Un fiscal analiza el decreto que abre el blanqueo para familiares de funcionarios
05/12/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Gerardo Pollicita recibió una denuncia sobre el tema y deberá decidir si impulsa la investigación
Hoy comienza la última semana del primer año de su gobierno y Mauricio Macri tendrá que mirar los tribunales de Comodoro Py porque su nombre circulará en los próximos días en varias carátulas. Dos fiscales federales deberán decidir si imputan y abren investigaciones penales contra el Presidente de la Nación y funcionarios de su gabinete por tres denuncias.
Se trata de acusaciones por el dictado del decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales, por la firma de en acuerdo con Quatar y por el precio artificial del dólar en base a la causa del dólar futuro en la que está procesada la ex presidente Cristina Kirchner, informaron a Infobae fuentes judiciales.
Las denuncias ya están en los tribunales y el primer paso con cada una es que el fiscal decida si requiere iniciar formalmente una investigación o si la desestima porque entiende que no hay delito. Una postura intermedia es pedir medidas de prueba previas a tomar esa determinación.
Gerardo Pollicita y Paloma Ochoa son los fiscales que tienen que intervenir en esas causas. El Código Procesal Penal les da a los fiscales 24 horas para decidir si abren o no la causa, pero en la práctica el plazo suele ser mayor.
Si los fiscales deciden imputar a Macri, las causas se sumarán a otra que tiene el Presidente desde el comienzo de su gestión, la de los "Panamá Papers" por su participación en una sociedad offshore que no declaró.
Diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV), entre ellos Héctor Recalde, María Teresa García, Rodolfo Tailhade, denunciaron a Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, por la firma del decreto 1206/2016 que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.
Los legisladores entendieron que se cometió el delito de abuso de autoridad porque el decreto contradice la ley 27.260 de blanqueo que fue aprobada en julio por el Congreso Nacional y que expresamente prohibía que familiares de funcionarios puedan hacer uso de esa norma, en violación a las que la Constitución Nacional le marca al Poder Ejecutivo.
"La modificación sorpresiva de una reglamentación dictada con solo cuatro meses de antelación, permite sospechar sobre la verdadera intencionalidad del P.E.N., que podría tener como finalidad favorecer a familiares de funcionarios del gobierno actual que provienen de la gestión privada y que en muchos casos están siendo investigados por evasión mediante la creación de empresas offshore en paraísos fiscales", sostiene la denuncia.
Por sorteo, el caso recayó en el juez federal Sebastián Ramos, quien se la envió a Pollicita para que resuelva si abre la investigación. Las otras dos denuncias le tocaron al juez Daniel Rafecas y a la fiscal Ochoa.
Los mismos diputadores del FpV denunciaron a Macri, a Prat-Gay y al titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, por administración infiel en perjuicio del estado argentino por haber mantenido de manera artificial el precio del dólar mediante la emisión de deuda externa y de Lebac.
Los legisladores señalaron que se trata del mismo caso por el que la ex presidente Kirchner fue procesada en la causa del dólar futuro. El razonamiento de los diputados fue que si un caso es delito, el otro también.
"Según aquel precedente, la determinación de un tipo de cambio que no responde al valor `real´ del dólar estadounidense que fijaba el mercado, y sobre esa "ficción" operar en los mercados financieros y cambiarios, se corresponde en términos penales con una infidelidad defraudatoria", sostuvieron los diputados. La fiscal Ochoa ya tiene ese expediente para decidir si abre una causa.
La tercera denuncia es por el memorando que el mes pasado firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti en Qatar. Se trata de un acuerdo entre el Fondo Qatarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para inversiones en nuestro país por 1.300 millones de dólares.
En base a una nota publicada en Perfil.com, el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, denunció que el acuerdo incluía el uso de sociedades offshore y la participación de un gerente extranjero.
Junto con Macri y Michetti también fueron denunciados por varios delitos otros funcionarios del gobierno argentino, de Qatar y el ex tenista Gastón Gaudio, amigo del emir Tamin bin Hamad Al Thani y que actuó de intermediario entre ambos países.
El juez Rafecas citó a Miguez para esta semana para ratificar la denuncia y luego le enviará la causa a la fiscal Ochoa para que decida si avanza con una imputación.
Fuente: La Nación
