Tras nuevas amenazas, denuncian que Sanz Navamuel sigue sin monitoreo electrónico
03/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
“Yo mismo te voy a cagar matando". Al recuperar la libertad el abogado volvió a acosar a su exesposa, al hijo y a la actual pareja de ella.
El abogado Matías Sanz Navamuel, denunciado reiteradas veces por violencia de género y amenazas ejercidas contra sus tres exparejas, fue liberado del arresto domiciliario mediante una resolución del juez Ignacio Colombo el 16 de junio último. Apenas se lo dejó sin este control una de las víctimas denunció que recibió una nota con nuevas amenazas.
“Yo mismo te voy a cagar matando. Denunciame, tengo todo y a todos a mi favor. Se te cagan de risa. Cuando yo quiero”, dice un fragmento de la nota que le dejaron a P. F. en el parabrisas del vehículo de su actual pareja.
El texto empieza con: “Siempre ‘libre’, perra... ¿y ahora? Si seguís denunciando, HDP, seguí. Soy tu sombra, yo y A. Castillo y Peñalba, te vamos a hacer mierda, te lo advertí. Ni te metas con lo mío. Cuidenmé, cuidate sola y a tu sordo y al boludo de tu aboga. Yo siempre gano, seguí denunciando que me sirve, estoy loco“.
En esta parte, las amenazas están dirigidas también al hijo de P. F, a quien Sanz Navamuel se refiere como ”tu sordo" y al abogado querellante que les asiste, Vidal Villalba Samaniego.
“Yo decido... yo manejo. Solo gano más tiempo”. “Cuidate, nada me detiene con plata”. "Ni un día te voy a dejar en paz“, agrega, entre otras expresiones e insultos, la nota que P. F. atribuye a Sanz Navamuel.
amenazas gentileza
P. F. y su pareja hicieron las respectivas denuncias por las últimas amenazas el 23 de junio último. Apenas el imputado recuperó la libertad comenzaron la nuevas intimidaciones. La mujer dijo que en otra oportunidad Sanz Navamuel también dejó otras amenazas directas a su actual pareja, también en su camioneta.
La mujer no solo reconoce la letra de su agresor, sino que esta nota es similar a cientas que le mandó antes y que ella viene denunciando desde 2020, luego de haber sufrido una agresión física que ella recuerda como un intento de femicidio y que la fiscalía interviniente en ese momento calificó como “lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género”.
En estos 6 años, esas amenazas y la violencia psicológica, también se han convertido en violencia de género institucional porque pese a las denuncias de P. F., las autoridades judiciales no han logrado darle respuestas efectivas. Éstas no solo requieren la implementación de medidas de protección y seguridad sino que puedan garantizarle una vida libre de violencias.
El juez de Garantías Ignacio Colombo resolvió en junio dejar sin efecto el arresto domiciliario que pesaba sobre el abogado Matías Sanz Navamuel y concederle la libertad bajo el cumplimiento de una serie de medidas de conducta. Entre ellas, mantuvo la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio y de los lugares frecuentados por P. F., la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y la obligación de continuar con tratamiento psiquiátrico.
Durante esa audiencia el magistrado indicó a la víctima y su abogado, que el acusado saldría con una tobillera electrónica. Sin embargo, según relató P. F, al consultar en el Sistema de Emergencias 911 le informaron que el oficio para colocarle el dispositivo todavía no había sido remitido.
A esa situación se sumó otro dato que, según dijo, incrementó su preocupación: efectivos policiales intentaron notificar de la nueva denuncia al abogado en el domicilio declarado, pero no lograron encontrarlo. “En el 911 me dijeron que todavía están esperando que llegue el oficio para colocarle la pulsera. Fueron a buscarlo y no lo encontraron. Hoy volví a llamar y tampoco. Está desaparecido desde el viernes”, sostuvo P. F.
La denunciante dijo que consideraba que Sanz Navamuel tenía la tobillera electrónica durante el arresto domiciliario y que esa medida no se retiraría, pero en estos días descubrió que no tiene tiene monitoreo electrónico. Y tampoco tiene ninguna consigna policial. Esto implica que no hay ninguna medida de seguridad impuesta al agresor.
“Yo soy la víctima; a él lo tienen que controlar”
Tras las nuevas denuncias, la jueza de Garantías Claudia Puertas ordenó el 26 de junio el ingreso de P. F. al programa Suma (Sistema Único de Monitoreo de Agresores) y a la App-911. En el mismo resolutorio también dispuso la implantación de una consigna fija en el domicilio de la víctima hasta su incorporación al programa Suma.
La denunciante rechazó esa medida y dejó constancia de su decisión mediante un acta de comparendo porque considera que la vigilancia debe recaer sobre el acusado y no sobre ella. “Yo soy la víctima. A él lo tienen que vigilar, no a mí. ¿Por qué me tienen que estar vigilando como si fuera una delincuente?”, cuestionó.
Recordó además que durante tres años convivió con custodia policial permanente, situación que, según afirmó, afectó su vida cotidiana y su actividad laboral. Además, consideró que el control policial para ella implica violencia psicológica.
P. F. explicó que el programa Suma le fue presentado como un sistema destinado a alertarla si el agresor se aproxima. Sin embargo, cuestionó la eficacia de la medida mientras el acusado no tenga colocada la tobillera electrónica. “¿Cómo me van a rastrear a mí si él no tiene la tobillera? En el 911 me dijeron que no está monitoreado”, afirmó.
También sostuvo que, mientras el acusado no puede ser localizado, es ella quien debe informar cada vez que cambia de domicilio o se traslada. “Si voy a la casa de mi hermana o de mi pareja tengo que avisar. Me siento presa de vuelta. No quiero consigna; quiero que controlen al victimario”, ratificó.
Según relató, incluso recibió la visita de efectivos policiales en su domicilio para verificar el cumplimiento de las medidas de protección mientras, asegura, el acusado seguía sin ser ubicado.
Para P. F., las decisiones adoptadas hasta el momento invierten el sentido de las medidas de protección. “Pareciera que les molesta que yo no tenga consigna porque así es más fácil tenerme vigilada. Yo soy la víctima; al que tienen que controlar es a él”, concluyó.
El abogado querellante Vidal Villalba Samaniego había señalado a Salta/12 que la causa penal está suspendida desde 2023 por la incapacidad sobreviniente del acusado, pero advirtió que esa suspensión no detiene los plazos de prescripción. Indicó que Sanz Navamuel acumula 14 imputaciones concretas, con pericias caligráficas que lo identifican como autor de las amenazas. Hay además otros hechos que no pudieron imputarse formalmente debido a la suspensión del proceso.
Frente a ese cuadro, el abogado fue enfático: “Yo seguí solicitando que siga el proceso, que se le haga el tratamiento que se le tenga que hacer, se le medique, pero, como todos los ciudadanos, tiene que afrontar las consecuencias de su conducta”.
El juez Colombo dispuso en la última audiencia que dentro de un mes habría otra, para evaluar el estado psicológico y el cumplimiento de las medidas que le impuso a Sanz Navamuel. Ahora, la víctima señaló que al desconocerse el paradero del acusado, no se sabe si asistirá.
Fuente de la Información: Página 12
