Las Pailas: el Jury contra la jueza abre una nueva etapa en el reclamo territorial

11/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

A casi un mes del violento desalojo en la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, en Cachi, el conflicto territorial ingresó en una nueva etapa institucional. El 7 de julio, el Jurado de Enjuiciamiento aceptó la denuncia contra la jueza Diez Barrantes

A casi un mes del violento desalojo en la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, en Cachi, el conflicto territorial ingresó en una nueva etapa institucional. El 7 de julio, el Jurado de Enjuiciamiento aceptó la denuncia presentada contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes, quien ordenó el procedimiento ejecutado el 12 de junio y quedó señalada por la comunidad y sus representantes legales por presunto mal desempeño y falta grave en el ejercicio de sus funciones.

La decisión no cierra el conflicto, pero marca un punto relevante dentro del reclamo de justicia y reparación que sostiene la comunidad, integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta. Desde el desalojo, Las Pailas permanece en asamblea permanente para exigir la restitución integral del territorio comunitario, la reparación de los daños ocasionados y el reconocimiento efectivo de sus derechos como pueblo originario. El eje del reclamo no se limita a una disputa por tierras. Para la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, el territorio ancestral es el lugar donde se reproduce la vida comunitaria, la memoria, la producción, el vínculo con el agua, la tierra, los animales y las prácticas heredadas. En ese marco y desde una perspectiva de derechos humanos, el caso deja expuesta una tensión estructural: el avance de decisiones judiciales y administrativas sobre territorios comunitarios reconocidos, sin consulta efectiva ni respeto por las garantías que protegen a los pueblos originarios. 

El desalojo del 12 de junio

El conflicto se inició el 12 de junio, cuando se ejecutó el desalojo de familias diaguitas en Las Pailas. Según denunció la comunidad, el operativo afectó a aproximadamente 60 comuneros, entre ellos niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores con situaciones críticas de salud. La comunidad sostuvo que muchas de las personas afectadas no habían sido parte del proceso judicial, no fueron citadas ni escuchadas antes de la medida. También denunció que la sentencia original ordenaba el lanzamiento respecto de un miembro y sobre una fracción de cuatro hectáreas de rastrojo sin construcciones, pero que la ejecución terminó extendiéndose de manera arbitraria sobre unas 40 hectáreas, incluyendo viviendas, zonas productivas, acequias y animales. Ese punto es central en la denuncia pública y judicial: para la comunidad, no solo hubo un exceso en la ejecución del oficio, sino una afectación directa sobre territorio comunitario reconocido por el Estado nacional en el marco de los derechos establecidos por la Constitución Nacional y las normas vinculadas a pueblos originarios.

Tres días después del desalojo, el 15 de junio, autoridades comunitarias, integrantes del Pueblo Diaguita Kallchakí, vecinos de Cachi y comunidades acompañantes realizaron la primera marcha hasta el puente de ingreso al pueblo y luego una concentración en la plaza principal. Allí reclamaron la nulidad del procedimiento y señalaron responsabilidades de la jueza María Fernanda Diez Barrantes, del juez de Paz de Cachi, Rafael Nicasio Mamani, y de la comisaria Karina Ruiz. El 23 de junio, el equipo jurídico de la comunidad y de la Organización del Pueblo Nación Diaguita presentó ante la Justicia un pedido de nulidad absoluta del lanzamiento. Ese mismo día, mientras se realizaba una segunda movilización en Cachi, la Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad una declaración de repudio al procedimiento. También se aprobó un pedido de informes al entonces ministro de Seguridad, Gaspar Sola Usandivaras, por el operativo policial desplegado. El 24 de junio, la jueza Diez Barrantes rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de la comunidad, cerrando esa vía procesal.

Movilización y restitución parcial

El 25 de junio, el reclamo llegó a la ciudad de Salta. Autoridades comunitarias y familias diaguitas fueron recibidas en audiencia por autoridades legislativas provinciales. En ese encuentro, senadores se comprometieron a tratar un proyecto de ley de emergencia territorial reclamado por el Pueblo Diaguita. Por la tarde, una movilización llegó hasta la Legislatura provincial con participación de pueblos originarios, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y vecinos autoconvocados. Ese mismo día, durante el regreso a Cachi, se conoció una resolución que modificó parcialmente el escenario: la propia jueza Diez Barrantes ordenó la restitución de la posesión a varios miembros de la comunidad. El 26 de junio, el juez de Paz de Seclantás, Mario Alberto Pérez, se hizo presente en el territorio y notificó a Dante Guzmán, René Fabián, Leoncio Fabián y Obalio Cruz el restablecimiento efectivo de su posesión. Durante el recorrido, el magistrado dejó constancia de los daños ocasionados el 12 de junio, registro que la comunidad considera relevante para avanzar en los reclamos por responsabilidades y reparación

El jury

El 30 de junio, la comunidad presentó formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento la solicitud de apertura del proceso contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes, con pedido de suspensión provisional y destitución por las causales de mal desempeño y falta grave. El 7 de julio, el Jurado aceptó la denuncia. Para la comunidad, este paso representa un avance central en la búsqueda de justicia por el desalojo y abre una instancia destinada a analizar la responsabilidad judicial en el procedimiento que dejó a familias enteras fuera de sus viviendas, espacios productivos y circuitos de vida comunitaria. También el 7 de julio ingresó formalmente en la Cámara de Diputados un proyecto para prorrogar los plazos de suspensión de desalojos hacia pequeños productores. En paralelo, el proyecto de emergencia territorial presentado en el Senado continúa en comisión y será trabajado con aportes de distintos actores vinculados al conflicto.

Pese a la restitución parcial, la comunidad sostiene que aún queda pendiente la restitución de las cuatro hectáreas que quedaron fuera del proceso. En particular, reclama que se haga efectiva la restitución del comunero Agustín Mamani al territorio comunitario y que se reparen todos los daños causados por lo que califican como un atropello judicial y policial. La Asamblea Permanente continuará hasta que exista una restitución integral, según ratificaron desde la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas.

Fuente de la Información: Nuevo Diario