Denuncian violencia policial contra personas en situación de calle en Salta
29/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Entre el 8 y el 15 de enero se registraron detenciones arbitrarias, golpizas, amenazas y un intento de abuso sexual contra personas en situación de calle en la capital salteña. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Derechos Humanos
Entre el 8 y el 15 de enero se registraron detenciones arbitrarias, golpizas, amenazas y un intento de abuso sexual contra personas en situación de calle en la capital salteña. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Derechos Humanos y se suman a un habeas corpus colectivo contra la violencia institucional. Alertan sobre torturas
Las organizaciones ALFA, Chakana Libre y Red Contra la Violencia Institucional denunciaron hechos de violencia policial contra personas en situación de calle cometidos entre el 8 y el 15 de enero en la ciudad de Salta. Las acusaciones incluyen detenciones ilegales, golpizas, uso de gas pimienta, amenazas y un presunto intento de abuso sexual, y ya fueron presentadas ante la Fiscalía de Derechos Humanos.
“Lo que denunciamos es una práctica de torturas en este espacio que estamos recuperando, el Centro Cultural Chakana Libre”, afirmó Herliz Ávila, integrante de la organización, en diálogo con Salta/12.
El proyecto funciona desde hace casi cuatro años en un edificio abandonado ubicado detrás del hotel Sheraton y surgió como una iniciativa comunitaria para brindar contención a personas en situación de calle, trabajadores sin vivienda y jóvenes en extrema vulnerabilidad.
Durante sus primeros años, Chakana Libre brindó albergue y desarrolló talleres de ajedrez, artes marciales, yoga, dibujo, música, circo y actividades culturales. “Era un lugar donde podían tener un colchón, una cama, estar tranquilos, donde no los molestara la policía ni fueran juzgados”, explicó Ávila.
La situación cambió tras la muerte accidental de Antonio Castillo, un hombre no vidente de 61 años que se alojaba en el edificio. Luego de la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales durante una semana, comenzaron, según relató Ávila, acciones sistemáticas de amedrentamiento policial.
“Cuando pudimos volver a entrar, a los pocos días empezaron las amenazas. Dijeron que iban a quemar todo”, recordó Ávila. Poco después, camas, colchones, mesas, bibliotecas y otras pertenencias fueron destruidas o sustraídas. “No sabemos si fue quema o robo, porque ya antes nos habían sacado cosas. Vecinos vieron a la policía llevarse pizarras, libros y hasta un carrito de supermercado que usábamos para las donaciones”, denunció.
“El miedo es parte del mecanismo”
Según relató Ávila, el 15 de enero dos hombres fueron abordados por la policía en el Parque San Martín. Uno de ellos se encontraba consumiendo alcohol junto a otra persona que tenía una bicicleta y varias pertenencias. “Al que tenía la bici lo dejaron ir. Al otro se lo llevaron”, contó.
Junto a él, los efectivos demoraron a un segundo hombre, desconocido para la víctima. En lugar de trasladarlos a una dependencia policial o al área de contraventores, los llevaron a un sector cercano al edificio de Chakana Libre, en inmediaciones del hotel Sheraton.
Fue allí donde, de acuerdo a la reconstrucción que pudieron hacer las organizaciones, uno de los efectivos intentó abusar sexualmente del segundo detenido.
“Uno de los uniformados le dijo a uno de ellos: ‘dale, bajate el pantalón’”, entre otras expresiones explícitas. “Luego sacó la cachiporra y se la acercó mientras el joven pedía auxilio. El efectivo se le acercó y le hizo bajar el pantalón, mientras el joven lloraba. Dice, además, que luego de ello los efectivos les lanzaron gas pimienta durante un tiempo considerable para luego soltarlos y amenazarlos diciendo que si denunciaban los iban a meter en cana y que los iban a violar”, sostiene la denuncia presentada ante la Fiscalía de DDHH.
Ante los gritos, los efectivos arrojaron gas pimienta dentro del lugar, lo que provocó una fuerte intoxicación. En medio de la confusión, uno de los jóvenes logró escapar. El otro fue retenido durante algunos minutos más, momento en el que los policías le quitaron la mercadería que llevaba para vender dulces y luego lo liberaron.
“El chico que quedó libre intentó volver a encontrar al otro para denunciar juntos, pero no lo pudo ubicar”, señaló Ávila. Ambos se encontraban en situación de calle y fueron amenazados para que no denunciaran. “Les dijeron que si denunciaban los iban a detener o los iban a abusar”, ratificó.
El testimonio de uno de los jóvenes fue difundido públicamente en un video y permitió avanzar con la denuncia penal. “Es una práctica habitual: el miedo es parte del mecanismo”, sostuvo Ávila.
Golpes y gas pimienta
Otro episodio de extrema gravedad fue cometido el 8 de enero, durante la madrugada, cuando un grupo de efectivos policiales irrumpió de manera violenta en el edificio abandonado ubicado sobre calle Ricardo Solá, espacio que integrantes de Chakana Libre intentan reactivar como proyecto comunitario.
En ese momento, una pareja joven estaba refugiándose en el lugar. Sin identificarse, sin previo aviso y sin mediar orden alguna, los policías ingresaron al edificio y comenzaron a golpearlos a ambos. Luego, arrojaron gas pimienta dentro de una de las habitaciones, a pesar de que se trataba de un espacio cerrado y reducido.
“Les tiraron gas adentro del cuarto y después se fueron como si nada”, relató Ávila. Los efectivos no labraron un acta, no realizaron informe alguno y tampoco demoraron a las personas agredidas, lo que, según recalcan las organizaciones, evidencia el carácter arbitrario del procedimiento.
Para Ávila, se trató de un acto espontáneo de brutalidad policial. “No estaban cometiendo ningún delito. No hubo identificación, ni control, ni traslado. Solo violencia”, subrayó.
Ausencia de políticas públicas
Ávila sostuvo que la violencia policial contra personas en situación de calle es cotidiana. “Yo mismo vi cómo despertaban a patadas a personas mayores que dormían en la calle, cerca de Villa Angelita y también en la plaza 9 de Julio”, relató.
También mencionó testimonios de personas que duermen en pórticos del centro: “Los despiertan a las cuatro o cinco de la mañana, los prepotean, les dicen que están molestando, aunque los locales estén cerrados”.
Ávila forma parte de la Red de Hermanos en Calle, que articula con organizaciones sociales, iglesias y ONGs.
Según un censo que realizaron desde este espacio, solo en el microcentro de Salta hay más de 500 personas en situación de calle. La mayoría son hombres mayores de 40 años, aunque también hay jóvenes con consumos problemáticos y personas mayores que rechazan los refugios estatales por la falta de privacidad.
Ávila advirtió que la situación se agrava por el contexto económico y la ausencia de políticas públicas integrales. “Entre alquilar y comer, no pueden. Y frente a eso, la única respuesta del Estado es más Policía”, señaló.
Denuncia judicial
En ese marco, el abogado Álvaro Arias, del colectivo ALFA (Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica) confirmó que los hechos fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía de Derechos Humanos y que durante febrero se retomará el trámite de un habeas corpus ya iniciado contra la violencia policial.
“La denuncia fue presentada por vía web y ahora estamos ampliando la demanda con estos hechos nuevos”, explicó. Arias adelantó que solicitarán que se ordenen medidas concretas para garantizar la identificación visible de los efectivos policiales durante los operativos.
“Al no estar identificados, se genera mayor impunidad. Después es muy difícil determinar qué policía hizo qué cosa. Y si la gente no puede filmar o no tiene testigos, es casi imposible lograr responsabilidades”, advirtió.
El abogado también relató cómo se construyó la denuncia a partir del trabajo territorial. Indicó que, tras convocar públicamente a personas que pudieran acompañarlo, se acercó al edificio abandonado junto a una integrante de la organización Andhes y dos integrantes de ALFA.
“Allí nos encontramos con algunos de los chicos que estaban en el lugar y nos contaron la situación. Otros no quisieron denunciar porque tienen un terror bárbaro. No quieren saber nada, porque los hechos de violencia en esa zona son permanentes”, señaló.
Según explicó, la intención de quienes se encontraban en el edificio era rehabilitar el espacio como un centro cultural y comunitario para jóvenes en situación de vulnerabilidad, y también denunciar los abusos sufridos. “Con ese fin tomamos los datos y realizamos las denuncias”, concluyó.
Finalmente, las organizaciones reiteraron que continuarán con la visibilización pública y las acciones judiciales frente a los hechos de violencia institucional denunciados.
Fuente de la Información: Página 12
