El 25N en Salta: redes de trata, violencia sexual y un Estado que llega tarde
26/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La existencia de una red de trata que captó a niñas y adolescentes en escuelas salteñas atravesó el 25N y volvió a exponer un vacío estatal que se repite en cada caso de violencia
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Diversidades, la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta volvió a ocupar el centro con una consigna que retumbó desde la Ciudad Judicial hasta la plaza 9 de Julio: “Nuestras vidas valen. ¡Paren de matarnos!”.
La jornada estuvo marcada por la investigación judicial sobre una red de trata que captaba niñas y adolescentes en escuelas públicas y privadas, mediante grooming, manipulación y amenazas. Una estructura que actuó bajo las narices del Estado y que dejó expuesta la precariedad de los sistemas de protección de infancias y adolescencias.
Mientras los pañuelos, carteles y cuerpos avanzaban entre cantos, testimonios de madres, docentes, sobrevivientes, trabajadoras, referentes indígenas y militantes dejaron una única certeza: no son casos aislados en Salta, dado que la violencia sexual y la explotación de niñas atraviesa barrios, instituciones y territorios.
Una de las primeras en tomar el micrófono durante la movilización fue Yanela Barrios, de Madres Protectoras de Salta. Su intervención, sostenida en años de denuncias y criminalización, retumbó ante la multitud. “Basta de violencia sistemática, de violencia del Poder Judicial, de violencia institucional, de criminalizarnos por salir a hablar. No son falsas denuncias: son abusadores, violentos y femicidas buscando impunidad”, manifestó.
El mensaje que se repitió El mensaje que se repitió (Maira López)
Barrios denunció que en la provincia “operan redes de trata que reclutan dentro de los colegios, vinculadas a circuitos de pedofilia y explotación” por lo que exigió que el sistema actúe porque “nuestras infancias están en riesgo”. La referenta remarcó que las escuelas deben ser lugares seguros y no un territorio de reclutamiento. “Basta de redes de trata. Basta de impunidad. Exigimos protocolos, prevención real, investigación y justicia. Las infancias no se negocian”, afirmó.
Entre las que marcharon también estaban muchas docentes que vienen siguiendo con alarma el avance del crimen organizado sobre las adolescencias. Daniela Planes, maestra e integrante de Pan y Rosas, subrayó la dimensión política del fenómeno: “La red que se está investigando involucra a jóvenes estudiantes. Nos conmocionó”, reconoció. Afirmó además que en estas redes intervienen instituciones policiales, la justicia y los propios gobiernos. Por eso “es tan importante estar en las calles, reaccionar rápido cuando desaparece una piba. Estas redes actúan muy rápido”, marcó.
Sostuvo también que las infancias y adolescencias tienen derecho a crecer en libertad. “Y mientras tanto enfrentamos a la justicia reaccionaria, el ajuste y la reforma laboral que impulsa Milei con cómplices como Sáenz”, cerró.
“Esperemos condenas”
Para Tania Kiriaco, asesora legal de la Fundación Gema, la magnitud de esta organización criminal todavía no repercutió socialmente como debería. Reiteró que en Salta hay una red de trata que afecta a niñas y adolescentes de colegios públicos y privados. Hasta ahora la fiscalía federal ya imputó a nueve hombres.
Kiriaco dijo que el Ministerio de Educación de la provincia, a través de la enseñanza en educación sexual integral, “debe advertir que pueden ser víctimas”. “Necesitamos campañas de concientización y que los implicados reciban condenas”, aseguró.
Por su parte, la investigadora en violencia de género Florencia Soraire ubicó el problema en un entramado más amplio que combina narcotráfico, violencia patriarcal e impunidad. Y convocó a no “permitir que el narcotráfico se siga llevando a nuestros pibes y pibas”. “Sabemos lo que está pasando en el norte con este narcoestado provincial y nacional”, agregó.
Mujeres desaparecidas de Salta Mujeres desaparecidas de Salta (Maira López)
“Hoy nos volvemos a encontrar porque somos potentes y porque ponemos el cuerpo en esta ciudad machista y patriarcal”, manifestó. El canto “Salteño machista, tu hija es feminista” acompañó sus palabras.
Otro discurso que se escuchó fue el de Eva Echegaray, sobreviviente de abuso sexual en la infancia e integrante de “Sacar la voz”.
Aseguró que la violencia sexual destruye infancias y vidas adultas, y que recordó las víctimas denuncian cuando pueden. “La justicia no espera nuestras voces”, destacó y reiteró su pedido desde hace años: “no a la prescripción de los delitos sexuales”. Denunció que su abusador, Miguel Ángel Elías, vive en Joaquín V. González. “Yo tuve que huir de mi pueblo para no ser revictimizada. Ojalá pagues lo que tengas que pagar”, deseó.
Comunidades originarias: violencia, racismo y abandono
Otra de las denunciantes más contundentes sobre la violencia contra niñas indígenas vino de parte de Irene Cari, mujer kolla y presidenta del Foro por la Igualdad de Oportunidades (FOMUPIO). Cari aseguró que a la salida de las escuelas de las comunidades hay riesgo permanente de captura. “Estamos acompañando el caso de una niña de 12 años de la Comunidad Lule, atrapada por seis hombres, entrenados por un familiar. Solo uno llega preso al juicio”, denunció.
También pidió por la vida y salud de Rosa Rodríguez, docente bilingüe “perseguida políticamente por defender la lengua materna y los territorios”.
Irene y Estela, mujeres indígenas de Salta Irene y Estela, mujeres indígenas de Salta (Maira López)
Desde la Comunidad Lule de Finca Las Costas, Estela Torres, afirmó que sus hermanas originarias siguen sufriendo violencia institucional, laboral y racismo. “No hay ambulancias, no hay agua, no hay viviendas. El desamparo es total”, sostuvo.
En referencia a la situación de Rodríguez, exigió que se pague el sueldo que le adeudan a la docente, sobre todo cuando “hay maestras rurales viviendo situaciones límite. Luchamos porque vale la pena luchar”, cerró.
“Absuelto no es inocente”
Hubo un momento especialmente conmovedor con la intervención de Ayelén, hermana de Nahir Nuri Viazzi Klimasauskas, asesinada el 27 de febrero de 2023 por su pareja, Gustavo García Viarengo. El femicida fue absuelto “por beneficio de la duda” el 12 de octubre de este año.
La Sala I, conformada por la jueza Norma Roxana Palomo y los jueces Aldo Primucci y Aníbal Burgos, ordenó la inmediata liberación de García Viarengo, quien venía cumpliendo la prisión preventiva en modo domiciliario, beneficio que le fue concedido a pesar de que huyó tras la caída mortal de su novia, la mañana del 27 de febrero de 2023, en la ciudad de Orán.
Justicia por Nahir Justicia por Nahir (Maira López)
García Viarengo estaba acusado por el delito de “homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género”, y la fiscalía y la querella habían pedido que fuera condenado a prisión perpetua.
Ayelén exigió justicia para que su hermana “pueda descansar en paz”. Denunció que la justicia de Salta absuelve y libera femicidas todos los días. Y que en la investigación de la muerte de Nahir además criminalizaron y estigmatizaron a su familia. “¡Absuelto no es inocente! No vamos a parar hasta que se lo condene”, expresó entre lágrimas.
Los números que no bajan
Mientras se escuchaban las denuncias en las calles, el nuevo informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) volvió a ubicar a Salta entre las provincias con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual del país.
En 2024 se registraron 109 denuncias por cada 100.000 habitantes, el cuarto valor más alto a nivel nacional. La baja del 10,7% respecto de 2023 no alcanza para hablar de mejora real.
Basta de femicidios Basta de femicidios (Maira López)
El sistema 911 recibió 1.560 requerimientos por abuso sexual en 2024. Y en el primer semestre de 2025 ya se contabilizan 672 denuncias. A pesar de que la estadística muestra algo, en el territorio se sabe otra cosa: muchos casos no se denuncian, y cuando por fin las víctimas pueden denunciar, como narró Eva Echegaray, los delitos ya están prescriptos. Es decir que la prescripción sigue siendo una forma silenciosa -y legal- de impunidad.
La red de trata
Por otro lado, un nuevo informe de Ciudadana Comunicación reconstruyó cómo operó la red de explotación sexual de niñas y adolescentes más grave de los últimos años en Salta. Hasta el momento hay unas 35 víctimas identificadas, de entre 12 y 17 años. La fiscalía federal imputó a nueve varones —siete con prisión preventiva— y analiza la participación de un facilitador menor de edad.
El remisero Víctor Chorolque aparece como principal captador. Según el informe, trasladaba a las chicas a moteles de la zona sur y céntrica de la capital salteña, donde reservaba habitaciones, ofrecía dinero y drogas, y hablaba de haber “probado a todas”.
El comerciante Gonzalo Chibán drogaba a las adolescentes en departamentos privados y exigía tríos. Testigos lo describen como “el peor de todos”. A ellos se suman Juan Manuel Saravia, del rubro gráfico; Pol Freddy, repartidor de agua con antecedentes, y “Chato” Sarapura, carnicero del barrio Castañares, quien reconoció haber estado con una adolescente de 14 años y pedía “nuevas víctimas”.
El fiscal federal Eduardo Villalba lleva adelante la investigación. La imputación principal, que el juez federal de Garantías Julio Bavio receptó, es por trata de personas con fines de explotación sexual agravada, delito que prevé penas de 10 a 15 años de prisión.
Las organizaciones feministas repiten que la red actuó dentro de escuelas porque “el Estado no llegó a tiempo”.
Demandas que volvieron a resonar
Durante la movilización de ayer, la Asamblea Lesbotransfeminista sostuvo las consignas históricas: ni presas ni muertas por abortar, niñas no madres, acceso real a la ESI, basta de violencia institucional del Poder Judicial, no a los proyectos de “falsas denuncias” e inclusión laboral travesti-trans.
También sumó la exigencia de la derogación de los artículos 114 y 115 del Código de Contravenciones, el cese de violaciones correctivas, el pedido de justicia por María Luz Herrera Leaños y la urgente prevención, investigación y justicia frente a las redes de trata y pedofilia.
Fuente de la Información: Página 12
