Escondían un celular en el cuerpo de un compañero de detención
31/07/2023. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Imputan a 16 internos por violación en una Comisaría. El abogado José Díaz Cueto, de la Asociación Pensamiento Penal, problematizó la acusación, porque la agresión buscaba esconder el teléfono que usaban para comunicarse con familiares.
La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a 16 hombres privados de la libertad por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes en perjuicio de otro hombre detenido.
La investigación fiscal se inició el 10 de julio pasado, cuando un hombre que se hallaba detenido en la División Brigada de Investigaciones de Orán desde marzo pasado, solicitó asistencia médica por un fuerte dolor estomacal. Entonces relató que mientras se encontraba en la celda, otros detenidos le habían introducido un celular en su cuerpo.
El hombre fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul de Orán donde una radiografía confirmó la presencia de un objeto extraño en su cuerpo. El Ministerio Público fiscal informó que después de la intervención quirúrgica y una vez recuperado, el hombre denunció que desde fines de mayo un compañero de celda le introducía en el cuerpo por la fuerza el celular que iba atado con un piolín. Dijo que esto se hacía a las 5 de la mañana y se lo retiraban cerca del mediodía, y que los otros detenidos en la celda lo amenazaban si no permitía la maniobra.
La fiscalía también determinó que el propósito de tal abuso "era evitar que el dispositivo fuera descubierto durante alguna requisa y así poder utilizarlo para comunicarse con sus familiares que se encontraban en el exterior".
Teniendo en cuenta todo ello, la fiscala Filtrín Cuezzo inició la investigación con el fin de determinar las personas involucradas en esta práctica y esto tuvo como consecuencia la imputación de 16 detenidos.
La fiscalía calificó el hecho como abuso sexual, pero el abogado Josué Díaz Cueto, que presentó un habeas corpus en Salta para el uso de celulares en los establecimientos de privación de libertad, señaló que la motivación es distinta a la que suele haber en los delitos sexuales. "Tiene una tipificación penal como una agresión sexual, un delito contra la integridad sexual", pero "la motivación en la comisión del hecho es totalmente distinta (de lo que) el sentido común podría inducirnos a pensar qué motiva la comisión de un hecho así", advirtió.
Díaz Cueto señaló que el ataque a la integridad sexual de cualquier persona "generalmente y por sentido común tiene por finalidad satisfacer también un deseo sexual", algún tipo de "morbo" o "de alteración en los deseos sexuales". "Pero en este caso la situación es totalmente distinta. Lo realizan para ocultar un teléfono celular para que no sea secuestrado por la requisa que efectúa el personal del Servicio Penitenciario y es en ese contexto creo que tiene que evaluarse por lo menos dentro de lo que se refiere a las políticas penitenciarias", sostuvo.
El abogado consideró que este es "un método o una forma válida de leer también el caso", "teniendo en cuenta que existe un fallo de la Corte de Justicia de Salta, que si bien en principio estaría limitado a una situación de pandemia o de emergencia sanitaria y que tiene por finalidad garantizar el derecho a la comunicación o el acceso a la comunicación por parte de las personas privadas de la libertad, vale aclarar también que esto engloba tanto a personas imputadas que se encuentran sometidas a un proceso penal en calidad de privadas preventivamente de la libertad como condenadas, o sea que se encuentran en establecimientos penitenciarios, alcaidías, unidades carcelarias o en comisarías, porque en nuestra provincia existen muchas personas que se encuentran alojadas en comisarías".
Las comunicaciones en detención
Asimismo, Díaz Cueto consideró "una cuestión válida analizar cómo ingresó ese aparato sin debido control de las autoridades. Lo cierto es que se ingresó, podemos especular una y mil formas de cómo ingresó ese dispositivo electrónico, pero la realidad es que ingresó. Ahora bien, lo que se planteó desde la Asociación Pensamiento Penal en aquella oportunidad con el habeas corpus fue justamente el ingreso de dispositivos electrónicos, concretamente telefonía celular, para que los internos puedan comunicarse con sus allegados desde dentro de las unidades penitenciarias y carcelarias sin depender exclusivamente de la telefonía pública, que también es excesivamente escasa dentro de los establecimientos y que también es un foco de conflicto permanente".
El 27 de abril del año pasado la Corte de Justicia de Salta confirmó el habeas corpus interpuesto por Díaz Cueto en representación de la Asociación Pensamiento Penal, y habilitó el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, la provincia no cumplió todavía con esta manda.
La presentación de la APP fue realizada en el contexto de las medidas de aislamiento por la pandemia de la covid-19 cuando se habían restringido las visitas de familiares. Sin embargo, por una apelación de la provincia de Salta llegó a la Corte, lo cual demoró el proceso, pero finalmente hubo un fallo favorable el año pasado.
Díaz Cueto evaluó que si se estuviera aplicando el fallo confirmado por la Corte este hecho hubiera sido evitable. "Yo creo que de esa forma se habría evitado justamente este hecho tan aberrante y tan censurable, por supuesto. Ahora bien, dudo que sea el único hecho que se haya producido por una cuestión como esta, es decir, por el acceso a la comunicación o por el acceso a la telefonía celular que, de hecho, existe dentro de los establecimientos penitenciarios pero en clandestinidad", manifestó.
Díaz Cueto interpretó que el fallo de la Corte ha dejado "las puertas abiertas para que incluso en momentos de no emergencia sanitaria, en momentos de normalidad como el actual, puedan los internos acceder a una telefonía móvil particular de su propiedad dentro de los establecimientos penitenciarios con un debido control, por supuesto, de trazabilidad de cada uno de esos aparatos, con su debido número de IMEI, con su debido número e identificación de SIM y de línea".
Si bien el Comité Provincial contra la Tortura no decidió todavía si intervendrá en este caso, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, en su informe sobre las inspecciones realizadas a la provincia de Salta, señaló la grave problemática del hacinamiento en comisarías y dependencias policiales y de violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en esas circunstancias, ya que estos espacios no son lugares aptos para detenciones prolongadas. El Comité Nacional también recomendó que se cumpla con el fallo de la Corte de Justicia salteña sobre el uso de teléfonos celulares en lugares de detención.
Fuente de la Información: Página 12
