Un desalojo quedó en stand by en el Norte
20/11/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El congelamiento de un procedimiento policiaco para erradicar de cuajo un asentamiento en el norte provincial se detuvo, a la espera de una mediación. La orden la dio el Fiscal a cargo de la causa. Y tal disposición se adoptó tomando como parámetro un
El efecto estremecedor que tuvo el operativo policial en el asentamiento Los Pinos impulsó a que la Procuración General de la Provincia recomiende soluciones intermedias y pacíficas para el abordaje de desalojos. Fue así que en esta dirección, el Fiscal penal tartagalense, Rafael Medina, suspendió la inminente orden contra la comunidad Yokwespehen, hasta tanto se realice una mediación entre las partes.
Esta instancia se activó a raíz del consejo del titular del Ministerio Público Fiscal, Abel Cornejo, en relación a convertir en predilección en cuanto a línea de conducta por vías de diálogo, antes que otros cursos de acción que tiendan a interferir con la armonía social. Esta vía intermedia fue adoptada como recomendación, por parte del titular del MPF, luego de quedar azorado con el relieve y la dimensión del operativo policíaco que el martes último se dio en el desalojo del asentamiento Los Pinos, en San Lorenzo (Ver Link en la parte inferior de este artículo).
Cerca de Cornejo lamentaron que se haya prescindido en este caso de las “instancias previas de acercamiento con los distintos poderes del Estado”, las que “podrían haber evitado mayor angustia a las familias afectadas”. En vistas de ello, emitió una recomendación en tal sentido que el fiscal tartagalense acogió como propia en el caso Yokwesepehen. Y puso los mecanismos de negociación pertinentes en marcha.
En tal contexto, Medina encomendó a la policía salteña constituirse en el lugar, efectuar una inspección ocular, hacer planimetrías, croquis, actas simples de individualización, láminas fotográficas y otras tareas, a través del personal de Criminalística. La causa en la que actúa esta Fiscalía se inició el 4 de noviembre pasado, a partir de las denuncias de dos particulares, quienes manifestaron ser los propietarios de las tierras que se extienden entre los kilómetros 18 y 22, sobre la ruta nacional 86. Las familias se encontrarían ubicadas entre los kilómetros 19 y 20 del mismo predio.
En cuanto al caso en particular, Cornejo delimitó competencias al recordar que las Fiscalías tienen autonomía y definen sus actuaciones a partir de los elementos que recogen en las investigaciones. Por lo cual, a modo de sugerencia como autoridad del Ministerio Público Fiscal, consideró aplicables los lineamientos que vienen rigiendo desde que asumió en el cargo, que permitan atenuar ante hechos de conflictividad social y propugnar el dialogo entre las partes.
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Fuente de la Información: Nota de Redacción
