Dirigentes condenadas por estafas a docentes podrían salir en 7 meses
29/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La condena original de 6 años de prisión efectiva fue reducida a 3 años y medio. La fiscalía apeló y solicitó que se ratifique la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio. La Corte deberá decidir sobre la reducción de pena
En caso de que la Corte de Justicia avale la reducción de pena establecida por el Tribunal de Impugnación, la ex titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz, y la ex tesorera del gremio, Ana María Cerezo, podrían salir en libertad en agosto próximo.
La posibilidad de acceder a salidas transitorias u otros beneficios que implican la libertad se puede otorgar una vez que, en los delitos como los atribuidos a las mujeres, se cumple el 50 por ciento de la condena.
En el caso de las dirigentes gremiales, la pena de 6 años de prisión efectiva fue reducida a tres años y medio. Esta última pena representa 42 meses de detención, es decir que la mitad son 21 meses, como ambas están presas desde noviembre de 2024, llevan ya cumplidos 14 meses y en agosto estarían en condiciones de acceder a la libertad.
En 2024 la Sala VI del Tribunal de Juicio, a pedido de la fiscal de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, condenó a Argañaraz y a Cerezo a seis años de prisión de ejecución efectiva, tras declararlas responsables de los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (en 26 hechos).
También condenó a Raúl Dante Argañaraz y a Nicolás Demetrio Zissi a tres años de prisión de ejecución condicional, por administración fraudulenta, en carácter de partícipes necesarios, y de estafas reiteradas, en carácter de coautores.
Los cuatro fueron enjuiciados por el desvío de fondos de la ADP, el sindicato docente más grande de la provincia. Según la fiscal, utilizaron diversos mecanismos administrativos, como la emisión de facturas y documentos falsificados, para justificar pagos y destinar dinero a fines personales. Además, señaló que cometieron estafas en contratos que docentes firmaron con el fideicomiso Virgen de Urkupiña, un proyecto que promovieron entre los asociados con la promesa de acceso a viviendas a cambio de un desembolso inicial y pagos mensuales.
Tras un acuerdo civil que permitió a los damnificados por la estafa acceder a inmuebles como reparación del daño generado, los abogados defensores de los ahora condenados pidieron su absolución.
Pero la Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó este pedido, aunque entendió que los 26 hechos de estafa constituyen un único hecho de estafa continuada, que concurre realmente con el delito de administración fraudulenta. En consecuencia, bajó la condena a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Argañaraz y Cerezo; a un año y seis meses de prisión condicional para Dante Argañaraz y Zissi.
El 21 de enero el fiscal de Impugnación Daniel Espilocín, interpusoun recurso de queja ante la Corte de Justicia de Salta, pidiéndole que deje sin efecto la sentencia del Tribunal de Impugnación. Lo hizo luego de que el Tribunal denegara el recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal de Impugnación, Mónica Poma, contra la reducción de las condenas a los ex integrantes de la ADP.
Espilocín entendió que, al reducir la pena, el Tribunal de Impugnación realizó una errónea y arbitraria aplicación de la ley, al no considerar que 26 familias fueron afectadas por las conductas delictivas.
La fiscalía solicitó que la Corte declare mal denegado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal Poma, que revoque la sentencia del Tribunal de Impugnación que redujo las penas, y mantenga las que fueron establecidas originalmente por el Tribunal de Juicio.
Fuente de la Información: Página 12
