Los jueces del caso en El Tipal: quiénes son y qué antecedentes tienen antes del fallo
26/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los jueces Cecilia Flores, Leonardo Feans y Eduardo Sángari deberán resolver el futuro de José Figueroa. Reúnen trayectorias consolidadas en la Justicia y llegan al caso Kvedaras tras intervenir en causas de alto impacto.
En 2023, el 4 de agosto, Mercedes Kvedaras fue encontrada sin vida en el asiento trasero de su vehículo en el barrio privado El Tipal. Estaba cubierta con toallas, llevaba un remerón mal colocado y presentaba múltiples lesiones. En el asiento delantero se encontraba su esposo, José Eduardo Figueroa, con un corte en el cuello y heridas en los brazos. El hombre fue trasladado al hospital San Bernardo, donde ingresó con signos vitales estables, según consta en los registros médicos.
El matrimonio había sido buscado previamente por familiares tras una serie de mensajes alarmantes enviados por Figueroa ese mismo día a su madre, Cristina Juncosa; a su suegra, María Jiménez de los Ríos; y a dos amigos, Andrés Cuneo y Francisco Vázquez. Días antes del hecho, además, la víctima había expresado temor a su entorno familiar, un dato que forma parte del contexto que hoy analiza la Justicia.
Los jueces
Ese mismo año, por coincidencia, asumieron como jueces del Tribunal de Juicio María Cecilia Flores Toranzos, Leonardo Feans y Eduardo Sángari, tras obtener acuerdo del Senado. A casi tres años de su designación, serán ellos quienes deberán resolver una de las causas más trascendentes de la historia judicial reciente de la provincia.
El tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas por la fiscal Luján Sodero Calvet y la querella a cargo de Jorge Ovejero, así como la versión del imputado y la estrategia de la defensa encabezada por Juan Casabella Dávalos. La decisión que adopten definirá el futuro de Figueroa, quien se encuentra detenido en la cárcel de Villa Las Rosas.
Según la autopsia, Kvedaras murió por asfixia mecánica mixta por ahorcamiento y sofocación manual. El hecho se produce la mañana del 4 de agosto, en el antebaño de la vivienda que compartía con el acusado. La mujer presenta golpes en distintas partes del cuerpo y, de acuerdo con testimonios incorporados al debate, atravesaba un proceso de separación.
Figueroa sostuvo en su declaración del 11 de agosto de 2023 que se trató de un accidente. Afirmó que ambos forcejearon luego de una discusión y que la mujer cayó en la bañadera, golpeándose la cabeza. Esa hipótesis, defendida por su perito de parte, el médico Daniel Dip, no coincide con los resultados de la autopsia ni con la reconstrucción planteada por la acusación.
El viernes pasado, al cierre de la etapa de testimoniales iniciada el 1 de abril de este año, el imputado tomó la palabra. No se refirió al hecho en detalle, al señalar que ya lo había hecho en su declaración inicial, pero pidió perdón a sus hijos, a la familia Kvedaras y a la suya. "Me estoy haciendo responsable", afirmó ante el tribunal.
Trayectoria
María Cecilia Flores Toranzos desarrolló gran parte de su carrera en el Ministerio Público Fiscal, con un fuerte perfil en la investigación y acusación de delitos, especialmente en causas vinculadas a la integridad sexual, donde intervino en expedientes complejos y de alto impacto social.
Leonardo Feans construyó su trayectoria dentro del Poder Judicial. Ingresó en 2011 como secretario, pasó por juzgados de instrucción, tribunales de juicio y el Tribunal de Impugnación, consolidando un perfil técnico ligado al análisis procesal y la revisión de decisiones judiciales.
Eduardo Sángari, por su parte, cuenta con experiencia en el ámbito de la Defensoría, en la que asistió a acusados en distintas partes de los procesos judiciales.
Flores Toranzos: de pasante a un rol clave
Cecilia Flores Toranzos ingresó en 2003 como pasante al Ministerio Público Fiscal y, con el paso de los años, fue ocupando distintos cargos dentro del fuero penal. Se desempeñó como secretaria de primera instancia Penal Nº 1 y luego como secretaria en la Fiscalía de Impugnación.
En 2014 asumió una subrogancia en la Fiscalía de Violencia Familiar Nº 4, donde comenzó a trabajar en causas vinculadas a contextos de vulnerabilidad y conflictos intrafamiliares.
Al año siguiente, en 2015, se incorporó como fiscal a la Unidad Fiscal Penal 3 de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), área especializada en la investigación de abusos y delitos sexuales. Desde allí intervino en causas complejas, muchas de ellas con víctimas menores de edad.
En noviembre de 2022 participó en el proceso que derivó en la condena de Mario Oscar Aballay, profesor de básquet del club Gimnasia y Tiro, a nueve años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado por su rol como encargado de la educación de la víctima. Los hechos comenzaron en 2011, cuando el damnificado tenía 12 años, y se extendieron durante varios años. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que la fiscalía ratificó el acuerdo alcanzado por las partes.
También tuvo intervención en la investigación contra el exsacerdote Agustín Rosa Torino, acusado por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de jóvenes. Su participación se dio en etapas previas del proceso, mientras que el juicio oral fue llevado adelante por la fiscal Verónica Simesen de Bielke. En ese caso, el exreligioso fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una exmonja y dos exseminaristas, pena que fue confirmada en 2023 por la Corte de Justicia de Salta.
Ya como jueza del Tribunal de Juicio, Cecilia Flores Toranzos intervino en causas de fuerte impacto vinculadas a delitos contra la integridad sexual.
La jueza Cecilia Flores Toranzos.
El 21 de marzo de 2026 condenó a un hombre vinculado a una iglesia evangélica a una pena única de 10 años de prisión efectiva. El imputado fue hallado culpable de seis hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente, cometidos entre 2018 y 2022. En la sentencia, además, revocó una condena previa por estupro y dispuso la unificación de la pena.
Ahora, Flores Toranzos preside uno de los casos más mediáticos de los últimos años: el femicidio de Mercedes Kvedaras.
Por cierto, durante su exposición ante el Consejo de la Magistratura en 2023 cuando buscaba ser jueza, Flores Toranzos, en relación con la presión mediática en causas de alta exposición, sostuvo que "la presión se maneja todos los días" y remarcó que las decisiones deben estar fundadas en la prueba. "Son las pruebas las que van a determinar la existencia o no del hecho", afirmó.
En cuanto al rol judicial, sostuvo que un juez debe resolver en base a lo que se puede demostrar y no en función de las expectativas sociales o mediáticas.
En esa entrevista afirmó que su relación con la prensa se canaliza a través de los organismos institucionales y que mantiene una postura restrictiva en causas sensibles.
Explicó que esa decisión responde a la necesidad de proteger a las víctimas y también de respetar los derechos del imputado, que sigue siendo inocente hasta que exista una sentencia firme.
"No suelo dar mayores datos por respeto sobre todo a la víctima y por respeto también al imputado", sostuvo. También advirtió que una exposición indebida puede afectar la imparcialidad judicial.
En su desempeño como jueza del Tribunal de Juicio, Cecilia Flores Toranzos también intervino en causas vinculadas a hechos de violencia en contextos urbanos, como el caso de Matías Paz, quien fue condenado a cinco años y un mes de prisión efectiva por disparar con un arma de fuego en un bar del Paseo Güemes en octubre de 2023. En ese fallo, la magistrada dispuso además la inhabilitación para el uso de armas por diez años y ordenó su incorporación a un programa de rehabilitación y tratamiento psicológico, en función de la gravedad del hecho y el riesgo generado para terceros en un espacio público.
Eduardo Sángari: de la defensa pública al tribunal de juicios
El actual juez Eduardo Raúl Sángari se desempeñó durante nueve años como defensor oficial en el fuero penal, tras incorporarse en 2014 al sistema judicial. Antes de ese paso por la magistratura, desarrolló actividad en la función pública, donde ocupó cargos como presidente del directorio de Saeta y director general de Inspección General de Personas Jurídicas.
Con su ingreso a la defensa pública, en un contexto de reforma institucional que unificó las funciones de los defensores, comenzó a intervenir en todas las etapas del proceso penal. Esa modificación eliminó la división entre primera y segunda instancia y consolidó un esquema de intervención integral.
En ese marco, desarrolló tareas que abarcaron desde la asistencia a imputados en el momento de la detención hasta la investigación penal preparatoria, el juicio oral, la ejecución de la pena y la instancia recursiva, incluyendo presentaciones ante tribunales superiores.
Se desempeñó así en la Defensoría Penal Nº 9 bajo un sistema de turnos semanales, en el que asumía la defensa de personas detenidas y continuaba con su representación a lo largo de todo el proceso, en los casos en que no contaban con abogado particular.
Dentro de su paso por la defensa, una de las causas que marcó su trayectoria fue el homicidio de María Leonor Giné, ocurrido en 2020 en un edificio de calle Belgrano y Sarmiento. En ese expediente ejerció la defensa de Federico Detzel, quien resultó absuelto.
El juez Eduardo Raúl Sángari, cuando asumió en 2023.
La causa presentaba dificultades probatorias vinculadas a la autopsia realizada, que no permitía establecer con precisión la data de muerte. A partir de esa situación, la defensa impulsó una revisión pericial que permitió reconstruir el horario del fallecimiento.
Esa reconstrucción determinó que la muerte se había producido entre las nueve y las diez de la noche, mientras que el imputado había ingresado al lugar con posterioridad. Esa diferencia temporal resultó determinante para la resolución del caso, en el que finalmente se dictó la absolución. El autor del crimen fue el nieto de la víctima, Agustín Morales, condenado.
Desde su asunción como juez del Tribunal de Juicio, Sángari intervino en causas de alta complejidad e impacto social.
En noviembre de 2025, como vocal de la Sala II, condenó a prisión perpetua a dos hombres por el doble homicidio de los hermanos Roberto y Néstor Suárez, ocurrido en febrero de 2024 en una finca de Coronel Moldes. En la sentencia se consideraron acreditados los agravantes de alevosía y criminis causa, y en uno de los casos también el vínculo.
En junio de 2024, dictó una condena relevante en la causa Agrinvert, vinculada a un esquema de estafa piramidal. En ese juicio se impusieron penas de prisión efectiva a los responsables por decenas de hechos de estafa, además de ordenarse su detención.
En octubre de 2024, también condenó a diez años de prisión efectiva a un exjefe de tráfico de una empresa de colectivos El Cóndor por delitos de abuso sexual contra tres mujeres que se desempeñaban como choferes. En ese fallo se dispuso la revocación del arresto domiciliario, la detención inmediata del condenado y la incorporación de su perfil genético al banco de datos.
En 2023, durante la entrevista ante el Consejo de la Magistratura para ser juez de tribunal, Sángari sostuvo que su actuación como magistrado debía estar guiada por el respeto estricto de las garantías constitucionales. En particular, señaló que toda persona que llega a juicio "está protegida por el paraguas del principio de inocencia hasta tanto un juez declare su culpabilidad en una sentencia".
En esa instancia, al ser consultado sobre el encuadre jurídico del femicidio, lo definió como "un homicidio agravado que está cualificado por la condición del autor". Indicó que "el autor tiene que ser varón" y que "la víctima debe ser mujer", y que el hecho debe producirse "por su pertenencia al género femenino, por ser mujer" en "un contexto de violencia de género". Agregó que se trata de "un delito doloso que admite solo dolo directo".
Sobre la violencia de género, explicó que se trata de "la conducta, la acción o la omisión, directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder" y que "afecta la vida, la libertad, la integridad física, psicológica o sexual".
De secretario a juez: la trayectoria de Leonardo Feans
Leonardo Gabriel Feans desarrolló su carrera dentro del Poder Judicial de Salta con un recorrido técnico ligado a distintas instancias del proceso penal. Se inició en 2011 como secretario de un juzgado de instrucción, en el sistema anterior a la reforma procesal. Con la implementación del modelo acusatorio, pasó a desempeñarse como secretario de Tribunal de Juicio entre 2015 y 2019. Desde ese año y hasta su designación como juez, ocupó el cargo de secretario del Tribunal de Impugnación.
Antes de ingresar al Poder Judicial, trabajó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, en una fiscalía correccional y en la Unidad de Atención Temprana.
El juez Leonardo Gabriel Feans cuando asumió.
Durante su exposición ante el Consejo de la Magistratura en 2023 para lograr ser juez, Feans planteó una postura prudente frente a los casos de alta exposición pública. En ese momento le consultaron sobre el crimen de asesinato de Fernando Báez Sosa.
Sostuvo que para emitir una opinión fundada es necesario conocer en profundidad el expediente y no basarse únicamente en el impacto mediático. En ese sentido, remarcó que la intervención de múltiples personas en un hecho requiere un análisis minucioso, especialmente al momento de definir responsabilidades penales.
También advirtió que "hubo un impacto mediático muy determinante en la conformación de la opinión pública", lo que obliga a los magistrados a sostener decisiones apoyadas exclusivamente en la prueba. Desde 2023, el magistrado tuvo algunos casos que ocuparon la demanda de la atención de la sociedad.
Ya como juez, Feans intervino en causas de alto impacto en la provincia, tanto en delitos económicos como en hechos de extrema violencia.
En julio de 2025 integró el tribunal que condenó a Leonardo Cositorto a 11 años de prisión por asociación ilícita y estafas continuadas en el caso Generación Zoe. El fallo consideró acreditado un esquema fraudulento que generó un perjuicio económico superior a los 776 millones de pesos.
En septiembre de 2025 participó en la Sala I del Tribunal de Juicio que condenó a prisión perpetua a Lidia Raquel Cardozo por el homicidio calificado de su hijo, Leonel Francia, en un caso de violencia intrafamiliar que tuvo amplia repercusión.
Ese mismo año, en diciembre de 2025, intervino en una causa por violencia de pareja en la que una mujer fue acusada de rociar con alcohol y prender fuego a su conviviente. En ese caso, Feans condenó a Verónica Nieto a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves, apartándose de la acusación de tentativa de homicidio y del pedido fiscal de una pena de once años. La resolución incluyó reglas de conducta, prohibición de contacto con la víctima y tratamiento psicológico obligatorio.
Fuente de la Información: El Tribuno
