El martes seguirán réplicas en el juicio a guardiacárceles
24/09/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En la Sala de Grandes Juicios se desarrolló la vigesimoséptima jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares.
Tal como estaba previsto, la jornada inició con la ronda de réplicas a los alegatos. La Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, respondió a los argumentos de las defensas de los imputados Héctor Gustavo Banegas, Ivana Marcela Gutiérrez, Francisco Arturo Bisceglia y Rubén Antonio Guaymás.
Las defensas de los imputados realizaron sus contraréplicas.
Luego, el Tribunal de Juicio -compuesto por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar- dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de septiembre, en que continuarán las réplicas.
El procurador general Pedro García Castiella cerró los alegatos del Ministerio Público Fiscal destacando la extrema gravedad institucional del caso, la sistemática violación de derechos humanos dentro del penal y la transformación de la cárcel en un “quiosco” por parte de los imputados. Subrayó que la investigación busca garantizar la verdad real y advirtió que la corrupción detectada afecta la prevención especial y general, así como la confiabilidad del sistema penitenciario.
Para la fiscalía hubo una asociación ilícita
La segunda jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio seguido contra miembros del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, inició con la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, asegurando que, cada testimonio y cada prueba presentada durante el juicio conducen a una conclusión inequívoca: en la Unidad Carcelaria 1 existió una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal y a cometer exacciones ilegales, apartándose deliberadamente -y en ocasiones hasta de manera omisiva- de toda la normativa que rige la función y misión del Servicio Penitenciario.
Para Unidad Fiscal, quedó demostrado sin lugar a dudas que los imputados, organizados y con jerarquías definidas, sostuvieron un sistema criminal con distribución de tareas y dos fines centrales: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los internos, y la comisión de exacciones ilegales. Subrayó que ambos hechos “siempre reportaron un beneficio económico para los acusados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa”.
“Insisto en este punto -remarcó la fiscal- porque la defensa intenta instalar que determinadas acciones no pueden ocurrir porque así lo dice la norma. Pero justamente lo que probamos es que los hechos ocurrieron al margen de lo que establece la norma”.
A partir de testimonios y prueba documental, la fiscalía sostuvo que la conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
