El Gobierno planea destituir media docena de jueces mediante juicio político

13/02/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

Avanza un plan de renovación de magistrado. Freiler y Refecas, en la mira. El macrismo buscará cubrir 70 vacantes.

El gobierno de Mauricio Macri diseñó un cronograma para depurar el Poder Judicial y destituir mediante juicio político en 2017 a media docena de jueces sospechosos de mal desempeño. De esta manera, busca dar señales de cambio institucional, una de las promesas de campaña de Cambiemos.

La otra parte del plan, que coordina el ministro de Justicia, Germán Garavano, es nombrar por lo menos 70 nuevos jueces para cubrir cargos vacantes, según publicó hoy La Nación.

Todo ello se gestionará en medio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre próximo. El miércoles pasado, el oficialismo logró aprobar 13 ternas para cubrir juzgados vacantes.

El propio Macri sigue de cerca el proceso y está al tanto del cronograma. Altas fuentes del Gobierno indicaron que, a fines de marzo, el oficialismo dará el primer paso cuando intente lograr la remoción de Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal.

Entre abril y agosto, Cambiemos se ocupará del juez federal Daniel Rafecas, y en el último cuatrimestre del año buscará consenso para destituir a Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; a Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y a Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. El propósito es elevar esos casos a juicio político.
Para lograr ese objetivo, el oficialismo necesita reunir el voto de al menos 9 de los 13 consejeros. Cambiemos podría conseguirlos en algunos casos, pero la estrategia del oficialismo podría complicarse en otros.

Dependerá de cada acusación. Cerca de Macri aseguran que Garavano y el jefe de asesores presidenciales, José Torello, trabajan con prudencia y en línea con los bloques de diputados y senadores de Cambiemos, representados en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover jueces.

"Hay varios jueces en la lista, pero iremos de a poco y según las evidencias y el consenso dentro del Consejo para pedir el juicio político", afirmó un funcionario cercano al Presidente.

El principal operador del macrismo en el Consejo es el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, que evalúa las denuncias y las eleva al plenario que luego define el juicio político mediante el jury.

Las recientes auditorías del Consejo de la Magistratura al desempeño de los jueces federales de Comodoro Py jugarán un papel clave. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que pidió esas auditorías, comenzará a analizar mañana sus resultados, que son públicos y abiertos a cualquier ciudadano, para avanzar en nuevos pedidos de juicio político.

Empero, desde mucho antes de esas auditorías, Freiler está acusado de enriquecimiento ilícito. Y Rafecas fue denunciado por mal desempeño, al igual que Ana María Figueroa, Hergott y Ferro.

Primer avance
Como primer paso en su ofensiva, el Gobierno logró desplazar el miércoles pasado a Juan Cubría, que era el administrador del Consejo de la Magistratura. Lo reemplazó por Agustín Cinto con una mayoría facilitada por Jorge Candis, consejero académico que le dio al oficialismo el noveno voto necesario de los 13 consejeros del cuerpo.

Ésta fue la mayor novedad en la relación de fuerzas en el Consejo. Cubría, hijo de la jueza federal María Servini de Cubría, tenía el apoyo del kirchnerismo.

"Este año queremos que asuman 70 nuevos jueces como mínimo. Va en serio", dijo un alto funcionario a LA NACION. El mismo miércoles, el Consejo aprobó 13 ternas de jueces para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, en la de Tucumán y en la de Mendoza. El voto de Candis fue la clave para obtener la mayoría de dos tercios en el Consejo.

La Casa Rosada comenzó la depuración judicial el año pasado. Ante la amenaza de seguras destituciones mediante juicio político, renunciaron varios magistrados: el ex juez federal de la Capital Norberto Oyarbide, el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata Carlos Rozanski, el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlín, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso (luego detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico) y el ex camarista federal de Bahía Blanca Néstor Montizenti.

El Gobierno descuenta que podrá lograr los dos tercios de los votos en el Consejo de la Magistratura para activar el juicio político en algunos casos, pero contempla la posibilidad de enfrentar complicaciones para alcanzar el número necesario en otros. Los votos incondicionales de la Casa Rosada son los de los diputados Tonelli, Gustavo Valdez, el senador Ángel Rozas y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. Cuatro votos con los que puede contar.

Además, cuenta como aliados a la presidenta del Consejo, Adriana Donato, y al vicepresidente, Miguel Piedecasas. Dos votos más. Y también los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes suelen coincidir con el oficialismo. Aunque estos últimos dos votos podrían cambiar según quiénes sean los jueces acusados.

A esos posibles 8 votos a favor de la estrategia de la Casa Rosada se sumó el reciente de Candis, lo cual abrió una perspectiva optimista para el Gobierno. Sabe que nunca podrá contar con el apoyo de los consejeros kirchneristas, Virginia García, Ruperto Godoy, Rodolfo Tailhade y Gabriela Vázquez.

Fuente: Medios nacionales