La fiscalía archivó la causa contra un funcionario acusado de amenazar de muerte a su expareja
07/07/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La denuncia por violencia de género incluía amenazas explícitas, pericias psicológicas e informes oficiales. El acusado es un abogado reconocido. "Me decía que él conocía gente en la frontera que te suicidaban a pedido por dos mangos"
Una denunciante de violencia de género, relató que su expareja, un abogado funcionario de la municipalidad de la ciudad de Salta, la amenazaba con "suicidarla" pagando sicarios en el norte salteño, pero la fiscala de violencia de género Gabriela Raquel Dávalos archivó la causa por entender que eso "no es amenaza".
La denunciante aseguró su denuncia fue archivada pese a las pruebas, informes oficiales y testimonios, que dan cuenta de la violencia de género sistemática que sufría.
“A fines del año 2022 cuando yo sufría las agresiones y quería que se vaya de la casa, me decía que a veces lo mejor era quedarse viudo así no tenía problemas. Y me terminaba diciendo que conocía gente en la frontera que te 'suicidaban' por dos mangos”, relató la mujer cuando presentó la denuncia ante la fiscalía.
"Sus amenazas se hicieron constantes a fines de noviembre de 2023", indicó la denunciante y añadió que la última amenaza la recibió estando ya separados, mediante una llamada de Whatsapp, el 3 de marzo de 2024: “tené cuidado que los accidentes ocurren”, sostuvo que le dijo su expareja.
"Todo era problemático y para evitar su agresión dejé de juntarme con amigos y amigas. Curiosamente, y como lo continúa haciendo, se hizo amigo de mi círculo íntimo para controlarme. Hasta la primera separación en 2019, (él) manejaba mis cuentas de home banking, disponía de mis ingresos y hasta de mis bienes", denunció la mujer.
"Sus amenazas consisten en hacer que me quede sin trabajo, interrumpiendo las acciones de mi carrera, que me iba a quitar a mis hijos (...) Siempre me decía que él conocía gente en la frontera que te 'suicidaban' a pedido por dos mangos, o una frase que siempre me repetía es 'los accidentes suceden todo el tiempo'", relató.
La denuncia fue realizada en junio de 2024, tras un proceso personal atravesado por miedos, silencios y el desgaste emocional característico del ciclo de la violencia de género. La mujer declaró haber sufrido lesiones físicas, amenazas y violencia psicológica.
“Ella fue al sistema a pedir ayuda y recibió, para mí, un cachetazo terrible”, graficó el abogado querellante Federico Vanni, representante de la denunciante, en diálogo con Salta/12.
El abogado explicó que estuvo presente cuando la fiscal, aunque reconocía a la mujer como víctima de violencia de género, le manifestó que no consideraba aquellas frases como amenazas. “Mi representada quebró en llanto, se sintió revictimizada”, sostuvo.
"Una amenaza es un anuncio de un mal inminente (...) sobre todo porque es en el marco de una discusión”, afirmó Vanni. No obstante, la fiscal sostuvo que esa frase no constituía un delito y archivó la causa.
Durante la investigación hubo declaraciones de testigos, se realizaron pericias psicológicas, se recibieron informes del equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina de Violencia Familiar y de Género. El abogado indicó que en todos los casos se afirmó que la mujer vivía en una situación de violencia de género.
Además de las amenazas, la mujer denunció varias agresiones físicas, aunque resultaron difíciles de comprobar porque en su momento no acudió a un centro médico. “Como muchas víctimas, no había ido al médico (...) Probatoriamente tiene una dificultad si no fueron constatadas por un profesional”, explicó Vanni.
A pesar de ello, testigos confirmaron haber visto lesiones. El propio auxiliar fiscal, apellido Flores, le indicó a Vanni que no se imputaría por lesiones, pero sí por amenazas. “Desde el primer día, cuando me reuní con el doctor Flores, me dijo que por las lesiones no iban a imputar, pero sí por las amenazas”, aseveró el querellante.
Sin embargo, pasaron los meses sin que avanzara el trámite. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el denunciado no fue notificado en el domicilio laboral, pese a los reiterados pedidos. “Íbamos todas las semanas a preguntar (...). El por qué de la demora nunca se nos informó”, dijo el abogado. Finalmente, lograron aportar un nuevo domicilio en el marco de una causa de familia, y recién entonces se concretó la notificación: “En ese momento, como era otra jurisdicción, se notificó prácticamente en el acto”, señaló.
"Desde la querella, esta situación nos resultó absolutamente sorpresiva, ya que compartíamos con el Ministerio Público una visión técnico-jurídica respecto a la imputación por el delito de amenazas, las cuales fueron constantes, y se intensificaron a fines de noviembre de 2023 hasta comienzos de 2024, siendo el último hecho denunciado ocurrido en marzo de 2024", subrayó el abogado en su pedido de revisión del archivo de la denuncia.
La causa se encuentra en revisión en la Fiscalía de Impugnación N° 3. Si esa instancia confirma el archivo, no habrá investigación. “Lo que podemos hacer como última medida es una querella privada, sin el acompañamiento del Ministerio Público”, advirtió Vanni.
En cuanto a las medidas de protección, la jueza de Violencia Familiar y de Género, María Carolina Cáceres Moreno dictó inicialmente una prohibición de acercamiento.
Vanni aclaró que en el fuero de familia su representada y el denunciado acordaron lo referido a la cuota alimentaria y al régimen de comunicación.
Pero el eje del conflicto legal gira en torno a las amenazas y su valoración. La fiscala consideró que la frase “tené cuidado, los accidentes siempre ocurren” no constituye una amenaza. Sin embargo, no la contextualizó en el marco de violencia previo ni en las amenazas reiteradas. “Lo peor es que (la amenaza) no solamente se infiere de la propia palabra (del denunciado), sino que la víctima lo tomó como tal. Por eso es que tuvo que llamar a su amiga para que vaya y la acompañe unos días en su casa, todo eso está en la causa”, expresó Vanni.
Para el abogado, “es preocupante” la interpretación de la fiscal. “Porque si ella lo piensa en serio, significa que hay un montón de gente que va a denunciar cosas similares y la respuesta va a ser negativa”, consideró.
Por otro lado, la fiscal sostuvo que los delitos anteriores estaban prescriptos. Vanni refutó ese argumento: “El Código Penal establece que los plazos se interrumpen ante la comisión de un nuevo delito. Si tomamos el del 2024, no estarían prescriptos. Pero como la fiscal dice que ese hecho no es una amenaza, los anteriores prescriben”. Según su análisis, “parece más una excusa para prescribir el delito que para analizarlo”.
Consultado sobre si el rol institucional del acusado, un funcionario de la Municipalidad de Salta, podría haber influido en el curso de la causa, Vanni fue prudente: “Ella lógicamente cree que hay algo (...). Yo soy un negado a esas posibilidades. Siempre creo que hay personas que se pueden equivocar, tener errores. Pero si esto es criterio, me preocupa”.
Mientras tanto, la denunciante sigue atravesando el impacto emocional: “Está alterada. Como cualquier persona que entregó su cuerpo y alma a un sistema (...) con todo el sufrimiento que fue”, señaló su abogado.
Consultado ante los negacionismos de la violencia de género por parte del gobierno nacional y sus posibles efectos en decisiones como la que archivó esta causa, Vanni expresó su preocupación: “Yo espero que no haya un retroceso en temas como la Ley Micaela. Fue una lucha con cuerpo y sangre de muchísimas mujeres. Ir para atrás en todo esto que se ha conseguido sería un error gigantesco", consideró.
Fuente de la Información: Página 12
