Dos fallos clave para Macri de una jueza a punto de jubilarse

27/05/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

La jueza Sarmiento dictó dos sentencias a pedido de boca del Gobierno. Confirmó la actual conformación del Consejo de la Magistratura, que le permite al oficialismo poner y sacar jueces a gusto. También rechazó un planteo contra el blanqueo de capita

A dos semanas de abandonar el juzgado nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 de la Capital Federal, la magistrada María José Sarmiento se despachó con dos fallos que favorecen al Gobierno.

El 15 de mayo rubricó el primero, por el que resolvió mantener la conformación de 13 miembros del Consejo de la Magistratura, un escenario a pedir del oficialismo ya que con aliados logra mayoría y puede seleccionar y sancionar jueces a piacere. Sarmiento avaló el actual status quo al rechazar una demanda de la Federación Argentina  de Colegios de Abogados (FACA) contra la integración actual. La decisión se contrapone con un fallo de cámara que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que en los últimos días decidió postergar. Azares temporales de la justicia: la resolución de Sarmiento está fechada el día en que el Alto Tribunal iba a abordar la problemática en una acordada, cónclave supremo que finalmente se postergó.

El segundo fallo de Sarmiento que fue festejado directamente por el Presidente fue declarar abstracto el amparo del diputado massista Felipe Solá contra el decreto que permitió el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios públicos, lo que implicó el cierre de la pesquisa. Tal como publicó el periodista Horacio Verbitsky, Gianfranco Macri, el hermano de Mauricio, utilizó el sinceramiento fiscal para legalizar $622 millones. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares.

El 18 de mayo pasado, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 466/2018 por el que se acepta la renuncia de Sarmiento a su cargo, ya que se jubilará. Dejará el juzgado Nº 11 a partir del 1º de junio. Antes, se preocupó de que no queden causas sensibles para el poder en su despacho.

Un consejo a medida del Ejecutivo

El fallo de la jueza Sarmiento sobre el Consejo de la Magistratura fue como una bendición para el Gobierno. Con su decisión en el expediente 20.055 de 2006, la magistrada dejó en pie la actual conformación de 13 integrantes, que la alianza de gobierno está usufructuando, y más de una década atrás había sido cuestionada por distintos actores judiciales.

Para FACA, por ejemplo, la conformación de 13 integrantes alteró la representación “equilibrada” de las partes en el Consejo, tal como estipula la Constitución.  Pero para la jueza “no se ha  logrado probar la existencia de un desequilibrio tal que justifique una discordancia sustancial de la ley impugnada con los preceptos de la Constitución Nacional en los términos expuestos por el Alto Tribunal y que en consecuencia justifique la declaración de inconstitucionalidad”, por la que rechazó el planteo. Previo a la modificación que se realizó durante la gestión kirchnerista, el consejo tenía 20 integrantes.

De no haber una apelación, la decisión quedará firme. Esto choca con el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró inconstitucional la estructura de 13 consejeros en otro expediente y sostuvo que debe reimplantarse la conformación de 20 miembros, donde la presidencia del órgano está en manos del presidente de la Corte. De llevarse a cabo este cambio, implicaría un duro golpe político para el macrismo ya que en la actualidad controla este órgano tan sensible para la administración de justicia.

El máximo tribunal debía expresarse sobre el tema en una acordada el 15 de mayo pasado pero tras una intervención del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, decidió aplazar el abordaje. El tiempo ganado es funcional a la estrategia del oficialismo, que cuenta con los votos de los consejeros para avanzar con sanciones o nombramientos.

De acuerdo a la distribución actual, la alianza de gobierno y aliados alcanzan las 9 voluntades necesarias para promover un jury contra un juez que no se manifieste según la voluntad del Ejecutivo o para elaborar ternas y ocupar cargos vacantes.

Hace tiempo que el consejo se convirtió en un instrumento de disciplinamiento judicial. Varios magistrados que deben tratar temas sensibles para la Casa Rosada tienen alguna denuncia tramitando en la institución. Así sucede con el magistrado Ariel Lijo que investiga el Correogate, por ejemplo, como con jueces laboralistas que fallaron en contra de los deseos del Ejecutivo en esa materia, por citar otros casos.

El blanqueo de los familiares y amigos

La jueza María José Sarmiento “cerró la causa que presenté contra el Decreto que les permitió blanquear a los familiares de los funcionarios. Dice que es ‘abstracta’ porque el blanqueo finalizó. Como ya ocurrió, no hubo delito. Insólito. Renunció. ¿Y la ley? ¿Y la Constitución?”, tuiteó el diputado nacional y denunciante, Felipe Solá este 24 de mayo, cuando se conoció la noticia.

Tras aprobarse el sinceramiento fiscal en el Congreso, el jefe de Estado resolvió vía el decreto 1206/2016 modificar la reglamentación de la ley 27.260 para habilitar el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo. La inclusión provocó un intenso debate durante la discusión parlamentaria de esta polémica ley. Uno de los legisladores más críticos fue Solá.

El caso cobró vigencia cuando se conoció que familiares de Mauricio Macri y de otros funcionarios se acogieron a la amnistía, haciendo uso del decreto en cuestión.

Además del hermano presidencial, que legalizó $622 millones no declarados, se sumaron el primo de Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña Braun ($109 millones); el hermano de la vida Nicky Caputo ($465 millones); el alegado comprador de la empresa familiar IECSA, Marcelo Mindlin ($770 millones); y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la presidencia Pablo Clusellas, Manuel Lucio Torino Ortíz (quien blanqueó $353 millones), entre otros.

A pesar de este escenario, Sarmiento dispuso el cierre de la causa. Así lo anunció el propio Solá, quien había presentado la denuncia, por entender que el DNU era inconstitucional ya que cambiaba una norma vigente sin haber pasado por el Congreso.

“Parece que para el Ejecutivo hay cosas que son totalmente constitucionales, como sacar un decreto para modificar una ley como la del blanqueo”, cuestionó el diputado.

El trajín de su presentación fue tan particular como la reforma vía decreto que pergeñó el macrismo para crear un salvoconducto para familiares que desearan blanquear su dinero no declarado.

Solá relató que había presentado la denuncia a comienzos del 2017, pero que la jueza María Biotti le impidió presentarse como litigante y cerró la causa. El caso recobró impulso luego de que la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara un planteo del Estado para presentarse a litigar y lo habilitó a reclamar judicialmente, el 23 de noviembre pasado. El caso se volvió a sortear y en abril recayó en manos de Sarmiento.

El 17 de mayo, la jueza renunciante resolvió declarar abstracto el planteo y clausuró la investigación.

Según Sarmiento, “el  régimen cuestionado mediante esta vía fue sancionado a los fines de tener efectos por un lapso determinado de tiempo, esto es desde la entrada en vigencia de la ley -30 de noviembre de 2016- hasta el 31 de marzo de 2017, lo que determina  que desde  el     1 de abril de 2017 las normas aquí impugnadas por el amparista han perdido vigencia”.

El primer día de abril, fue la fecha de finalización del blanqueo. Es decir, declaró el planteo como “abstracto” porque el sinceramiento fiscal, como la carrera judicial de Sarmiento, llegó a su fin, no sin escándalo.

Perfil de Sarmiento

“Una mujer católica y sencilla”, la definió el diario La Nación en 2010. Es hija de Luis Sarmiento, un coronel que se retiró en 1973, fue ministro en Misiones en 1976 y prestó servicios para la SIDE. También tiene un hermano que es capitán retirado. Fue designada jueza por Carlos Saúl Menem.

Sarmiento ya había ganado notoriedad pública cuando suspendió los decretos de necesidad y urgencia que dictó la entonces presidenta Cristina Kirchner para tomar u$s6500 millones del Banco Central y desplazar a Martín Redrado, entonces titular de la entidad.

En 2003, su juzgado ganó el premio al Mejor Tribunal del fuero contencioso administrativo, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2004 las entidades conservadoras Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores, que tuvo un rol activo como sostén de la dictadura militar) e Idea le otorgaron el premio a la Excelencia Judicial.

Fores es una institución de lobby creada en octubre de 1976, según sus propias declaraciones para enfrentar “la campaña antiargentina”, en sintonía con “el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional”, tal como precisó el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

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