Un concurso de la Defensoría, en la mira
22/03/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La selección para cubrir el cargo de secretario letrado no da precisiones sobre el puesto a cubrir. Piden la suspensión.
Otra vez una polémica recae sobre un concurso en el ámbito judicial. Ayer, la defensora oficial civil 4, Natalia Buira, pidió la suspensión de una convocatoria para cubrir el cargo de secretario de primera instancia en "el ámbito Defensoría Oficial Civil del Distrito Judicial del Centro".
En la presentación que elevó al Colegio de Gobierno del Ministerio Público; integrado por la defensora general María Inés Diez, la asesora general de Incapaces Mirta Lapad y el procurador general, Pablo López Viñals; Buira objeta imprecisiones en las funciones del puesto, la supresión de etapas en este procedimiento, el elevado y discrecional puntaje asignado a la entrevista de los postulantes, y que no se conforme una terna. El ganador será quien obtenga más puntos.
No es la primera vez que una selección de magistrados y funcionarios de Poder Judicial y el Ministerio Público queda en el ojo de la tormenta. Son varios los casos de ganadores cantados o concursos amañados, como la elección de camarista civil que el gobernador JUAN MANUEL URTUBEY debió suspender el año pasado.
El 22 de febrero se convocó a un proceso para secretario letrado en el "ámbito de la defensoría", con una escasez de detalles. El puesto se creó tras la renuncia de Judit Esther Azurmendi, quien se desempeñaba en el escalafón "profesionales y técnicos". Tras solicitar un análisis presupuestario, Diez pidió la reconversión de esa vacante a un cargo de secretario letrado.
"No se puede llamar a concurso público para cubrir un cargo de secretario letrado para desempeñar funciones en el ámbito de la Defensoría Oficial Civil del Distrito Judicial del Centro, sin precisar con la correspondiente nominación a cuál defensoría oficial civil del Distrito Judicial del Centro se refiere, ya que el único ámbito de la Defensoría Oficial Civil es la misma defensoría, su ámbito no se extiende más allá de la misma defensoría", cuestionó Buira.
Agregó que las nueve defensorías tienen esos cargos cubiertos. "No hay vacante alguna a cubrir", dijo la magistrada en referencia a la resolución 16381, del 22 de febrero, firmada por Diez y Lapad. En la presentación hizo notar que falta la firma de López Viñals en el instrumento que reconvierte el cargo y lanza la convocatoria a concurso.
"Sino se trata de ninguna de las nueve defensorías oficiales civiles del Distrito Judicial del Centro, se debió indicar con precisión en qué dependencia detentará el cargo de secretario letrado de primera. Tal especificación no se realizó en la Resolución 16381, lo que la convierte en una resolución nula, por lo cual debe suspenderse el llamado a concurso público", remarcó Buira.
Recordó, además, que el 15 de febrero durante una reunión, Diez había expuesto que no había presupuesto para crear la segunda secretaria letrada para las defensorías oficiales civiles.
El Tribuno intentó comunicarse con la Defensoría General, pero aseguraron que aún no habían tomado conocimiento de la presentación de Buira.
"Es evidente que no se trata de las secretarías de las dos defensorías en Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Centro, ya que estas dos defensorías no son defensorías oficiales civiles como su mismo nombre lo indica. Surge entonces con verosimilitud, que se trataría de un concurso amañado y opaco, nada transparente, donde se tiene ya una persona determinada de antemano a la que se está tratando de beneficiar con el cargo y funciones que desempeña un secretario letrado en una Defensoría Oficial Civil", denunció Buira.
Los postulantes se pueden anotarse hasta mañana, pero en los pasillos judiciales había incertidumbre sobre el lugar donde se desempeñará el futuro secretario letrado.
Más objeciones
La comisión evaluadora para elegir al secretario letrado "en el ámbito de la Defensoría General" estará integrado por defensora general María Inés Diez y otras dos funcionarias de esa dependencia. Buira hizo notar que esa comisión no está conformada por dos defensoras oficiales civiles elegidas por sorteo.
En este procedimiento no hay evaluación escrita y será determinante la entrevista personal, ya que asigna 60 puntos, mientras que los antecedentes, 40 puntos. Buira sostiene que de esta forma la comisión evaluadora tendrá discrecionalidad para elegir al ganador. Llamativamente no habrá terna y será designado quien obtiene el mejor puntaje.
"La finalidad de esta presentación es salvaguardar la transparencia de los concursos públicos y con ella garantizar que todos los postulantes lo hagan en pie de igualdad de oportunidades y que el postulante que resulte seleccionado sea el más idóneo para cubrir un cargo vacante en una dependencia determinada y que sepa cuáles funciones se realizan en ese cargo en una dependencia que tiene por jefe a un magistrado determinado", expuso Buira en su presentación.
EL TRIBUNO
