UNSa: el exrector contraataca y judicializa el conflicto en medio del ajuste universitario
29/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El exrector Daniel Hoyos rechazó las acusaciones de la gestión de Miguel Nina, habló de “difamación” y confirmó su presentación ante la Justicia Federal.
El exrector Daniel Hoyos rechazó las acusaciones de la gestión de Miguel Nina, habló de “difamación” y confirmó su presentación ante la Justicia Federal. La conducción actual del Rectorado sostiene que hubo irregularidades por más de $634 millones, pero no la denuncia formal.
El exrector de la Universidad Nacional de Salta, Daniel Hoyos, rechazó las acusaciones de desvío de fondos formuladas por la actual gestión universitaria, denunció un intento de “difamación” y confirmó que se presentó ante la Justicia Federal pidiiendo que se investiguen los hechos. La respuesta vino después de que el Rectorado, encabezado por Miguel Nina, difundiera un informe en el que advierte posibles irregularidades en el manejo de más de $634 millones durante la administración anterior.
“Miente, miente que algo queda”, expresó Hoyos. Con esa frase, abrió su descargo público, que también lleva la firma del exvicerrector Nicolás Innamorato. En el documento, las exautoridades rechazaron de plano cualquier desvío de recursos y cuestionaron la legalidad y el encuadre político de las acusaciones.
“No es verdad que hubo desvío de recursos hacia Fundaltes”, sostuvo el exrector, quien explicó que los aportes realizados por el Banco Patagonia estaban contemplados en los pliegos de licitación del servicio financiero de la universidad. Según indicó, esos instrumentos fueron elaborados bajo las normativas vigentes y contaron con dictamen de la Asesoría Jurídica.
Hoyos también negó que los fondos hayan tenido un destino distinto al previsto. “Las acciones financiadas fueron destinadas al mejoramiento de infraestructura, equipamiento informático, promoción de actividades académicas, científicas, sociales, deportivas y culturales”, afirmó al tiempo que aseguró que la documentación respaldatoria “obra en Fundaltes”. E insistió en que esta entidad tiene como objetivo el manejo de este tipo de fondos.
En ese marco, cuestionó la cifra difundida por la actual gestión. Según su versión, el monto original fue de $200 millones y no los más de $634 millones que hoy están bajo análisis. Detalló que esos recursos se aplicaron a iniciativas como la construcción de un parque solar, la compra de minibuses para estudiantes y la adquisición de computadoras para la biblioteca central y sedes.
Otro de los ejes de su defensa apuntó a la situación financiera heredada. Mientras el Rectorado actual habla de déficit, Hoyos aseguró que su gestión dejó más de $6.200 millones en cuentas bancarias y colocaciones financieras, además de fondos disponibles en la propia fundación. Y que son comprobables en los registros bancarios.
Lejos de limitarse al plano político, Hoyos confirmó que decidió avanzar en el terreno judicial. “Nos presentamos voluntariamente ante la Justicia Federal para que se investiguen los hechos”, sostuvo, y subrayó que, hasta el momento, no existe una denuncia formal impulsada por la actual conducción.
“Estamos a derecho porque no tenemos nada que esconder. Quien nada debe, nada teme”, remarcó. En paralelo, advirtió que iniciará acciones legales ante lo que considera una campaña de difamación que afecta tanto su trayectoria personal como el prestigio institucional de la universidad.
El exrector también cuestionó el ámbito en el que se presentó el informe oficial y señaló que, según el estatuto, debía convocarse a una Asamblea Universitaria para su tratamiento. Además, dijo que el actual rector “fue presidente de la Comisión de Hacienda” durante los 3 años de su gestión, “por lo que conocía los destinos de los fondos” que corresponden al aporte del Banco Patagonia.
Las acusaciones de la actual gestión
Desde la conducción encabezada por Miguel Martín Nina y la vicerrectora María Rita Martearena, el diagnóstico es opuesto. El Informe General Analítico de Gestión presentado ante el Consejo Superior sostiene que al menos $634 millones de fondos públicos habrían sido administrados fuera del circuito institucional a través de la fundación Fundaltes.
El caso se origina en un canon de $200 millones abonado por el Banco Patagonia como agente financiero de la universidad. Según la actual gestión, ese dinero no ingresó a las cuentas oficiales, sino que fue transferido a la fundación, donde luego se invirtió en instrumentos financieros.
En diálogo con el diario El Tribuno, el secretario general Alberto Mariscal aseguró que la irregularidad es central: “la primera observación es por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad”. A su entender, “sí hubo un desvío de fondos”.
Mientras que el secretario de Asuntos Jurídicos Daniel Mansilla agregó que si bien las universidades pueden crear fundaciones para captar recursos, en este caso “el inconveniente es que, en vez de buscar fondos externos, la fundación tomó fondos de la propia universidad”.
El informe también mencionó pagos por servicios no prestados, contrataciones sin procedimientos formales y adquisiciones registradas a nombre de la fundación pero utilizadas por la universidad. Todo esto ocurre en un contexto financiero complejo, ya que sostuvieron que la UNSa enfrenta un déficit superior a los $3.000 millones. Sin embargo, ni el rector Nina ni ningún otro funcionario de su gestión presentó una denuncia penal por las supuestas irregularidades.
El telón de fondo: el ajuste
Más allá del cruce de acusaciones, el conflicto en la Universidad Nacional de Salta se inscribe en un escenario más amplio: la crisis de todo el sistema universitario público. La falta de actualización presupuestaria, la caída del poder adquisitivo y la paralización de programas han colocado a las universidades en una situación crítica.
Hoyos lo expresó en su descargo al advertir que la exposición del conflicto ocurre en un momento en que todo el sistema universitario reclama por financiamiento. En tanto, la actual gestión sostiene que la revisión del manejo de fondos es indispensable para afrontar el escenario de déficit.
La UNSa atraviesa así una crisis que combina dimensiones administrativas, políticas y judiciales. De un lado, una gestión que denuncia irregularidades y evalúa acudir a la Justicia. Del otro, exautoridades que rechazan las acusaciones, contraatacan y ya se presentaron ante tribunales federales. En el medio, una universidad que ya se prepara para una nueva marcha federal, dispuesta para el 12 de mayo, en un contexto nacional que condiciona su funcionamiento.
Fuente de la Información: Página 12
