La justicia de Estados Unidos ordena a Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF
01/07/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias Internacionales
Los títulos se usarán como parte del pago de la sentencia por 16.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera en 2012
Argentina ha recibido este lunes un durísimo varapalo en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska ha ordenado al Estado argentino que entregue la totalidad del 51% de las acciones que tiene en la petrolera YPF, estatizada parcialmente por el Gobierno de Cristina Kirchner en 2012, cuando el accionista de control era la española Repsol. Los títulos se usarán como parte de pago a los beneficiarios de un fallo de septiembre de 2023, en el que Preska había condenado a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los accionistas que se consideraron afectados por el proceso de nacionalización de la petrolera. Argentina no cederá sus acciones de inmediato porque el fallo es aún apelable, pero supone una puerta que se cierra en la estrategia legal del Gobierno de Javier Milei.
“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA”, dice la sentencia de Preska. “La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, cierra el texto.
El presidente argentino, Javier Milei, ya adelantó en su cuenta en X que el Gobierno apelará el fallo “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. Fue la única línea que dedicó a la estrategia oficial en un posteo que usó para despotricar contra el gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, quien era ministro de Economía cuando se expropió YPF. “Esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof (...) YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”, escribió.
En el momento de la estatización en 2012, el 57,5% de YPF estaba en manos de Repsol, el 25,5% era de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía —dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazy— y el 17% estaba repartido entre inversores minoritarios, como Eton Capital. En 2023, Preska sentenció a Argentina a pagar 14.385 millones de dólares a Petersen Energía y otros 1.714 millones de dólares a Eton Capital. En el escenario entra también Buford Capital, un fondo que se dedica a la compra de derechos de juicios de empresas quebradas para llevar a cabo denuncias por grandes sumas, una metodología similar a la que usan los fondos buitre con los títulos de deuda. El fondo demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que están en concurso de acreedores en España porque en su momento se endeudaron para comprar su participación en YPF, devaluada con la expropiación.
El fallo de Preska de hace dos años consideró que, en el momento de la expropiación, Argentina tendría que haber ofrecido el trato que dio a Repsol al resto de los accionistas, como establece el estatuto de YPF cuando se trata de un trasvase de más del 15% de las acciones. Argentina intentó desde el principio imponer el argumento de que la causa debía saldarse en tribunales locales y que la expropiación de YPF había cumplido con todas las normativas legales, incluido un pago de 5.000 millones de dólares a Repsol. Para la jueza Preska, sin embargo, “los gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA [Ley de Inmunidades Soberanas Extranjera] invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos. Si la cortesía internacional pudiera prevalecer sobre la FSIA y permitir que la ley extranjera controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, cada Estado extranjero podría evitar cumplir fallos en los tribunales estadounidenses”.
Preska dejó a YPF fuera del litigio. Eso significa que será el Estado argentino y no la empresa (que aún conserva el 49% de sus acciones en manos privadas) quien deberá pagar la indemnización. En cualquier caso, el Gobierno no está en condiciones de satisfacer la demanda judicial. No solo porque no tiene el dinero, con sus reservas internacionales en negativo y dependiendo del Fondo Monetario Internacional para sostener su moneda. Sucede que la ley de estatización de YPF prohíbe al Ejecutivo transferir las acciones expropiadas sin previa autorización del Congreso.
El fallo sorprendió a la Casa Rosada. En noviembre de 2024, tras el triunfo de Donald Trump y dos meses antes de su asunción, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió mediante un escrito a la jueza Preska que rechazase la indemnización exigida por Burford Capital y Eton Capital, ganadores del juicio contra la petrolera argentina. El argumento de la Casa Blanca era que la exigencia de los demandantes viola leyes locales de Estados Unidos y abre la posibilidad de algún tipo de reciprocidad por parte de Argentina con activos soberanos estadounidenses.
Fuente de la Información: El País de España
