Una causa penal jaquea al sistema acusatorio en Comodoro Py y dos jueces caminan por la cuerda floja
05/05/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Declara un funcionario en el expediente abierto contra Cúneo Libarona. Gobierno afirma que tiene fondeo de Naciones Unidas por $ 4 mil millones. Fiscales federales preparan un nuevo reclamo por los recursos
Declara un funcionario en el expediente abierto contra Cúneo Libarona. Gobierno afirma que tiene fondeo de Naciones Unidas por $ 4 mil millones. Fiscales federales preparan un nuevo reclamo por los recursos. Bailaque y Poderti piden pista en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py es una olla a presión que está levantando cada vez más temperatura. El 1 de abril, Ámbito reveló la existencia de una causa penal que involucra al Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona impulsada a instancias del polémico fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani.
Ese expediente por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario ofreció novedades en las últimas horas: antes del comienzo del fin de semana largo, el fiscal Carlos Stornelli -que tiene delegada la instrucción- citó a declaración testimonial al subsecretario de política criminal Alberto Nanzer para el próximo martes a las 10, en los tribunales federales.
Lo hizo luego de recibir la respuesta por escrito que dio el funcionario acerca de los fondos previstos para el desembarco del sistema acusatorio en Retiro. En sigilo, Stornelli cursó un pedido de información vía jefatura de Gabinete que dio toda la vuelta y derivó en esta citación, en la que deberá declarar bajo juramento de decir verdad. Stornelli reclamó que se informe sobre actos administrativos relacionados con la implementación del Código Procesal Penal Federal en distintas jurisdicciones del país; acciones de coordinación y puesta en marcha de nuevas estructuras; asignación de recursos y personal, además de readecuaciones edilicias; actividades del consejo asesor; distribución de juzgados de garantías; y, sobre todo, “se informe acerca de las partidas presupuestarias destinadas, o que se previeran destinar, a la implementación del nuevo sistema procesal a partir del dictado del DNU 188/2024”.
Fondos de Naciones Unidas
Nanzer contestó en 16 carillas el 25 de abril. Pero en lo sustancial, afirmó en este último punto que el Ministerio cuenta con $4.381.250.000 para “adquisición de equipamiento informático y mobiliario” para el acusatorio, aunque no hizo una digresión de qué estaría presupuestado para Capital Federal, de cara al próximo 11 de agosto. Lo que sí reveló es que se trata de un “refuerzo presupuestario” cuyo origen es el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese programa –el 16/022- está en ejecución desde 2017 y tenía como eje “promover los objetivos de Desarrollo Sostenible a través del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad”. En su momento, ese fondeo tenía por destino el fortalecimiento de los CAJ en el AMBA y la creación de un cuerpo de abogados especializados en violencia de género. Su foco estaba puesto en las condiciones en el centro de la Provincia de Buenos Aires. Evidentemente, ahora planean re direccionarlo. Relaciones Exteriores debió haber intervenido para comunicarlo a Naciones Unidas.
Pero lo que hizo saltar los tapones en Comodoro Py –en modo metafórico aunque podría ser literal- es la comparativa de montos. Por ejemplo, la licitación que lanzó el Poder Judicial para renovar el cableado eléctrico sólo de la planta baja del edificio de Retiro, insumirá poco más de $866 millones de acuerdo a la apertura de ofertas publicada en el Boletín Oficial. Esto representa –estableciendo una linealidad- casi un cuarto de la nueva asignación de fondos solamente en una obra para adecuar las condiciones edilicias y de deficiente conectividad. Vacantes, cuerpos periciales, salas de audiencias, nuevas estructuras organizativas e investigativas y demás requerimientos quedarían por fuera de cualquier previsión. Eso pone en alerta a los fiscales. Esta semana, según pudo saber Ámbito, varios fiscales de primera instancia tienen previsto elevar una carta al Procurador General Eduardo Casal en los mismos términos en los que ya se expresaron los tres fiscales de Casación, con Raúl Pleé a la cabeza. Se desbloquea un nivel en la queja porque son los funcionarios que deberían aplicar el acusatorio a partir del 11 de agosto. Si no está firmada por todos los fiscales federales de Comodoro Py, será por la mayoría, pero tendrá un impacto inédito que revelará el nivel de descontento general.
Una “Línea F” para la justicia
Un relevamiento informal da cuenta de que ni siquiera pueden instalar en las computadoras el software Cellbrite, que sirve para extraer los datos de los dispositivos móviles. Se precisan computadoras potenciadas por la cantidad de información que deben procesar. No es la principal falencia y, de hecho, es solucionable. Pero un diagnóstico de apuro que encaró la Procuración General apenas salió a la luz la fecha corrobora que en Retiro era una de las jurisdicciones menos preparadas para recibir el acusatorio, algo que la había relegado en el ranking de prioridad que tenía el cronograma inicial.
“Nadie quiere ser rata de experimentos”, se sinceró ante este diario un funcionario con años en el edificio que agregó que el desembarco se asemeja a “la Línea F para la justicia”, en alusión al imaginario proyecto de una nueva línea de subterráneos que fue anunciada como una obra futura que, por ahora, es una maqueta. “Fue un lanzamiento ´SIN´. Sin fondos y sin planificación”, lanzó otro de sus colegas, resumiendo las objeciones que pesan, no sobre el sistema, sino en el modo en el que el Gobierno decidió avanzar. En pleno feriado largo, la Asociación de Fiscales, AFFUN, dio a conocer un comunicado anticipatorio de lo que pasará esta semana: buscaron hacer causa común con Casal y exhortaron a las autoridades a “replantear sus posicionamientos” en cuanto al presupuesto. Dejaron traslucir que el Procurador convoque a una reunión general de fiscales para mostrar músculo ante el reclamo por los fondos.
¿Mudanza a la Casa de la Moneda?
De regreso a la resolución oficial, en el resto de los puntos de consulta, Nanzer fue bastante genérico y en el apartado de diagnóstico de las jurisdicciones no constó que se haya realizado en Capital Federal, que es la más próxima a implementarlo. Detalló la creación de “redes interinstitucionales”, “mesas de diálogo”, “capacitaciones”, mejoras edilicias “con tecnología de punta” y un plan de contingencia, en lugares donde se hallaron problemas. “Las acciones del Ministerio concernientes a las refacciones y adecuaciones edilicias incluyeron gestiones ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el objetivo de proceder a la relocalización de dependencias judiciales que requieren un nuevo edificio para funcionar de manera pertinente; la búsqueda de inmuebles en alquiler aptos para albergar unidades fiscales o mudar oficinas que no pueden seguir funcionando donde lo están haciendo”, indicó el funcionario. Esto tiene un punto de contacto en Comodoro Py: llegó a los fiscales la versión de boca del propio Cúneo Libarona sobre la chance de ser mudados de edificio para recalar en La Casa de la Moneda. “Ya puse la seña”, adelantó el ministro. Había dicho algo similar cuando el nuevo Código iba a debutar en Mendoza con la adquisición del edificio de YPF en esa provincia para que se asienten los fiscales. Nunca ocurrió.
Nanzer dio cuenta –en el marco de la causa penal- que se dotó de equipos UFEDs a la Procuración General, se desarrollaron capacitaciones constantes y simulacros de litigación y las “inmersiones” (para quienes no están familiarizados con el sistema), paneles diversos, instalación “llave en mano” de equipamiento tecnológico y de audio “de última generación” para 30 salas de audiencia y la compra de 35 computadoras, a dividir entre fiscales y defensores públicos. Todo destinado a Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
Consultados por Ámbito, fuentes del Ejecutivo aseguraron que el Tesoro ya “casi” cuenta con todos los fondos, fruto de ahorros de gastos del Ministerio de Justicia y que el oficio que respondió Nanzer no contabiliza el dinero previsto para el año próximo, cuando se prevé un refuerzo respecto a las jurisdicciones donde se puso en marcha para detectar faltantes. Se cuestionó el conato de rebelión de los fiscales y confirmaron que la decisión política es avanzar con el acusatorio en la fecha prevista, aunque dejaron abierta la puerta en caso de un imponderable.
Cúneo Libarona enfrenta una imputación por el artículo 248, en la interpretación de que como funcionario debió asegurar los medios para el fin que se dispuso. Algo inverso a la causa que avanzó contra la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por los alimentos para los comedores. Allí disponía de los medios y no los aplicaba al fin. En el camino, toda una gama de posibles desenlaces al estilo Comodoro Py.
Los TOF y el Congreso se agitan
El super martes de acción tendrá otra estación cuando, al mediodía, se reúnan jueces de los Tribunales Orales Federales que, tal como informó Ámbito, buscan reclamar ante la Cámara de Casación por las implicancias del nuevo Código respecto a ellos: pasar a depender de la Cámara Federal y quedar homologando acuerdos por penas alternativas cerrados desde instrucción. Nuevos reclamos por las vacantes que los obligan a cubrir otras jurisdicciones integran el menú de planteos que escuchará el presidente Daniel Petrone.
Por lo bajo comienza otro murmullo: el Congreso comienza a darse cuenta de que el Ejecutivo le arrebató la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal con un decretazo para ponerlo bajo la órbita del Ministerio de Justicia. En algunos despachos legislativos comenzaron a estudiar si no le quedó al Senado alguna facultad residual y si, eventualmente, no fue un decreto que incidió en una materia penal, algo expresamente vedado. Tanto allí como en Retiro comienzan a leer un fin electoral en la agenda del acusatorio, aunque se interrogan acerca del rédito que podría ofrecer meter la motosierra en el fuero más político del Poder Judicial.
Bailaque y Poderti piden pista en el Consejo
Un día antes del feriado del 1 de mayo, la justicia federal de Santa Fe dejó en la cuerda floja al juez Marcelo Bailaque, quien en tres legajos distintos fue acusado de diversos ilícitos en el ejercicio de su cargo, recibió prisión preventiva y fue embargado en sus bienes por $1500 millones. Literalmente, diez minutos después de que el magistrado Eduardo Rodrigues Da Cruz diera cuenta de su decisión, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura recibió el escrito del magistrado y los videos de las audiencias sobre las que se apoyó. Se empezó a balizar el camino para que sea convocado por el artículo 20 del reglamento, antesala de lo que sería un eventual juicio político que lo destituya. Hoy ese es el único impedimento para que el juez federal quede detenido. La Comisión va a activar el asunto con velocidad, según pudo saber Ámbito. Las tres próximas semanas serán clave para definir su futuro.
Si alguien puede adelantársele, será el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Martín Poderti procesado por el robo de 144 monedas de oro que habían sido secuestradas en el marco de una causa narco, en la que el acusado resultó absuelto. Cuando se las debió reintegrar, descubrieron que cuando era secretario Poderti ingresó 19 veces al banco donde estaba la caja de seguridad del juzgado, en algunas oportunidades, estando de licencia. Esta semana se prepara su convocatoria por el artículo 20, un equivalente a una declaración indagatoria. Su suerte parece sellada también.
Ambos expedientes disciplinarios tienen como denominador común una señal que emana del estamento de los jueces –de todas las instancias- en el seno del Consejo y busca dar un mensaje de auto depuración con algunos casos concretos. Bailaque fue acusado por un batallón de fiscales por diversos delitos por su actuación y omisión en causas contra el narco Esteban Lindor Alvarado pero también por extorsión. Para algunos es la exaltación misma del sistema acusatorio que permitió que Da Cruz, un juez de tribunal oral, tomara una decisión de alto impacto sobre uno de los magistrados más poderosos de la provincia. Pero hay otros elementos que podrían ser más escandalosos a lo ya descubierto: existen 5 teléfonos secuestrados en el marco de la causa que todavía no fueron abiertos. Dos corresponden al empresario del juego Fernando Whpei, dos del ex AFIP Carlos Vaudagna (que actuó como arrepentido y puso en cabeza de Bailaque toda la organización criminal) y uno que corresponde al todavía juez federal, secuestrado en noviembre pasado. De esos teléfonos pueden surgir más pruebas y ramificaciones que alimenten las causas penales en curso y abran una Caja de Pandora. Por lo pronto, el Consejo en las próximas tres semanas avanzará a todo vapor.
Fuente de la Información: Ambito
