Servini intervino el PJ Salta antes de que el partido votara su propia normalización
16/05/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La jueza federal designó a José Luis Gambetta como interventor judicial y desplazó a las autoridades partidarias días antes de que el PJ nacional ratificara el cronograma electoral interno. Un documento pone en duda la afiliación de Amat
La jueza federal con competencia electoral María Servini decretó este viernes la intervención judicial del Partido Justicialista Distrito Salta y designó como interventor a José Luis Napoleón Gambetta, abogado y dirigente político salteño con extensa trayectoria en la función pública provincial. El fallo cayó como una bomba en el mapa del peronismo salteño, ya que llegó apenas días antes del Congreso partidario nacional convocado para el 19 de mayo, en el que el PJ nacional iba a ratificar el cronograma electoral interno y extender la intervención partidaria por otros 180 días para llegar a elecciones en octubre.
La resolución fue dictada en el expediente que interpuso el presidente partidario desplazado Esteban Amat Lacroix (presidente de la Cámara de Diputados de Salta), impugnando lo decidido por el PJ Nacional. El fallo de Servini reconstruye más de un año de litigios y disputas internas dentro del peronismo salteño. Para la jueza, el PJ nacional incurrió en un esquema de intervenciones sucesivas sin una verdadera normalización institucional del distrito. “Las intervenciones injustificadas o sempiternas constituyen un ejercicio abusivo del derecho de intervención”, sostiene el fallo.
Servini también remarcó el dato político de que en las elecciones provinciales de 2025 el PJ salteño no presentó candidatos propios por primera vez desde el retorno democrático de 1983. Para la magistrada, esa situación fue interpretada como una evidencia de la parálisis interna del partido.
El documento que incomoda al expediente
Pero detrás de la resolución judicial apareció un elemento que amenaza con abrir otro frente de conflicto. Salta/12 accedió a una documentación enviada el 8 de mayo de 2026 por los interventores Pablo Kosiner y María Inés Cannuni a los apoderados del PJ nacional. Allí se informa que Esteban Amat Lacroix —el dirigente que impulsó la demanda judicial que terminó derivando en la intervención— no figura registrado como afiliado al PJ Salta.
Según el informe, la verificación se realizó sobre el padrón digital retirado de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 de Salta y también mediante consulta al Registro Nacional de Afiliados del Poder Judicial de la Nación. El resultado fue idéntico en ambos casos: “La matrícula no figura en el Registro Nacional de Afiliados”.
El dato no es menor, ya que, en principio, la legitimación activa para impugnar actos partidarios corresponde a afiliados del partido. Por eso, dentro del entorno del PJ nacional comenzó a circular una pregunta incómoda: si Amat Lacroix no estaba afiliado, ¿sobre qué base jurídica avanzó el expediente que terminó con la intervención del distrito?
El fallo de Servini reconoce a Amat Lacroix como “autoridad desplazada” al momento de la intervención anterior, una interpretación que podría ampliar el criterio de legitimación. Sin embargo, esa lectura ahora convive con el documento oficial que pone en duda su condición partidaria.
Incluso se rumoreó que dentro del saencismo estaban más nerviosos por ese informe, que por el Congreso del martes. Es por eso que, en el entorno del PJ nacional interpretan que el dato debilitaba el expediente y que el encuentro del 19 de mayo podía terminar desactivando políticamente la discusión.
El cronograma que no alcanzó
El detonante inmediato de la resolución fue el cronograma electoral presentado el 4 de abril por los interventores partidarios. Allí se fijaban elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, es decir, varios meses después del vencimiento formal de la intervención, previsto para el 15 de mayo.
Para Servini, aquel esquema no constituía una convocatoria electoral efectiva sino apenas “una manifestación de voluntad no verificada en los hechos”, sin etapas concretas ni efectos jurídicos vinculantes.
El Consejo Nacional del PJ había avalado ese cronograma y convocado al Congreso partidario del 19 de mayo para ratificarlo y extender la intervención. Pero la jueza resolvió antes.
“Una vergüenza”
La reacción de Pablo Kosiner fue inmediata. “Me parece una vergüenza que la práctica de la justicia ahora sea intervenir en la vida interna de los partidos políticos”, afirmó ante Salta/12. El dirigente sostuvo que ya existía un cronograma electoral presentado formalmente y consideró que el fallo buscó impedir que el Congreso partidario lo ratificara.
“Claramente, la intención es evitar que el PJ haga el Congreso ratificando el cronograma electoral y la intervención partidaria”, cuestionó al tiempo que aseguró que “un tema que tiene que resolverse desde la política y desde la normativa interna de cada partido político no puede tener la interferencia permanente de la justicia”.
El dirigente aseguró que el fallo representa “una anomalía muy grande, propia de la falta de institucionalidad que vive la Argentina hoy”. Kosiner además confirmó que el PJ estudiará el fallo e irá en una posible apelación de la resolución ante la Cámara Nacional Electoral.
“Una gran noticia”
En la vereda opuesta, el abogado Raúl Medina, representante del sector encabezado por Amat Lacroix, celebró el fallo. “Venimos litigando desde la primera intervención. Todo este proceso demuestra que la conducción nacional no tiene en cuenta a los afiliados de las provincias”, dijo a este diario.
Para Medina, la resolución judicial es consecuencia de un reclamo sostenido para “democratizar y normalizar” el partido. Asimismo, rechazó las versiones sobre supuestos vínculos y encuentros recientes entre el gobernador Gustavo Sáenz y Servini. “Desconozco eso. No tiene nada que ver con nuestra pelea”, afirmó.
Sobre Gambetta, el abogado fue categórico: “Es una persona absolutamente confiable. Que haga el trabajo que tenga que hacer, que es normalizar el partido”.
Quién es Gambetta
José Luis Napoleón Gambetta es abogado y dirigente político con décadas de recorrido en la función pública provincial. Proveniente de la Unión Cívica Radical, espacio que llegó a presidir en Salta, luego se integró al armado político del exgobernador Juan Carlos Romero.
A lo largo de su carrera ocupó cargos como ministro de Producción de Salta, diputado provincial, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta durante la gestión de Miguel Isa y funcionario durante la administración de Bettina Romero.
También fue interventor del municipio de Colonia Santa Rosa y convencional municipal por el frente Vamos Salta, espacio de Gustavo Sáenz. Con ese camino recorrido, su designación difícilmente pueda ser interpretada como neutral.
El fondo de la pelea
La intervención judicial no resuelve en sí la disputa central que atraviesa al peronismo salteño, y que remite a quién conduce el partido y bajo qué identidad política. El PJ nacional intervino el distrito argumentando que dirigentes elegidos bajo el sello justicialista acompañaban en el Congreso medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, como efectivamente viene ocurriendo.
El sector desplazado, alineado con el oficialismo provincial de Sáenz, fue el mismo que judicializó el proceso cuando el cronograma interno dejó de resultarle favorable.
Días atrás, el legislador provincial Gastón Galíndez había resumido crudamente la lógica de esa disputa al sostener que los interventores partidarios estaban en una encrucijada: “no llamando a elecciones, tienen el riesgo de la intervención judicial. Y llamando a elecciones, tienen el riesgo de que la militancia y nosotros les ganemos”.
Ahora, la intervención volvió a cambiar el tablero. Pero también dejó abierta una duda jurídica que promete escalar en los próximos días: si el principal impulsor de la causa estaba habilitado o no para litigar en nombre del partido. En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral tendrá la última palabra.
Fuente de la Información: Página 12
