Insisten en que se amplíen los plazos de las auditorías por discapacidad
19/04/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En Tartagal hubo una protesta de comunidades indígenas. La Nación dejó la auditoría en manos de una empresa privada vinculada al diputado nacional libertario Manuel Quintar. Investigan 55 mil pensiones otorgadas en Salta y 26 mil en Jujuy
En Tartagal hubo una protesta de comunidades indígenas. En Diputados se volvió a manifestar preocupación por la posible quita de pensiones a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad extremo. La Nación dejó la auditoría en manos de una empresa privada vinculada al diputado nacional libertario Manuel Quintar. Investigan 55 mil pensiones otorgadas en Salta y 26 mil en Jujuy
Comunidades originarias de la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, se manifestaron ante la ANSeS para pedir la prórroga de los plazos de las auditorías dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Quedaron en darnos una respuesta”, dijo a Salta/12 Fernando Martínez, quien el jueves último encabezó el reclamo junto a Alejo Sánchez, de la Comunidad indígena Kilómetro 6.
Entre los fundamentos elevados por las comunidades, se señala que los beneficiarios fueron enviados a clínicas de Tartagal para verificar su situación de discapacidad pero “no alcanzan los médicos” para atenderlos.
En algunos casos las cartas documento les indican que deben realizar la verificación de su situación en la ciudad de Orán, en el departamento del mismo nombre, o la ciudad de Salta, que distan 130 y 351 kilómetros de sus lugares de residencia, lo que representa una nueva dificultad, dado que deben costearse también los pasajes.
Además, otra dificultad que reseñaron es que una vez conseguido el certificado médico de dispacidad deben dirigirse a la oficina de la ANSeS para cargarlos. Pero “tampoco hay turnos suficientes y nos reconocieron que por esta situación están saturados”.
Además, hay inconvenientes adicionales vinculadas con la forma de vida de las comunidades originarias, hay personas que no cuentan con direcciones con numeración, por lo que “las notificaciones nunca pudieron llegar a esos domicilios”, indicó el referente. Incluso creen que en muchos casos las cartas documento nunca llegaron a sus destinatarios. “Entonces no saben a quien llegó y a quien no”.
La misma situación fue comentada por José Hugo, cacique de la Comunidad wichí Carpintero, ubicada en la jurisdicción de la localidad de Dragones del departamento San Martín, en el límite con Rivadavia.
Hugo mostró que, en algunos casos, pese a que se domicilian en esta Comunidad del departamento San Martín, los beneficiarios aparecen en direcciones del departamento Rivadavia y por lo tanto, son enviados a presentarse ante la delegación de la ANSeS de la localidad de Rivadavia Banda Sur, que les queda a unos 500 kilómetros. “Son cuatro o cinco horas de viaje”, afirmó el cacique. Y es que primero deben ir a Embarcación para de allí seguir a Rivadavia Banda Sur. El pasaje en colectivo ida y vuelta implica un gasto de 70 mil pesos.
Hugo afirmó que otra complicación con la que se encuentran es que ni siquiera cuentan con “un asesor” que les pueda explicar la situación. “Estamos a más de 24 kilómetros de la ruta (nacional 81), no tenemos internet y no llega la luz eléctrica”, afirmó al dar cuenta de las condiciones en las que viven en esa zona, condiciones que no han sido tenidas en cuenta por el gobierno nacional a la hora de requerirles que se sometan a auditorías de manera perentoria.
Tanto Hugo como Martínez indicaron que la preocupación tiene que ver con el hecho de que muchas familias sobreviven con estos fondos. Afirmaron que prevén la presentación de un recurso de amparo para frenar los plazos en el entendimiento de que si les quitan estos beneficios “vamos a morir de hambre”.
Un entorno más complejo
En el territorio hay quienes reconocen que puede haber pensiones por invalidez que se otorgaron desde la crisis del 2001. Las pensiones concedidas en Salta están bajo investigacion de la Justicia Federal, igual que las de Jujuy.
“Por más vulnerable que una persona sea no tiene derecho a recibir esa asignación. Quizás sí, derecho a recibir otra asignación. Pero no esa”, respondió el fiscal federal general de Salta, Carlos Amad, en una entrevista que brindó al canal de noticias VideoTar.
El fiscal inició una investigación por el otorgamiento de certificados médicos obligatorios de discapacidad falsos en la localidad de Taco Pozo, en la provincia del Chaco. Lo hizo en calidad de subrogante de la fiscalía federal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Taco Pozo linda con la provincia de Salta.
Amad sostuvo que en Salta se investiga el otorgamiento de 55 mil pensiones no contributivas y en Jujuy, 26 mil, para determinar si hay irregularidades. “Yo investigo un hecho criminal de dar beneficios o exenciones a quienes no les corresponden. De allí por cuáles motivos se los entregaron, no es mi problema, porque sigue siendo un delito”, afirmó el fiscal.
Aclaró a Salta/12 que fue la Fiscalía la que pidió las auditorías a la ANDIS para continuar con la investigación en curso.
Las cartas documento que están recibiendo las personas que cuentan con pensiones por discpacidad indican que el objetivo final es “garantizar la transparencia”. Sin embargo, con la contratación de la empresa Los Lapachos para que certifique las discapacidades, se iniciaron los cuestionamientos.
La empresa está ligada al diputado nacional libertario por Jujuy, Manuel Quintar, y también a la candidata libertaria a diputada en Salta, Alba Quintar, hermana de Manuel.
La firma fue contratada por el gobierno nacional pese a que el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, había ofrecido esta cartera colaborara con las auditorías haciendo las planificaciones necesarias ante las características del territorio provincial. Y es que, al parecer por desconocimiento de la realidad geográfica salteña, la ANDIS está exigiendo a muchas personas realizar los controles en lugares muy alejados de su lugar de residencia.
“El trámite administrativo escapa a mi competencia”, respondió Amad al medio tartagalense al ser consultado sobre este particular.
Planteo ante el COFESA
La secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la provincia, Fabiana Ávila, indicó a los diputados provinciales que la problemática será planteada en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) en los próximos días.
En una reunión que mantuvieron el martes último, Ávila afirmó que la empresa privada Los Lapachos es la “única responsable de definir la logística, cronogramas y puntos de atención”. Destacó la importancia de garantizar el acceso efectivo de todos los beneficiarios al proceso de revisión, teniendo en cuenta las dificultades de traslado y conectividad que enfrentan muchos, en especial en zonas rurales o de difícil acceso.
Los diputados expusieron las dificultades que tienen muchas personas con pensiones por discapacidad para cumplir con los requerimientos establecidos, tanto por razones burocráticas como por las distancias que deben recorrer para acceder a los turnos asignados por la empresa. En ese marco, hicieron hincapié en la necesidad de reforzar las acciones asegurando que ningún beneficiario legítimo sea excluido del sistema y despojado injustamente de su pensión, y enfatizaron que, en muchos casos, este beneficio es una fuente de ingresos esencial para las familias vulnerables.
Recordaron que el 8 de abril aprobaron un proyecto de declaración solicitando una revisión y ampliación del tiempo dado para cumplir con la entrega de la documentación requerida.
Fuente de la Información: Página 12
