Trabajaba como bagayero, estuvo más de un año preso por contrabando y lo absolvieron
15/04/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El hombre tiene una discapacidad intelectual y el Estado deberá capacitar al personal judicial y penitenciario por el tratamiento inadecuado del caso.
El Estado deberá promover capacitaciones en el sistema judicial y penitenciario sobre los derechos de las personas con discapacidad, a raíz del caso de un hombre con un retraso mental moderado que se ganaba la vida como bagayero y estuvo 15 meses preso porque le encontraron cocaína en uno de los bultos que transportaba.
Raúl Roberto Cardozo Subia es un ciudadano boliviano con discapacidad psicosocial que estuvo preso en la cárcel federal de Güemes bajo la acusación de tentativa de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, en julio de 2020 el Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta lo absolvió por considerar que actuó sin dolo y que no estaba en condiciones de discernir sobre sus actos.
La defensora oficial Clarisa Galán logró probar que Cardozo Subia no podía conocer que transportaba sustancias ilegales. El hombre es un jornalero analfabeto nacido en Tarija que se desempeñaba como bagayero, es decir que trabajaba cruzando en bote el río Bermejo para trasladar bultos a cambio de un pago “a voluntad”.
El 1 de marzo de 2019, fue “contratado” para cargar un bulto y llevarlo desde Bermejo -Bolivia- hacia la localidad de Aguas Blancas. En un control de Gendarmería lo pararon y, entre las bolsas con mercadería y artículos de bazar, le encontraron una caja cerrada con 5 kilos de cocaína.
Aunque el hombre siempre argumentó que no conocía el contenido de la carga y señaló a las personas que se la habían dado, Cardozo Subia fue detenido, acusado, indagado, procesado en el Juzgado Federal de Orán y enviado a prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal de General Güemes.
En el juicio oral, la defensora Galán demostró que la discapacidad del acusado le impidió comprender sus actos. Esa situación era conocida por los operadores de Justicia, ya que se presentaron certificados que daban cuenta de su retraso y su extrema vulnerabilidad social. Incluso se practicaron estudios psicológicos y psiquiátricos.
Sin embargo, Cardozo Subia terminó procesado. Desde la defensoría se difundió que en el proceso se violaron las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad, ya que Cardozo nunca recibió apoyo o asistencia en la cárcel acorde a su discapacidad mientras estuvo detenido.
Capacitación
Por el caso, la Defensoría General de la Nación hizo una denuncia ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas por la violación de tratados internacionales de derechos humanos.
El acuerdo de solución amistosa se firmó en la ex Esma el miércoles
En este marco, el miércoles se firmó un acuerdo de solución amistosa entre la Defensoría y la República Argentina. Se establecieron diferentes medidas de reparación, entre ellas: el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado y el compromiso de darle publicidad al acuerdo. También se convino una reparación económica para Cardozo Subia, por un monto que deberá fijar un tribunal arbitral.
Además, se estableció que el Estado implementará “programas de capacitación permanentes y regulares destinados a magistrados/as y operadores/as jurídicos con competencia penal relativos a los estándares internacionales de protección de derechos humanos de personas con discapacidad”.
También deberán darse formaciones sobre el deber de garantizar un trato digno y no discriminatorio a las personas con discapacidad, en particular aquéllas con discapacidad intelectual, junto con el de proveerles información accesible.
Suscribieron el acuerdo, en representación de la Defensoría General de la Nación, la defensora pública oficial María Florencia Hegglin, y en representación del Estado Nacional el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, entre otros funcionarios. La firma se realizó en el Salón Frondizi de la ex ESMA, en Buenos Aires.
Fuente de la Información: El Tribuno