Un sano ejemplo republicano
08/09/2016. Análisis y Reflexiones > Análisis y Reflexiones
El juez de la Corte, Abel Cornejo, pondera la actitud cívica y moral del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al hacer público su patrimonio.
Mientras en el país se debaten temas lacerantes en materia de corrupción administrativa y ciertos jueces y fiscales hasta hace poco inertes, ahora tomaron renovadas ínfulas investigativas, casi rayanas en la sobreactuación, uno de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Horacio Rosatti, dio un ejemplo cívico y republicano, al revelar su declaración jurada. Este tema fue motivo de ardua polémica en los últimos tiempos, por cuanto resulta inexplicable que la ciudadanía no pueda conocer el patrimonio de las personas que, precisamente, tienen la función de juzgar. Probablemente, la más sensible de todas dentro de un Estado de Derecho. El patrimonio de los jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios de la justicia debe ser conocido e indubitable. No hay ningún argumento válido ni legal para no exhibirlas. Con justicia venal: no hay república posible.
El Dr. Rosatti es un caso interesante de analizar, debido a que además de ser juez supremo, antes fue funcionario público. Nunca se puso en duda su incolumidad moral y llegó a la Corte Suprema precedido de un prestigio cívico que lo torna confiable e idóneo para el desempeño de tan alta función. Al igual que lo fueron Carmen Argibay - una de las juezas más integérrimas de la historia judicial a argentina – o el Dr. Carlos Santiago Fayt, arquetipo de la austeridad republicana. La opción por la judicatura importa percibir un emolumento acorde con el ejercicio de la función, pero sin que ello implique que el magistrado pueda acrecer ni agrandar el volumen de sus bienes con motivo u ocasión de ella. Jueces con los bolsillos llenos no parecen ser los aconsejables para administrar justicia. A menos que hubiesen recibido una herencia o donación en forma legítima. Pues también hubo casos, particularmente uno en Salta, donde se captó una sucesión multimillonaria en forma absolutamente ilegítima desde la judicatura federal.
De manera que, no debería ser un derecho sino una obligación perenne la de rendir cuentas ante la sociedad mediante la exhibición de la declaración jurada ante quien la solicite, obviamente con fines lícitos e informativos, porque de la integridad moral de los magistrados se construye el prestigio de la magistratura en su conjunto. Jueces como Antonio Bermejo o Genaro Carrió nunca hubiesen dudado un ápice en mostrar sus flacas arcas con orgullo, con señorío y con autoridad porque hicieron del ejercicio de la función judicial un modo de vivir ascético, moderado y sin fisuras, por lo cual la autoridad de sus fallos no sólo venía de su sapiencia sino también de un estilo de vida intachable. Así es como a lo largo de los años sus nombres perviven intactos.
Es probable que el juez Rosatti ni siquiera haya dudado en mostrar su declaración patrimonial, por la sencilla razón de que su costumbre cívica es la de comportarse conforme la sociedad lo exige. Antes de acceder al Máximo Tribunal, fue un exitoso abogado como también uno de los únicos tratadistas en derecho municipal con lo que cuenta el país. La sencillez de su proceder en exhibir su declaración es directamente proporcional a la diafanidad de su conciencia.
