El ministro de Seguridad será el nuevo jefe de la Asesoría de Incapaces
03/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Por unanimidad, el Senado dio acuerdo a la postulación del Ejecutivo provincial para que el actual ministro de Seguridad pase al Ministerio Público Pupilar. Dejará el rol de prevención del delito para velar por DD de NNyA y personas con discapacidad
Por unanimidad, la Cámara de Senadores le dio acuerdo a la postulación del Ejecutivo provincial para que el actual ministro de Seguridad pase al Ministerio Público Pupilar, donde dejará el rol de prevención del delito para pasar a velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad.
El tratamiento del dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, que previsiblemente opinó a favor de aprobar el pliego del abogado Gaspar Javier Solá Usandivaras para ocupar el cargo de Asesor General de Incapaces, fue ayer el último tema de la sesión de la Cámara de Senadores de Salta.
Previsiblemente también, el pliego fue aprobado, por unanimidad. El expediente pasó al Ejecutivo para la designación correspondiente. Hasta ayer no se había informado oficialmente sobre la renuncia de Solá Usandivaras a la cartera de Seguridad, que es inminente. Sin embargo, se difundió que el actual secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, asumirá en el Ministerio y el actual jefe de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, quedará al frente de la Secretaría.
Por su lado, Solá Usandivaras cubrirá el cargo que quedó vacante con el fallecimiento de la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad, una funcionaria de larga trayectoria en el área de la defensa de derechos de los sectores vulnerables.
El senador Gonzalo Caro Dávalos (del departamento Cerrillos) fue el encargado de repasar los antecedentes de Solá Usandivaras y pedir la aprobación de su pliego.
“Hoy no estamos analizando solamente un nombre para ocupar un cargo, estamos definiendo quién tendrá la responsabilidad de conducir una institución esencial para la protección de los derechos de los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y quienes por distintas circunstancias requieren de la tutela efectiva del Estado”, empezó.
Añadió que “la designación del asesor General de Incapaces debe inscribirse dentro de una política pública orientada al fortalecimiento institucional, a la modernización del servicio de justicia y a la construcción de un estado más cercano, eficiente y comprometido con la defensa de los derechos humanos”.
En este sentido, el senador cerrillano afirmó que la propuesta de Solá Usandivaras expresa la política del gobierno provincial de fortalecer las instituciones y llevar a cabo un trabajo articulado entre ellas. Es “Poner al frente de un organismo estratégico a un profesional con experiencia en la gestión pública, conocimiento del funcionamiento del Ministerio Público y capacidad para conducir procesos de transformación institucional”.
Solá Usandivaras es abogado, desde 2010 desarrolló por poco tiempo su actividad en el ámbito privado. En cambio, a estas alturas tiene ya larga carrera en el sector público, en el que se inició en la provincia, pasó por la fiscalía federal y volvió a la provincia, siempre del lado de los organismos de prevención o persecución del delito.
Fue asesor jurídico del Ministerio de Seguridad, coordinador general de la Secretaría de Seguridad y coordinador general del Ministerio de Seguridad.
En 2016 pasó al Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde ocupó el cargo de prosecretario de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) NOA. Luego fue auxiliar fiscal de la unidad contra robos y hurtos, integró el cuerpo de investigaciones fiscales de Salta y ocupó el cargo de secretario de política criminal de la Procuración General de la Provincia, la conducción del Ministerio Público Fiscal.
De ese puesto pasó al Ejecutivo de nuevo, ya como ministro de Seguridad, cargo que ahora deja para pasar al Ministerio Público, pero en la defensa de los intereses de las personas calificadas de “incapaces”, sea por minoría de edad o por otras discapacidades.
“Este recorrido profesional demuestra una combinación entre la experiencia técnica, capacidad de gestión y conocimiento de las instituciones, cualidades indispensables para conducir el Ministerio Público Pupilar en una etapa que demanda innovación, articulación institucional y una fuerte presencia territorial”, evaluó Caro Dávalos.
El senador agregó que en la entrevista con los integrantes de la Comisión de Acuerdos, Solá Usandivaras expuso sobre los desafíos actuales, puso “especial énfasis en el fortalecimiento del acceso a la justicia, la protección integral de las personas en situación de vulnerabilidad, la modernización de los mecanismos de intervención y la continuidad del importante legado institucional construido por la doctora Mirta Lapad”.
Prohibición de celulares en cárceles
Por otra parte, el Senado aprobó ayer un proyecto de ley que prohíbe el ingreso, tenencia, uso, facilitación y comercialización de celulares en las cárceles de la provincia. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
En este caso el miembro informante fue el senador Dani Nolasco (departamento La Poma). “La utilización ilegal de teléfonos celulares dentro de establecimientos de detención constituye uno de las principales amenazas para la seguridad pública y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciaria”, sostuvo.
Describió que estos dispositivos se usan para planificar y coordinar hechos delictivos, como extorsiones, estafas, amenazas. Y la experiencia demuestra, dijo, que las medidas actuales “resultan insuficientes” para impedir su uso en las cárceles.
El proyecto prevé que se incorporen tecnologías para detectar estos dispositivos y para impedir su funcionamiento como el bloqueo de señales.
Nolasco aseveró que se garantizará el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares a través del uso de teléfonos institucionales. El proyecto fue aprobado por unanimidad y también fue remitido a Diputados para su tratamiento.
Insistencia para sancionar a los “Trapitos”
La Cámara Alta insistió además en el texto original de un proyecto de ley que había sido devuelto en revisión por cambios realizados en la Cámara Baja. La iniciativa modifica los artículos 17 y 24 del Código Contravencional de la provincia para establecer sanciones de arresto o multa a los denominados “Trapitos”, “personas que exigiese retribución por el estacionamiento, limpieza o cuidado de vehículo en la vía publica sin autorización legal o administrativa”.
El senador Dani Nolasco defendió la decisión de rechazar los cambios hechos en Diputados. El proyecto volvió ahora a esta última Cámara.
Por otro lado, en el inicio de la sesión volvió a haber manifestaciones por el desalojo de familias diaguitas en Cachi, aunque esta vez celebratorias de la restitución de sus predios a la mayoría de los ocupantes.
Fuente de la Información: Página 12
