Una empresa mendocina, involucrada en un escándalo en Salta
06/03/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Un intendente autorizó a la firma Osyp a retirar caños de un gasoducto, argumentando que la megaobra financiada por el Estado nacional, que está paralizada, es contaminante. Hubo una denuncia y ya investiga la justicia federal.
La justicia federal investiga una posible estafa millonaria en Salta, en medio de un escándalo político que sacude a la provincia norteña y salpica directamente a una empresa mendocina. Se trata de Osyp SA, creada en octubre de 2018 y con sede en Luján de Cuyo, que quedó involucrada en una presunta maniobra irregular con caños del gasoducto del NEA, uno de los mayores proyectos de infraestructura del país que tiene sus obras paralizadas.
El caso saltó a la luz a partir de una investigación periodística. Según publicaron medios salteños la polémica se destapó cuando representantes de la empresa Servicios Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto en Salta pero nunca concluyó los trabajos, detectaron que se estaban desenterrando, cortando y trasladando en camiones caños de 24 pulgadas del gasoducto cerca de la localidad Aguaray, en el departamento General José de San Martín, en el límite con Bolivia.
Esos caños industriales, diseñados para soportar grandes presiones y que cumplen con estándares internacionales de seguridad, se encontraban debajo de la superficie. Por lo que para su extracción se utilizaron grúas y maquinaria pesada.
La firma realizó la denuncia y cuando se logró detener a camiones cargados con los caños, se confirmó que el traslado había sido autorizado por la Municipalidad de Aguaray, al mando de Jorge Enrique Prado (Frente de Todos), el intendente más joven de Salta vinculado políticamente al senador nacional kirchnerista Sergio “Oso” Leavy.
Prado asumió el 10 de diciembre del año pasado y dos semanas después envió al Concejo Deliberante una resolución que establece que la paralizada obra del gasoducto es contaminante. Así habilitó que se quitaran unos 35 kilómetros de caños, tarea que estuvo a cargo de Osyp SA, una joven compañía mendocina creada por Diego Andrés Alós y María Soledad Orozco.
La firma mendocina fue contratada para llevar adelante el proceso de saneamiento ambiental en un plazo máximo de 60 días hábiles.
"Otorgar a la empresa Osyp SA... la desafectación del material resultante del Municipio de Aguaray. Autorícese el desarme y traslado y remediación ambiental para la recuperación del remanente del terreno contaminado", asegura el artículo 1 de la resolución.
La investigación
El fiscal federal José Luis Bruno quedó a cargo de la investigación por el supuesto robo de unos 35 kilómetros de caños del gasoducto que dejó a medio construir la empresa Servicios Vertúa, propiedad de Raúl Vertúa, un empresario que estuvo detenido por la denominada "causa de los cuadernos" sospechado de pagar coimas a ex funcionarios kirchneristas del Ministerio de Planificación.
Pese a que la construcción del gasoducto está paralizada desde hace varios años, desde Servicios Vertúa -adjudicataria de la obra por la que habría facturado 733 millones- realizaron la presentación en el fuero federal porque los caños son propiedad del Estado nacional.
"Para nosotros se trata de un simple hecho delictivo", comentó Ricardo Alonso, secretario de Minería y Energía de Salta. "Es una obra federal, y más allá de que se hayan sacado los caños con el pretexto de que es una cuestión ambiental, ahí no hay ninguna cuestión ambiental"
"No sabemos qué instrumentos pudo tener para lograrlo", insistió Alonso, quien cuestionó la decisión del intendente peronista de Aguaray: "No tiene la potestad de tomar esa determinación", remarcó.
En la misma sintonía Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana, consideró que "de ninguna manera un municipio puede atribuirse esas facultades. Primero tienen que demostrar el carácter de contaminantes y luego darle intervención a los organismos competentes como la Secretaría de Ambiente o la propia Justicia, pero no autorizar que se lleven caños de un gasoducto"
Zigarán precisó al diario El Tribuno que los caños de 12 metros de extensión son valuados en más de 1.500 dólares cada unidad. "Con el criterio de que contaminan, en ningún país del mundo podrían hacerse gasoductos ni ninguna otra línea de conducción de gas o de petróleo. Viniendo de Prado, que es ingeniero en Ambiente, la maniobra no es inocente. Lo que pensamos es que se quiso cubrir porque seguramente estaba en pleno conocimiento del tema ya que antes de que hayan transcurrido dos semanas de asumir estaba firmando esa resolución".
La defensa de Prado
Cuando eran detenidos en controles camineros, los camioneros exhibían una resolución firmada por el intendente Prado que autorizaba el retiro y posterior transporte de los caños.
Esa resolución establece que "en uso de las facultades que le son propias conferidas por la Carta Orgánica Municipal, el ejecutivo autoriza a la empresa OSYP SA, representada por el señor Diego Andrés Alos al desarme, traslado y remediación de terrenos contaminados". En los considerandos establece que "se hace lugar a la desafectación de cañerías en desuso de petróleos y gasoductos que ostentan el carácter de material contaminante y pasivos industriales".
En su defensa, Prado aseguró en diálogo con radio Aries que la medida está autorizada por una resolución del Ministerio de Ambiente de Nación y anticipó que pondrá la documentación a disposición de la Justicia.
El intendente, que también es ingeniero y empresario, además dijo que la empresa mendocina se comprometió a realizar dos plazoletas para chicos en dos parajes diferentes de Aguaray.
El valor de esos espacios verdes rondaría los 500 mil pesos cada uno. Mientras que, según publican medios salteños, el daño patrimonial a las arcas nacionales por el presunto robo superaría los 3,5 millones de dólares.
El Sol intentó comunicarse con los responsables de Osyp SA para obtener su opinión, pero el teléfono de la empresa con sede en calle Patricios de Luján de Cuyo está desconectado.
Fuente de la Información: El Sol
