El caso Monges llega a Casación:¿anularán la condena de los Bejarano? La defensa denuncia pruebas ilegales
14/05/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Este miércoles, a las 10, la Cámara Federal de Casación Penal será escenario en Buenos Aires de una audiencia por la causa de Darío Monges, asesinado en septiembre de 2022 y hallado en una camioneta en barrio El Círculo.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver dos impugnaciones: una presentada por la defensa oficial de David y Santiago Bejarano, que solicita anular sus condenas a prisión perpetua, y otra formulada por el fiscal Eduardo Villalba y el abogado querellante Nicolás Escandar, en representación de la familia de la víctima, que pide revocar la absolución de Roberto Catalino Bejarano, padre de los acusados. La audiencia es este miércoles a las 10, en Buenos Aires.
Este miércoles, a las 10, la Cámara Federal de Casación Penal será escenario en Buenos Aires de una audiencia por la causa de Darío Esteban Monges, asesinado en septiembre de 2022 y hallado en el interior de una camioneta en barrio El Círculo, en la capital salteña. En esta instancia, los jueces deberán resolver dos impugnaciones: una interpuesta por la defensa oficial de los hermanos David y Santiago Bejarano, condenados a prisión perpetua a fines del año pasado, y otra impulsada de forma conjunta por el fiscal Eduardo Villalba y el abogado querellante Nicolás Escandar, en representación de la familia de la víctima. Solicitan que también sea condenado el padre de los acusados, Roberto Catalino Bejarano. En la etapa de Casación intervendrá el fiscal Javier de Luca.
La impugnación de la defensa fue presentada por la defensora pública Clarisa Galán Muñoz, quien sostiene que el proceso estuvo viciado desde el inicio y que la condena a prisión perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 fue "arbitraria, ilegítima y basada en pruebas ilegales, testimonios mendaces y un enfoque sesgado".
Duros cuestionamientos de la defensa
Galán cuestionó en duros términos la actuación de la policía provincial (ya que la investigación estuvo en primera instancia en la Provincia), el Ministerio Público Fiscal y el propio tribunal. "Desde un primer momento se privó a nuestros asistidos del derecho a un juicio justo. La investigación fue direccionada de manera deliberada contra los hermanos Bejarano, ocultando o tergiversando información, con el objetivo de encubrir redes de poder y actividades ilegales en las que estaba involucrada la propia víctima", sostiene el recurso.
La impugnación, de más de 170 páginas a la que accedió El Tribuno, plantea que el caso fue investigado y juzgado con base en prejuicios, falacias, violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia, y que se utilizó prueba obtenida de manera ilícita o sin valor técnico para justificar una condena que ya estaba decidida de antemano.
Por otra parte, la querella y la fiscalía sostienen que hay responsabilidad y participación de Catalino Bejerano. Se basan en la prueba odorlógica que fue correspondiente para su muestra. "Sostenemos que no puede haber habido transferencia genética en la prueba, como argumentó el tribunal para absolverlo, y que su presencia en el asiento trasero de la camioneta de la víctima solo puede explicarse por su participación en el crimen", expusieron. Destacan los puntos por los que fueron condenados los hermanos Bejarano.
Monges apareció sin vida en su camioneta.
La defensa pide anular todo el juicio
Uno de los pilares de la crítica defensiva es la utilización de un testigo de identidad reservada, cuya declaración resultó determinante para la condena. Galán denuncia que este testigo fue incorporado de forma irregular, sin cumplir los requisitos legales para ocultar su identidad (como el riesgo cierto y grave para su integridad), y que además brindó un testimonio de "oídas": sus afirmaciones se basaban en lo que supuestamente le había contado un tercero —Marcos González—, quien luego negó esos dichos.
A esto se suma que el testigo en cuestión habría sido llevado por la policía a un allanamiento antes de ser formalmente incorporado en la causa, lo que, para la defensa, demuestra que se lo utilizó como fuente oculta, sin control judicial ni posibilidad de contradicción.
"Se trató de una práctica absolutamente incompatible con un Estado de Derecho. Esta persona no solo declaró en condiciones excepcionales sin justificación, sino que además fue la base sobre la que se orientó toda la producción de prueba posterior", señaló Galán.
La presentación remarca que, sin ese testimonio, ninguna de las otras pruebas reunidas durante el juicio permitía sostener la presencia ni la participación de los Bejarano en el crimen, y acusa al tribunal de otorgar a ese relato una credibilidad "casi absoluta", sin fundamentos y en perjuicio de la defensa.
"Prueba ilícita y violación de garantías"
Otro de los agravios planteados por la defensora es la obtención y utilización de prueba digital obtenida sin orden judicial ni cadena de custodia válida. Remarcó que la policía clonó el chip del celular de Monges sin autorización judicial, accedió a sus conversaciones de WhatsApp y redes sociales, manipuló la información y utilizó esos datos para construir la hipótesis de la fiscalía.
Además, se realizaron allanamientos nocturnos sin orden judicial, disfrazados como "entregas voluntarias", incluyendo el ingreso ilegal al domicilio de David Bejarano y la inspección de su celular. "El tribunal aceptó evidencia recolectada con graves violaciones a las garantías constitucionales y no adoptó ninguna medida efectiva para excluirla del juicio", afirma Galán.
También se cuestiona la prueba genética: en el vehículo donde fue hallado el cuerpo de Monges se encontraron células epiteliales de David Bejarano en el volante y la palanca de cambios, pero no hubo rastros de Santiago ni del padre, y sí de terceros que nunca fueron identificados ni investigados. Para la defensa, esto coincide con la versión que los imputados dieron desde el inicio: que estuvieron en ese vehículo el 31 de agosto, un día antes del asesinato.
Benjamín Cruz y narcos
En el juicio se mostró un video en el que se ve a Monges ser requisado por personas antes de encontrarse con Gringo Palavecino.
En el escrito también se señala que la víctima, Darío Monges, mantenía vínculos estrechos con actores del narcotráfico y funcionarios políticos, lo cual no fue investigado ni valorado por el tribunal. La defensa sostiene que Monges actuaba como intermediario en gestiones ante organismos oficiales, visitaba a presos de alta peligrosidad (como Oscar "Cabeza" Díaz y el "Gringo" Palavecino), y contaba con la protección de Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad de la provincia, quien actualmente está imputado por tráfico de influencias en la Justicia provincial. Incluso en el juicio se mostró un video en el que Monges mantenía conversaciones con Palavecino, mientras este último estaba prófugo.
Estos antecedentes —sumados a un crecimiento patrimonial abrupto y la creación de sociedades comerciales sin actividad real—, según la defensa, muestran que Monges se encontraba inmerso en un entorno de riesgo, y que su asesinato pudo haber estado vinculado con otras personas o motivos que jamás fueron indagados por la fiscalía ni la policía. En el juicio, el padre de Monges también apuntó por los mandados que hacía Darío a pedido de Cruz.
"El caso fue construido con una visión de túnel, descartando cualquier elemento que no encajara con la hipótesis inicial", planteó Galán, quien acusó a los investigadores de presionar testigos, ocultar evidencia exculpatoria y actuar con sesgos cognitivos que distorsionaron la investigación desde el inicio.
En junio de 2022, Benjamín Cruz facilitó el ingreso de Monges a la cárcel de Orán para ver a Oscar Cabezón Díaz.
Qué puede resolver Casación
Durante la audiencia de este martes, la Cámara de Casación deberá escuchar los argumentos de ambas partes. La defensa solicita que se anule el juicio y la condena, y que se realice un nuevo debate oral. Por su parte, la querella y la fiscalía piden que se revierta la absolución de Roberto Catalino Bejarano, padre de los condenados, y que también sea declarado culpable como partícipe del homicidio.
La audiencia se hará en Buenos Aires y se espera que haya una resolución en julio.
Fuente de la Información: El Tribuno
