Se complica la subsistencia de comunidades en territorios reconocidos
27/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Derogada la emergencia territorial, la carpeta técnica y el reconocimiento del INAI solo les serviría como prueba de su “vínculo con el territorio”. Algunos pobladores indígenas fueron encausados por “robo de madera”
Comunidades indígenas que habitan el paraje Corralito, en la jurisdicción del municipio de Ballivián (en el departamento San Martín), comenzaron a sufrir más complicaciones para su subsistencia tras la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160.
Los referentes estuvieron la semana pasada en la ciudad de Salta para reclamar al gobierno provincial que intervenga en reconocimiento de sus tierras. Hace tres meses dos de sus integrantes quedaran detenidos por entre cuatro y cinco días acusados por robo de madera.
Así lo indicó Ángel Amancio, uno de los referentes de las comunidades del pueblo Wichí que habitan una zona que terminó rodeada de desmontes, alambres y caminos vecinales cerrados. Se suma al panorama la intransitabilidad de los caminos en épocas de lluvias, dado que los canales de las fincas confluyen en estas vías de comunicación.
“Cuando uno viene y quiere sacar algo para la subsistencia de la familia viene un finquero y te hace la denuncia”, contó Amancio, quien protestó por el desigual tratamiento de la administración de justicia respecto de estas actividades. En efecto, junto a Amancio, referentes de distintas comunidades wichí como Laguna Cuchuy, Quebracho, San José, Chaguaral y El Chorrito, manifestaron que cuando la misma actividad es realizada por finqueros o campesinos criollos, no tiene consecuencias.
“Cada vez que quisimos hacer las denuncias nos dicen que la carpeta técnica (del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que reconoce la ocupación ancestral del territorio que habitan) es un papel sin validez”, contó Sergio Tejerina, otro referente de las comunidades que decidieron viajar a Salta la semana pasada para encontrar alguna explicación.
“Los criollos desmontan, hacen el desbajerado, sacan maderas para su ganadería sobre estas tierras que están delimitadas”, dijo al explicar el malestar de estas poblaciones indígenas que terminan sin medios de subsistencia en sus propios territorios.
Reconocidos, pero no propios
Ariel Sánchez, subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades, que depende de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta, entendió que los planteos de los referentes no son por “conflictos territoriales, sino problemas de los recursos”.
Señaló que uno de los ingresos de las comunidades es la venta de madera. El inconveniente es que al no tener el territorio oficialmente otorgado, tampoco pueden tramitar las guías que les permiten extraer la madera para la venta. “Entonces cuando sacan madera lo hacen en fincas que están cerca” y por eso terminan con denuncias, afirmó.
La explicación que reciben las comunidades indígenas que cuentan con la carpeta técnica entregada por el INAI es que “tienen el relevamiento (territorial), pero eso no les da el título”.
Si bien la emergencia territorial declarada por la Ley 26.160 les permitió evitar desalojos, no pueden acceder legalmente a los recursos como la madera.
En Salta al menos 350 comunidades tienen el relevamiento, dijo Sánchez, quien sostuvo que derogada la Ley 26.160 y con ella, la emergencia territorial, la carpeta técnica ahora solo sirve para que en un eventual juicio de desalojo se puedan “dar cuenta de su historia y permanencia en el territorio, y su vínculo con la tierra”.
La provincia avanzó con un convenio, firmado entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, para llevar a cabo los relevamientos que quedaron sin realizar. El objetivo es hacer una “verificación de las comunidades en riesgo o peligro” de desalojo a raíz de la derogación de la emergencia territorial.
Según la explicación de Sánchez, esto implicaría contar con informes que harán “un abogado y un georreferenciador” para que las comunidades puedan defenderse en caso de recibir demandas de desalojo y hacer valer sus derechos.
El funcionario añadió que no superan la docena las comunidades con conflictos territoriales judicializados que tampoco llegaron a ser relevadas. Estas serían ahora las beneficiadas por el convenio.
Mientras, con o sin conflicto territorial, los causas que se tramitan en los tribunales salteños complican de otro modo a comunidades como Corralito. Por caso, las dos personas que fueron detenidas y encausadas por robo de madera deben presentarse cada viernes en la comisaría más cercana para que se verifique que siguen en sus casas. “Y hay rumores de que los quieren llevar a juicio”, dijo Ángel Amancio.
Fuente de la Información: Página 12
