado nivel de manipulación de los elementos de la causa con la intención de obstaculizar el hallazgo de la verdad.
La reapertura de las actuaciones judiciales ha encendido una luz de esperanza para una familia que se muestra cada vez más decidida a no dejarse impresionar por las demostraciones de poder de los que pretenden oscurecer la verdad y construir blindajes de impunidad. Los Peñalva buscan, como es natural, el esclarecimiento de un caso concreto, pero su intención va mucho más allá: aspiran a que su esfuerzo sirva para reforzar la cada vez más deteriorada confianza de los ciudadanos en los mecanismos de la justicia y para que otras familias no tengan que pagar con la vida de sus hijos las inconsistencias de un sistema que protege a los poderosos a costa de abandonar a los más débiles a su suerte.
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