Violento intento de desalojo a comunidad indígena en Tilcara
23/04/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El operativo se suspendió por 48 horas por intervención de la Justicia Federal, ya que el territorio es patrimonio de la humanidad. La comunidad Cueva del Inca viene hace años defendiendo su territorio.
Por Mariana Mamaní
La Policía de la provincia de Jujuy reprimió y golpeó a integrantes de la comunidad Cueva del Inca, en la localidad de Tilcara. Más de 200 efectivos, incluidos miembros de la Infantería, ingresaron ayer a la comunidad e intentaron desalojar a tres familias. Destrozaron una vivienda y demoraron a dos hombres, Walter Condori y Sebastián Copello, quienes luego recuperaron la libertad.
Javier Mamani, integrante de la comunidad, recibió la notificación de desalojo, que debía concretarse ayer. La medida fue dispuesta en el marco de una causa judicial iniciada por los titulares de la hostería Canto del Viento, que figura como de propiedad de Gustavo Vázquez, aunque rumores señalan que un político es el dueño del establecimiento hotelero.
La comunidad Cueva del Inca cuenta con personería jurídica. Su territorio fue relevado de acuerdo a las previsiones de la ley 26.160 y recibió la carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce su ocupación ancestral desde 2014. Aun así, la jueza Lis Valdecantos Bernal ordenó el desalojo. Esta es la misma magistrada que en octubre de 2024 ordenó el desalojo en la comunidad de Guerrero de la Finca Quevedo.
En cumplimiento de esta orden, el juez de Paz de Tilcara, Pedro Apaza, intimó a la comunidad a retirarse del territorio comunitario. A las 9.30 dio a las familias 30 minutos para que se retiraran de sus viviendas. El funcionario fue denunciado ante la fiscalía federal por violencia institucional y por dañar el patrimonio arqueológico de la comunidad.
(Captura de video)
La comunidad recibió acompañamiento y solidaridad de otras comunidades ante el inminente desalojo en la Quebrada de Sarahuaico, Villa Florida, donde se ubica Cueva del Inca. Allí resistieron exhibiendo carteles con leyendas “no al desalojo”, cantando y haciendo ondear banderas whipalas.
La represión se inició cerca las 11 de la mañana. Pero pasadas las 14, las fuerzas policiales se retiraron, tras el ingreso de efectivos de Gendarmería Nacional para proteger a la comunidad, por orden de la Justicia Federal, que tomó esta decisión en respuesta a una denuncia realizada por las abogadas Silvana Llanés y Alejandra Cejas, que representan a la comunidad Cueva del Inca.
La comunidad se encuentra en una zona de emprendimientos hoteleros y desde hace años viene soportando el hostigamiento de empresarios que disputan este territorio aduciendo que compraron a los terratenientes en 1917, pero la comunidad es pre existente.
“La comunidad tiene personería jurídica y carpeta técnica, o sea que tiene delimitado su territorio, acá están desalojando a don Javier Mamani, pero en el RETECI (relevamiento territorial de comunidades indígenas) no hay títulos individuales, hay títulos comunitarios. Está resguardado por la ley, o sea los territorios comunitarios son inembargables, intransferibles, no están sujetos a comercio. Por lo tanto la policía se metió en territorio comunitario”, explicó la abogada Silvana Llanés.
La orden de desalojo estaba dirigida a Mamani aunque las fuerzas policiales fueron contra la comunidad. “Ahí hay patrimonio arqueológico porque esa quebrada es patrimonio cultural de la humanidad y a 300 metros hay andenes de cultivos ancestrales. La policía se metió y ahora le pesa una infracción a la ley de patrimonio y avasallamiento a los derechos de la comunidad conforme al artículo 75 inciso 17 (de la Constitución Nacional). La denuncia en la justicia federal también abarca al municipio de Tilcara porque ellos tienen que verificar e involucraron al juez de Paz”, relató la letrada.
Además, contó que “el municipio ofreció dos casas a la comunera. Si están tan tranquilos por qué hacen eso”, razonó.
Miriam Alfaro (Captura de video)
La represión "fue brutal" contó por su parte la presidenta de la comunidad, Miriam Alfaro. "Han destruido la casa de un integrante de la comunidad. Estamos indignados, molestos por el despliegue de las fuerzas policiales, ambulancias, bomberos, para ejecutar esta orden ilegal de desalojo. Seguimos en el lugar, haciendo resistencia y viendo cómo seguiremos”, dijo. En la comunidad la mayoría son mujeresr.
Walter Méndez ,integrante de la comunidad, comentó que el conflicto es de hace año. "El juzgado no hizo lugar a las presentaciones de la comunidad como parte del territorio relevado por RETECI y lo toma como conflicto particular y no hacen valer el derecho de la comunidad para proteger el territorio”, sostuvo.
En el lugar estuvo la diputada Natalia Morales (PTS-FITU), acompañando a la comunidad indígena. “Denuncio la represión y desalojo en favor de capitales hoteleros. Responsabilizo a la jueza Valdecantos Bernal del maltrato que sufrieron los y las comuneras”, afirmó.
Medios de comunicación alternativos que cubrieron el desalojo tuvieron dificultad para transmitir por el uso de inhibidores, táctica que utiliza el gobierno de Carlos Sadir para obstaculizar el trabajo de la prensa.
Repudios y solidaridad con la comunidad
Las organizaciones de derechos humanos de Jujuy expresaron su “enérgico repudio al violento operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en la localidad de Tilcara, donde se reprimió a integrantes de la comunidad Cueva del Inca y a personas que se encontraban acompañando y ejerciendo el legítimo derecho a la protesta en defensa del territorio ancestral frente al avance de negociados inmobiliarios”.
Así también recuerdaron que el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que afecten sus territorios, y a ser consultados de manera previa, libre e informada. “Hacemos responsable al gobierno provincial por este accionar violento e incompatible con un Estado de Derecho", afirmaron los organismos. En ese momento, en el que todavía los dos comuneros continuaban demorados, exigieron su "inmediata liberación", así como "el cese de la criminalización de la protesta social, y el respeto pleno a los derechos territoriales y culturales de las comunidades originarias". "La defensa de los derechos humanos no puede ser una consigna vacía ni una declaración protocolar: debe traducirse en políticas públicas concretas que respeten la diversidad, el territorio, la dignidad y la libre expresión de los pueblos”, señalaron.
También la Fundación Un Mundo Mejor es Posible (UMMEP) y la Organización Juanita Moro repudiaron el desalojo y la represión a la comunidad Cueva del Inca.
Fuente de la Información: Página 12
