Javier Milei irá a la Justicia contra el Congreso para sostener el veto a la emergencia en discapacidad
21/08/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Seguro de que en Senado también pierde, prevé judicializar la ley. Otra alternativa: aplicar una norma de 1992. Críticas a Spagnuolo y efecto cierre de listas.
El gobierno de Javier Milei recibió este miércoles un nuevo duro golpe legislativo, tras el rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. Si bien todavía faltan los votos del Senado, donde estiman otra derrota, la Casa Rosada ya evalúa alternativas para evitar pagar los aumentos: uno será recurrir a la Justicia para sostener el rechazo presidencial, mientras analiza también aplicar la ley de Administración Financiera, sancionada en 1992.
La estrategia del Gobierno tras la derrota
Según pudo saber Letra P, la cúpula libertaria tiene en carpeta dos estrategias para evitar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad, que fue festejada por buena parte de la oposición y distintas organizaciones sin fines de lucro. La más directa sería avanzar con algún tipo de reclamo en la Justicia, tema en el que está trabajando María Ibarzábal, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia que responde a Santiago Caputo.
El argumento para tomar esta salida es que el poder Legislativo no tendría la potestad de ordenarle al Ejecutivo cómo distribuir los gastos, pese a que este miércoles el peronismo y sectores de la oposición lograron retrotraer el veto presidencial.
Algo de esta idea quedó explícita en la previa del revés legislativo cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró en distintas intervenciones mediáticas que las normas aprobadas en el Congreso no podrían ser aplicadas: "Si vamos a ser legalistas, deberían estar en el Presupuesto. No puede el Poder Legislativo decirle al Ejecutivo cómo gastar", advirtió.
Para el ministro coordinador, el Gobierno no tiene "recursos para enfrentar esto", razón por la cual sostuvo que "no se puede cumplir" con la ley. De ahí que el segunda salida que evalúa tomar la Casa Rosada sea la de recurrir a la ley 24.156 de Administración Financiera, sancionada en 1992. En el artículo 38 de dicha norma, se explicita que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".
Los aumentos por fuera de la ley que evalúa la Casa Rosada
Horas antes que la Cámara de Diputados rechace el veto del Presidente, el vocero Manuel Adorni abrió el paraguas y anunció que el Gobierno evaluaba un aumento en las prestaciones de discapacidad.
Lo hizo en un breve posteo en su cuenta personal de Twitter, que fue leído entrelíneas como un gesto político para que los diputados y diputadas aliadas no se rebelen contra la medida oficial. En síntesis, el encargado de la comunicación oficial prometió un "financiamiento más justo y acorde a la realidad", aunque, al cierre de esta nota, no específico el alcance de la medida, como así tampoco los montos.
De todos modos, mientras todavía transcurrían las exposiciones en la cámara baja, en la que ya se percibía una nueva dura derrota legislativa, en los pasillos de Balcarce 50 no ahorraban críticas contra el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien todavía tiene a su cargo el área que debe otorgar las pensiones. "Tendría que haberlo hecho hace mucho", reconocieron, en referencia a autorizar algún tipo de incremento para encapsular el problema.
Javier Milei no consiguió el respaldo de sus antiguos héroes
En octubre del año pasado, el líder libertario había conseguido el respaldo de 87 legisladores, a quienes rápidamente denominó sus "héroes", para sostener el por entonces incipiente veto a la ley de Financiamiento Universitario. En ese momento, incluso, estuvieron de su lado varios representantes de la Unión Cívica Radical, el partido que siempre enarboló las banderas de la educación pública, a quienes incluso invitó a cenar a la Quinta de Olivos.
Sin embargo, en esta nueva jornada, el oficialismo estuvo lejos de aquella hazaña. Es que, el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad fue rechazado con 172 votos - dos tercios justo del recinto - y apenas 67 en contra. Hubo, además, dos abstenciones.
La merma del apoyo político de la oposición dialoguista se debió, según indicaron algunas fuentes inobjetables de la administración libertaria, a las tensiones propias del año electoral y del reciente cierre de listas. De hecho, con la votación cerrada quedó claro que La Libertad Avanza no tuvo, como el año pasado, el favor de los radicales y los partidos provinciales, y hasta sufrió deserciones en su propio bloque. Algunos aliados del PRO también dejaron vacías sus bancas.
María Eugenia Vidal y Gabriela Besana, dos macristas que se quedaron afuera del cierre de listas entre LLA y PRO, se abstuvieron; mientras que Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro, del espacio libertario, fueron incluso más allá y votaron en contra.
Lo mismo sucedió con los diputados que responden a los gobernadores que supieron ser aliados claves de la Casa Rosada, como Gustavo Saénz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut) y Hugo Passalacqua (Misiones), la mayoría de ellos también descontentos con el armado electoral que diseñó Lule Menem, una de las personas de confianza de Karina Milei.
En julio, la cúpula violeta advertía sobre esta crisis de relaciones con las provincias aliadas, sobre todo después de haber padecido una de las peores semanas políticas con una seguidilla de derrotas legislativas, en parte por la presión de la totalidad de los gobernadores que obligaron a Milei con un proyecto de ley a repartir nuevos fondos para obras públicas. Por eso, la decisión del jefe de Estado fue sacar a la cancha nuevamente a su ala dialoguista, representada por Francos y Santiago Caputo, que buscaron a contrarreloj reestablecer el diálogo con la oposición.
En las horas previas, ambos buscaron sostener el veto de Milei, sin embargo, no tuvieron éxito.
Fuente de la Información: Letra P
