Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó la liberación de Lula y abrió otra batalla judicial

19/12/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

El magistrado Marco Aurelio Mello ordenó la libertad de todos los presos sin sentencia definitiva.

El ex presidente brasileño Inacio Lula da Silva podría salir de prisión luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, ordenara liberar a todos los presos que no tuvieran sentencia firme. Conocida la decisión de Aurelio, la defensa de Lula se presentó de inmediato ante la Justicia de Curitiba y pidió la liberación del ex presidente.

"Se torna imperioso el cumplimiento de la decisión emanada de la Suprema Corte", reclamaron los abogados del ex presidente. La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia y la defensa apeló la decisión, que aún no ha sido resuelta. De ahí que el juez Mello considerara que había elementos jurídicos para ordenar su liberación, que en caso de concretarse se produciría a días que Jair Bolsonaro asuma la presidencia. Cuesta imaginar un golpe político más fuerte para el ex militar, que hizo de la demonización de Lula el eje central de su campaña.

Como sucedió en ocasiones anteriores, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, anuló la medida de Mello y por ahora el ex presidente permanecerá detenido.

Lula fue condenado por haber supuestamente aceptado un triplex en la zona de Guarujá como soborno de un empresario contratista de obra pública. Sin embargo, el juez Sergio Moro -nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro- nunca pudo probar esa propiedad.

 La decisión puede ser refrendada o rechazada por el plenario del STF, que volverá a reunirse a principios del año que viene tras el receso navideño. 

"Acabamos de solicitar la orden de liberación de Lula", escribió en su cuenta de twitter la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el exmandatario.  

La decisión del juez Mello se apoya en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.

 En su decisión, el magistrado estableció como única excepción los casos de las personas que están en prisión preventiva, regulada por otro artículo y dictada cuando es necesario dar "garantías para el orden público, económico o conveniencia" del proceso judicial.

La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inicia un receso hasta el próximo mes de febrero.

Esta misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Dias Tóffoli, había anunciado que una vez concluido el receso será discutida una decisión que el tribunal adoptó en 2016 y permitió la ejecución de una pena a prisión después de que fuera confirmada la sentencia en segunda instancia.

Entre sus argumentos para aceptar la cautelar, Mello indicó que "la ejecución provisional de la pena produce como efecto colateral el agravamiento de la selectividad en el sistema penitenciario", que se caracteriza por el elevado grado de hacinamiento.

Según el magistrado, "el cuadro de delincuencias de todo orden, de escándalos en el campo administrativo, que relevó una corrupción inimaginable, apenas conduce a la marcha procesal segura, observando los dictámenes constitucionales y legales".

Añade que "bajo la óptica del peligro de la demora, debe tenerse presente la prisión o efectivo recogimiento, antes de la reclusión mayor de la sentencia condenatoria definitiva".

Mello sostiene además que "no apenas los condenados en segunda instancia por corrupción o crímenes denominados de 'cuello blanco'" están en prisión por haber sido hallados culpables en la segunda instancia, sino también "miles de ciudadanos acusados" de cometer otros delitos. "Si esa temática no es urgente, desconozco otra que lo sea", concluye la decisión dictada por el magistrado.  

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