Vecinos de barrios populares denuncian hostigamiento y amenazas de desalojo

21/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

En Joaquín V. González, más de 900 familias de los barrios San José, Nazareno y Eva Perón denuncian hostigamiento y amenazas de desalojo por parte de una concejal en ejercicio, una abogada, y personas que se autoproclamaron delegadas, exigiendo pagos

Vecinos de los barrios San José, Nazareno y Eva Perón de la ciudad de Joaquín V. González, en el sur salteño, relatan que se les piden cuotas iniciales de hasta 200 mil pesos y pagos mensuales de 250 mil, bajo la promesa de “regularizar” las tierras, pese a que los barrios están inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y protegidos por la Ley 27.453, que garantiza seguridad en la tenencia y prohíbe desalojos por diez años.

La vecina María Choge Barbero relató que en 2018 las familias de San José compraron un total de 11 hectáreas a la familia Arias mediante boleto de compra-venta, documento que incluía una cláusula de reubicación en caso de que el terreno original no pudiera ser habitado.

Cuando quisieron habitarlas, el área de Tierra y Hábitat de la provincia les informó que esas tierras no eran habitables porque la zona estaba contaminada, había desechos cloacales y era inundable. Ante ello, las familias se trasladaron a otro sector del mismo catastro, donde levantaron sus viviendas, abrieron calles y contrataron agrimensores “a pulmón”.

Sin embargo, recientemente la concejala del oficialismo municipal, Andrea Arroyo se presentó en los barrios exigiendo el pago de 4 millones de pesos, con una cuota inicial de 250 mil “respaldando a la abogada Nancy Barros de la familia Arias”. “Ella no es delegada ni propietaria, solo vino a presionar”, denunció Choge Barbero.

Los habitantes afirman que recibieron mensajes y amenazas de desalojo si no cumplían con el pago. “Nos dijeron que esas son tierras privadas y que las tenemos que volver a pagar”, agregó la vecina.

Respaldo del RENABAP

Los vecinos se asesoraron con abogadas del RENABAP y confirmaron que los barrios están inscriptos en dicho registro, lo que les otorga acompañamiento legal y reconocimiento como asentamientos populares.

“La abogada del RENABAP nos dio tranquilidad, un asesoramiento bastante completo. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que no nos pueden desalojar”, dijo Choge Barbero.

Además, los vecinos acudieron a la fiscalía: “Nos dijeron que no hay desalojo. La Ley 27.453 nos protege: tenemos 10 años para regularizar nuestra situación. Ninguno de los barrios se va a retirar. Si alguien nos amenaza o nos cobra dinero, tenemos derecho a denunciar”, contó la vecina.

Desde el RENABAP confirmaron a Salta/12 que los barrios están protegidos por la Ley 27.453, que en su artículo 15 establece la prohibición de desalojos en cualquier barrio popular de la Argentina.

Desde el organismo explicaron que actualmente en el país son más de 6.400 los barrios incluidos en este registro y están protegidos por la ley de barrios populares. “La ley sigue vigente y dice en su artículo 15 que se prohíben los desalojos en cualquier barrio popular del país. En Joaquín V. González tenemos el caso de esta zona de barrios colindantes que están con esta problemática, sobre todo la amenaza del desalojo. Bueno, está prohibido: no se puede desalojar esos barrios desde el 2022 hasta el 2032. Están cubiertos, con la intención de que más allá de impedir el desalojo haya también un proceso de regularización e integración urbana de parte de los municipios en conjunto con los vecinos y vecinas”, señalaron.

Además, el RENABAP espera realizar relevamientos para que cada familia cuente con su Certificado de Vivienda Familiar, un documento legal que acredita domicilio ante cualquier organismo público o privado.

Concejales piden la intervención de la Fiscalía

El concejal de Libres del Sur, Cristian Saravia presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de Joaquín V. González, que fue aprobado por unanimidad. Incluso lo votó la propia concejala cuestionada Arroyo.

“Lo que me motivó a hacer este proyecto surgió principalmente a partir de la preocupación real y urgente de más de 230 familias (…) quienes denunciaron estar siendo presionadas para pagar una cuota mensual por su lote, sin ningún respaldo legal, sin ningún papel, sin nada administrativo que respalde ese pago”, explicó Saravia a Salta/12.

“Las familias me expresaron que se sienten intimidadas (…), el mayor temor es perder su vivienda, su lugar donde constituyeron su familia. Algunos me dijeron que hasta no pueden dormir tranquilos por esta situación (...). Ellos solo quieren vivir en paz y por eso tenemos que actuar urgente”, añadió.

Saravia insistió en que la fiscalía debe investigar y determinar responsabilidades. El objetivo central es “proteger a los vecinos y su seguridad jurídica” y “frenar cualquier práctica irregular”, dijo.

También aclaró que el Concejo no tiene facultades para imputar responsabilidades individuales, pero sí puede poner el tema en manos de las autoridades competentes. “Por eso este proyecto insta formalmente a la fiscalía y organismos provinciales a que investiguen la situación. Lo presenté sobre tablas, fue debatido con responsabilidad y todos los bloques acompañaron por unanimidad, entendiendo la gravedad del tema y la necesidad de intervenir institucionalmente. Fue un gesto importante de compromiso con las familias afectadas”, señaló.

Las maniobras

Este miércoles, vecinos de los tres barrios hicieron una reunión barrial. Conrado Salazar, del barrio Nazareno, expuso ante este diario cómo la concejala Arroyo se autoproclamó delegada, al igual que otras mujeres, sin haber sido elegidas, y comenzaron a exigir pagos ilegítimos. “Queremos quitarle ese poder que se atribuyeron estas delegadas. Tanto la concejal Andrea Arroyo, la señora Delia Luna, Jackie Sández y Yesica Roldán”, señaló.

Los vecinos resolvieron elevar un acta a la fiscalía para quitarle el poder a las presuntas delegadas y frenar las maniobras de cobro.

Salazar relató que Arroyo pedía fotocopias de documentos y se presentaba como mediadora con la familia Arias. Por ello, también exigen que devuelva esa documentación.

“Acá en el Nazareno somos 280 familias, son 14 manzanas, 7 de la primera y 7 de la segunda. En el San José son 230, y después el que tiene más es el Eva Perón, que tiene 400 familias. Vos te imaginás, 200 mil pesos en 280 familias eran 56 millones de pesos que ellos querían recaudar en este mes nomás, en noviembre. Porque el objetivo principal de ellos era comprarles las tierras a los Arias para después vendérnoslas a nosotros. Mirá la picardía de esta gente, mirá la picardía de la concejal en ejercicio como para poder vendernos las tierras en definitiva”, expresó.

El vecino señaló que nunca tuvieron acceso directo a la familia Arias y cuestionó el poder legal de su presunta abogada. “Cuando le pedí el poder firmado de parte de los Arias, me dijeron que no estaba. Después descubrimos que la abogada tenía un poder firmado en 2016 con un escribano que perdió la matrícula en 2018. Quiere decir que el poder no tiene valor. Era bastante grande la mentira como para aprovecharse del vecino y sacarle la plata”, sostuvo.

Salazar describió la angustia de las familias: “El vecino andaba preocupado, no sabía si llegaba a las fiestas de fin de año, si llegaba para comer. Una tortura, porque los vecinos andaban con la cara larga. Algunos se han ido por el temor, otros empezaron a vender comida o hasta lo que no tienen para ver cómo llegar” a la cuota exigida. En la reunión se supo que algunos vecinos ya habían abonado parte del dinero. “La abogada les decía: ‘Depositámelo a mi cuenta’. Se está haciendo depósito de plata al alias de ella, a su cuenta personal. Queremos saber cómo recuperar ese dinero”, dijo.

“La mayoría son familias de muy escasos recursos, con niños, jubilados o beneficiarios de planes sociales. Tendrían que elegir entre pagar el lote o comer”, expresó la vecina Choge Barbero.

También exigen servicios básicos como agua, luz, recolección de residuos y accesos transitables, derechos aún incumplidos tras años de habitar el lugar. “Queremos algo digno para nuestros hijos: luz, agua, apertura de calles. No puede ser que llueva y no podamos ni salir ni entrar”, plantearon.

El caso de San José y los barrios aledaños refleja la tensión entre el derecho a la vivienda digna y las prácticas de especulación sobre tierras habitadas por sectores populares. “No vamos a pagar lo que no corresponde. Queremos soluciones, no amenazas”, concluyó Choge Barbero.

Fuente de la Información: Página 12