Revés para el gobierno anti obra pública: en Salta, la fiscalía federal dictaminó que Vialidad repare la RN 50
01/07/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La causa se abrió a partir de un reclamo de más de mil vecinos. Un juez de primera instancia ordenó al Gobierno Nacional hacerse cargo de las obras, pero éste apeló. Ahora, el fiscal federal respaldó el fallo de primera instancia
La causa se abrió a partir de un reclamo de más de mil vecinos. Un juez de primera instancia ordenó al Gobierno Nacional hacerse cargo de las obras, pero éste apeló. Ahora, el fiscal federal respaldó el fallo de primera instancia y consideró que están en juego derechos fundamentales como la libre circulación, la seguridad y la integridad física de las personas. La decisión final queda en manos de la Cámara de Apelaciones.
Todo empezó con un reclamo colectivo de vecinos y vecinas del departamento de Orán, en Salta. El año pasado acudieron a la Justicia para denunciar el mal estado de la Ruta Nacional 50. La Justicia, en primera instancia, les dio la razón y ordenó a Vialidad Nacional reparar el tramo afectado. Pero el Gobierno apeló. Ahora, el fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó la apelación y respaldó así la decisión del juez Gustavo Montoya. La decisión final queda en manos de la Cámara de Apelaciones.
Toranzos, de la Unidad Fiscal Salta, solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que rechace el recurso presentado por Vialidad Nacional y ratifique el fallo emitido en abril por el juez federal de Orán, quien en su momento hizo lugar a un amparo colectivo promovido por la Defensa Pública Oficial de esa ciudad, con el aval de 1.300 firmas de vecinos y vecinas.
Según consignó el diario salteño El Tribuno, el reclamo judicial apunta al mal estado del tramo de 21,5 km que conecta a Orán con Pichanal. Se trata de una de las principales vías de comunicación del departamento.
Hay prueba
La fiscalía basó su rechazo al planteo del organismo nacional en la prueba producida en el expediente. Hizo referencia a una pericia realizada en enero por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, que reflejó la existencia de baches, protuberancias, sectores deteriorados y fallas de señalización en todo el trayecto. Incluso, en zonas recientemente reparadas.
Vialidad Nacional argumentó que realizó obras cumpliendo la medida cautelar dispuesta en mayo, pero el fiscal alertó que esos trabajos fueron provisorios y no garantizan seguridad vial a largo plazo. “Se realizaron con materiales inadecuados, con una durabilidad extremadamente baja, según lo reconoció el propio organismo al explicar que en menos de 20 días algunas zonas se deterioraron nuevamente por las condiciones climáticas y el tránsito”, expuso el fiscal.
Toranzos también se pronunció contra el planteó de Vialidad, que había cuestionado la intromisión del Poder Judicial en su funcionamiento administrativo. El fiscal, en cambio, señaló que están en juego derechos fundamentales como la libre circulación, la seguridad y la integridad física de las personas, por lo que no se trata de una intromisión judicial indebida en el Ejecutivo.
Tras el dictamen del fiscal, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta deberá resolver si confirma o revoca el fallo del juez Montoya.
Inseguridad vial
Lo que pase con el tramo en disputa en la Ruta Nacional 50 resulta clave bajo un gobierno que se ufana de haber frenado la obra pública. En materia de seguridad vial, los efectos de esa política ya se vuelven palpables.
La Ruta Nacional 3, por caso, fue escenario de varios y graves siniestros en el último tiempo, en el marco de un gobierno que promueve dejar de hacer obras viales, frenó las campañas de concientización y bajó el nivel de controles a vehículos.
En mayo, cuando un trágico accidente dejó allí un saldo de cuatro muertos y 16 heridos en San Miguel del Monte, desde Provincia de Buenos Aires recordaron que en febrero ya habían advertido sobre los riesgos del abandono de la obra pública vial por parte del Gobierno Nacional.
La semana pasada, en tanto, a través de la publicación del Decreto 436/2025, el gobierno de Javier Milei derogó artículos clave de las leyes de educación vial y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo.
Desde organizaciones que abogan por mayor seguridad vial alertaron sobre las implicancias de la medida. Así lo expresó Viviam Perrone, de Madres del Dolor: “Cuánto lamento esta noticia. ¿Para qué motosierra en este tema cuando las muertes viales son la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina? Al contrario. Se debería invertir en campañas, educación vial e infraestructura. Motosierra en temas que causan muerte no se debería discutir. Así como el otorgar remedios a enfermos oncológicos o a discapacitados. Qué pena que caiga todo en una misma bolsa. Los hechos viales causan más gastos porque al primer lugar donde llevan a las víctimas es a un hospital público. ¿Con quiénes se asesoraron para decidir esto? Lo lamentamos mucho los que perdimos a un ser querido en un hecho vial y nadie nos libera de perder otro”.
Fuente de la Información: Tiempo Argentino
