Juicio desde el lunes a los 20 implicados por la causa droga en la cárcel
02/08/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El lunes 4 de agosto, a partir de las 8, dará inicio en la Sala 7 del Tribunal de Juicio el debate contra veinte personas acusadas de integrar una organización narco-criminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Salta.
El lunes 4 de agosto, a partir de las 8, dará inicio en la Sala 7 del Tribunal de Juicio el debate contra veinte personas acusadas de integrar una organización narco-criminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Salta.
Entre los imputados se encuentran ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares.
El proceso, que prevé la declaración de más de 180 testigos, estará a cargo de un tribunal colegiado conformado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (vocales).
La acusación será sostenida por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Alto impacto institucional
La causa se originó a partir de denuncias anónimas que apuntaban a prácticas de corrupción dentro del penal de Villa Las Rosas.
Según la investigación, agentes penitenciarios solicitaban sobornos a los internos o a sus familiares a cambio de favores como salidas transitorias, traslados, mejoras en las condiciones de detención o el ingreso de elementos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares, alimentos y drogas.
Durante el proceso de instrucción se intervinieron más de 20 líneas telefónicas, se analizaron más de 50 cuentas bancarias con más de 1.000 transferencias realizadas por familiares de internos, y se tomaron al menos 90 testimonios.
Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2021 y 2023.
Los funcionarios penitenciarios imputados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García. Se los acusa de exacciones ilegales agravadas (concusión), comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita.
El resto de los imputados —internos y familiares— enfrenta cargos por comercialización agravada de drogas y asociación ilícita.
Un esquema delictivo estructurado
Según el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una estructura organizada en la que cada integrante cumplía un rol específico.
Se identificaron tres ejes principales en el funcionamiento del sistema: la distribución de estupefacientes dentro del penal, los nexos externos encargados de manejar el dinero y las cuentas bancarias, y la colaboración necesaria de funcionarios públicos que permitían o facilitaban el ingreso de sustancias ilegales.
Las transacciones ilegales se realizaban tanto de forma digital como en efectivo, y los contactos entre penitenciarios y familiares eran clave para sostener el circuito delictivo.
Además, la causa detalla que varios testigos y denunciantes sufrieron amenazas e intentos de amedrentamiento durante el curso de la investigación.
La gravedad institucional de los hechos motivó la conformación especial de la Unidad Fiscal mediante resolución del 19 de diciembre de 2023, con base en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La participación directa del procurador Castiella fue justificada por el potencial impacto de la causa en el sistema penitenciario y en los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
