Caso Thiago: la tragedia que obliga a revisar cómo protege el Estado a los niños

03/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

El caso expuso una pregunta incómoda y urgente: cómo actúan la Justicia, el Estado y la sociedad frente a situaciones de violencia familiar, niñez en riesgo y denuncias previas.

La muerte de Thiago volvió a sacudir a Salta y abrió una discusión que va mucho más allá de la investigación penal. El caso expuso una pregunta incómoda y urgente: cómo actúan la Justicia, el Estado y la sociedad frente a situaciones de violencia familiar, niñez en riesgo y denuncias previas.

En su columna en once.tv, Abel Cornejo planteó que este tipo de hechos debe obligar a revisar el funcionamiento de las instituciones y, especialmente, el modo en que intervienen los fueros de familia y violencia. “No hay que centrarse solamente en lo judicial”, advirtió, aunque remarcó que una de las reformas urgentes debería pasar por la organización de los juzgados que intervienen en conflictos familiares y hechos de violencia.

Una tragedia que exige algo más que indignación

El caso de Thiago, el niño de dos años fallecido en barrio Convivencia, generó una fuerte conmoción pública. La causa penal avanza con personas detenidas e imputadas, mientras la Justicia también intervino respecto a la situación de su hermano menor, quien continuará bajo protección estatal mientras se evalúa su entorno familiar.

Sin embargo, Cornejo propuso mirar más allá del expediente puntual. Para el columnista, cuando un niño muere en un contexto atravesado por conflictos familiares, denuncias, organismos intervinientes y señales previas, la pregunta no puede limitarse a quién falló después de la tragedia. La pregunta central debe ser qué sistema se necesita para prevenir antes de que sea tarde. “Ya de la muerte no se vuelve. Entonces, busquemos que no haya más esas muertes”

El problema de un sistema dividido

Uno de los puntos más fuertes del análisis de Abel Cornejo fue la necesidad de revisar la separación entre los juzgados de familia y los juzgados de violencia familiar y de género. Según explicó, esa bifurcación puede generar un abordaje fragmentado de situaciones que, en la vida real, no están separadas. “

En muchos casos, una misma familia puede tener expedientes vinculados a cuidados personales, régimen de comunicación, violencia, restricciones de acercamiento, intervenciones de organismos administrativos y posibles delitos penales. Si cada parte del conflicto se analiza por separado, el riesgo es que nadie logre ver el cuadro completo. Por eso, Cornejo sostuvo que Salta debería avanzar hacia una unificación o una coordinación mucho más fuerte entre familia y violencia. A su criterio, no se trata de cargar culpas sobre jueces o juezas en particular, sino de revisar una arquitectura institucional que muchas veces no permite respuestas integrales. “Creo que tendría que haber, y eso es cero pesos, cero costos para el Estado, la unificación de familia con los juzgados de violencia”, señaló

Qué dice la ley y dónde aparece el desafío

Salta cuenta desde 2006 con la Ley 7.403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar. La norma establece mecanismos de denuncia, intervención urgente y medidas de protección frente a situaciones de violencia dentro del grupo familiar. También prevé la intervención de distintos organismos cuando las víctimas son menores de edad y la remisión al fuero penal cuando de los hechos pudiera surgir la comisión de un delito. El punto que plantea Cornejo no es la inexistencia de normas, sino la eficacia del sistema para transformar esas normas en protección real. La ley puede prever denuncias, informes, medidas cautelares y derivaciones, pero si las instituciones actúan de manera aislada, tardía o burocrática, el riesgo sigue estando.

Niñez: el tema que no puede quedar en segundo plano

Cornejo también puso el foco en una cuestión de fondo: la niñez y la adolescencia no siempre ocupan el lugar central que deberían tener en la agenda pública.

“Es un tema de seguimiento constante y permanente por todas las aristas que representa. Y aparte estamos hablando de ciudadanos que recién empiezan su vida”, remarcó. Desde esa mirada, un caso como el de Thiago no puede ser tratado solamente como una noticia policial o judicial. Es, también, una advertencia institucional: cuando hay niños en contextos de violencia, el Estado debe actuar con velocidad, coordinación y seguimiento sostenido.

Del “gran bonete” a la responsabilidad institucional

Cornejo fue crítico de una reacción habitual ante tragedias de este tipo: el juego de responsabilidades cruzadas. “Yo hice tal cosa, pero yo hice tal otra”, describió, al referirse a la forma en que muchas veces las instituciones se defienden después de un desenlace fatal. Para el columnista, ese mecanismo no alcanza. Después de la muerte de un niño, buscar explicaciones es necesario, pero no suficiente. Lo que debe discutirse es cómo se construye un sistema capaz de detectar riesgos, compartir información, tomar decisiones rápidas y sostener el seguimiento de cada caso. En ese punto, el desafío no es solo judicial. También involucra al Poder Ejecutivo, los organismos de niñez, el Ministerio Público, las asesorías de incapaces, las áreas sociales, los equipos técnicos y el Poder Legislativo.

Una reforma que debe empezar por una decisión política

Cornejo sostuvo que modificar la ley para unificar competencias o mejorar el funcionamiento del sistema no sería técnicamente imposible. Lo que falta, planteó, es decisión. “Hay que modificar la ley. Es muy sencillo hacerlo. Hay que tomar la decisión”, afirmó. La discusión, entonces, no pasa solo por pedir informes o expresar dolor frente a un caso que conmociona. Pasa por revisar si Salta cuenta con un modelo institucional preparado para intervenir en familias atravesadas por violencia, conflicto, vulnerabilidad y presencia de niños. Porque en estos casos, la demora no es un trámite más. La demora puede ser la diferencia entre proteger a tiempo o llegar tarde.

El rol de los medios: no dejar que el caso se apague

Durante la entrevista, también apareció una autocrítica necesaria: los medios suelen cubrir con intensidad el momento de la tragedia, pero luego la agenda avanza, aparecen otros temas y los casos se diluyen. Cornejo advirtió que el caso Thiago puede quedar en el olvido mediático “en 3, 2, 1”. Y justamente por eso planteó que los medios tienen una responsabilidad social: no solo contar el horror, sino sostener la pregunta pública sobre qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir. La cobertura periodística, en estos casos, debe evitar el morbo, proteger la identidad e intimidad de los niños involucrados y poner el foco donde corresponde: en las fallas estructurales, en las respuestas institucionales y en las reformas pendientes.

Thiago ya no puede ser protegido. Pero su caso puede y debe obligar a proteger mejor a otros niños. Esa es la discusión que Salta no debería abandonar

Fuente de la Información: El Once TV