La asesora general de Incapaces de Salta cuestionó la baja de la edad de punibilidad
12/02/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La titular del Ministerio Público Pupilar de Salta se pronunció contra el proyecto del Gobierno nacional. Señaló que bajar la edad reduce el debate, no impacta en la inseguridad y desconoce las condiciones sociales y de desarrollo de NNyA
La asesora general de Incapaces del Ministerio Público Pupilar de Salta, Mirta Lapad, se pronunció en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de punibilidad. Su postura quedó expresada en el marco del pronunciamiento del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA).
“Venimos expresando desde el año pasado, junto al Consejo Federal de Defensores y de Asesores Generales de la República Argentina, que no estamos de acuerdo”, señaló Lapad.
Para la funcionaria del Ministerio Público Pupilar, avanzar con la baja de la edad de punibilidad implicaría un retroceso en materia de derechos. “Sería un retroceso. Es necesario un régimen aggiornado a la realidad pero centrar la discusión en bajar la edad es reducir el debate”, sostuvo.
Lapad puso el foco en las problemáticas estructurales que atraviesan muchos adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. “Estamos hablando de chicos que, en general, tienen su problema de base en las adicciones, ya sea el alcohol o la droga. En este aspecto, debemos ayudarlos a transitar estas realidades y no llegar solo como sancionadores”, afirmó.
También advirtió sobre la ausencia de políticas públicas integrales y cuestionó el impacto real de la iniciativa oficial. “No creo que, en cuanto a los índices o indicadores delictivos, este proyecto vaya a modificar la inseguridad”, planteó.
“Profunda preocupación”
El posicionamiento de Lapad se inscribe en el marco de un pronunciamiento conjunto difundido por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, del que forma parte, y ADEPRA. Ambas instituciones expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de ley de modificación al régimen penal juvenil que está en tratamiento en el Congreso.
Señalaron que la medida es innecesaria, ya que la cantidad de delitos graves cometidos por menores de 18 años es poco representativa y, en el caso de los menores de 16 años, aún inferior.
“La mayoría de los delitos que involucran a los adolescentes en nuestro país se refieren a delitos contra la propiedad (robos y hurtos)”, destacaron.
También remarcaron que “casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes se concentran en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y CABA”, mientras que en el resto del país la realidad es muy diferente.
En el comunicado se señaló que los niños, niñas y adolescentes merecen una protección y un trato diferencial, “toda vez que científicamente está demostrado que el lóbulo frontal no alcanza la madurez hasta después de los 20 años”. Este lóbulo frontal es “el encargado del autocontrol, la toma de decisiones, el desarrollo abstracto y la anticipación de las consecuencias”.
En ese marco, estas instituciones recordaron que “los niños, niñas y adolescentes no son adultos pequeños sino seres humanos que se encuentran en desarrollo, razón por la cual no se puede legítimamente pretender" que “tengan mismas penas o responsabilidades que los adultos”. Agregaron que “esta verdad científica se reconoce en numerosos fallos en todo el mundo” y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la tomó en cuenta en la resolución del denominado “caso Mendoza”.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina recordaron que el Comité de los Derechos del Niño (NU) recomendó en 2018 modificar el régimen penal juvenil argentino para adecuarlo a la Convención sobre los Derechos del Niño, enfatizando que no se deben incrementar las penas ni reducir la edad de responsabilidad penal, y que se deben promover medidas no judiciales.
También citaron el artículo 37 b) de la Convención, que establece que “la privación de libertad se utilizará como medida de último recurso y por el período más breve que proceda”.
“Afirmamos que el proyecto es perjudicial porque está comprobado que la privación de libertad afecta el desarrollo emocional del adolescente y que el contexto carcelario favorece a una dinámica de violencia, reproducción de traumas y consolidación de identidades negativas. Si bien en varios países de la región las edades de punibilidad resultan ser inferiores a la Ley Argentina; no es menos cierto que ello no ha significado la disminución del delito”, sostuvieron.
A modo de comparación, el documento señaló que Argentina registra un índice de homicidios de 3,7 cada 100.000 habitantes con una edad de punibilidad de 16 años, mientras que Paraguay, con una edad de responsabilidad penal de 14 años, alcanza los 6,2; Uruguay, con 13 años, los 10,07; México, con 12 años, los 22,6; y Brasil, también con 12 años, los 23,01 homicidios cada 100.000 habitantes.
Finalmente, solicitaron a las autoridades legislativas y al Poder Ejecutivo Nacional que desistan de avanzar con el proyecto.
“Solicitamos, en función de que no existe ninguna urgencia, que se analicen otros proyectos que tienen o han tenido trámite parlamentario y que se pueden integrar con el presente. Es imperioso que se consulte con especialistas y operadores del sistema, en función de la importancia y transcendencia social de la temática, no existen razones que justifiquen un tratamiento apresurado”, concluyeron.
Nuevo dictamen de mayoría
El Gobierno nacional apunta, entre otros aspectos, a bajar la edad a partir de la cual un adolescente puede ser condenado por el sistema penal. Su proyecto pretendía fijar la edad de punibilidad en 13 años, pero lo retiró ante la falta de consensos políticos incluso entre sus aliados.
Sin embargo, durante las sesiones extraordinarias de este miércoles, un plenario de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen de mayoría a la iniciativa que fija la edad de punibilidad en 14 años. Esto ya se había consensuado el año pasado, pero venció y perdió estado parlamentario. Ahora se introdujeron algunas modificaciones.
El proyecto será tratado este jueves 12, desde las 11, en una sesión especial.
El nuevo dictamen incorpora el artículo 51, que establece una asignación presupuestaria específica y define las fuentes de financiamiento para la implementación del Régimen Penal Juvenil.
El dictamen de mayoría se alcanzó en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado; de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de la diputada salteña Gabriela Flores; de Justicia, encabezada por Álvaro Martínez; y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch. Todos integran el bloque de La Libertad Avanza.
Fuente de la Información: Página 12
