Según FOPEA, en Argentina, con ejemplos, hay menos transparencia, más propaganda
30/04/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El informe de FOPEA incorpora una mirada regional e internacional para advertir sobre un fenómeno común: los regímenes que avanzan contra la libertad de expresión comparten métodos, discursos y objetivos.
Desde Chávez-Maduro en Venezuela hasta Trump en EE.UU., pasando por Nayib Bukele y Viktor Orbán, todos buscaron en algún momento silenciar o controlar a la prensa. Milei aparece hoy en ese sendero: desfinancia medios públicos, ataca periodistas críticos, reemplaza reporteros por influencers y desprecia la intermediación informativa.
En septiembre de 2024, el gobierno de Javier Milei firmó el decreto 780/2024, que modificó la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).
FOPEA reaccionó con contundencia: se trata del primer intento normativo del oficialismo para restringir de forma concreta un derecho esencial de la ciudadanía. Este decreto amplió la discrecionalidad de los funcionarios para rechazar pedidos, debilitando una herramienta que durante años permitió conocer actos de corrupción, contrataciones, y hasta la identidad de quienes ingresaban a la residencia de Olivos.
“El acceso a la información pública no pertenece al periodismo: es un derecho de toda la sociedad”, recuerda Jacquelin. Mientras tanto, la Oficina de Acceso a la Información Pública ha sido debilitada en su funcionamiento, y la falta de respuesta se ha vuelto norma. La transparencia hoy es percibida por el poder como un obstáculo, no como una garantía democrática.
“Los jueces, última trinchera”
En un contexto donde el Ejecutivo avanza sobre derechos fundamentales, la Justicia ha quedado como el último dique de contención institucional. La Corte Suprema argentina sostiene desde hace décadas la doctrina de la “real malicia”, según la cual no se puede castigar a la prensa si no se demuestra falsedad deliberada en la información difundida. El derecho a la crítica pública es parte del ADN democrático. Pero hoy, la presión sobre la justicia también es creciente, y el hostigamiento mediático y político a jueces que fallan contra el oficialismo busca erosionar esta defensa.
La pauta oficial como mordaza encubierta
En Argentina, la pauta oficial se ha transformado en una herramienta de control silencioso pero eficaz sobre los medios.
El informe de FOPEA revela y plantea con preocupación que la mayoría de los medios locales depende en gran medida —cuando no exclusivamente— del financiamiento estatal, y esto condiciona, limita o directamente define su línea editorial. En un contexto de crisis económica y precarización del trabajo periodístico, este mecanismo actúa como una suerte de chantaje estructural: publicar algo que incomode al poder puede significar la pérdida de ingresos imprescindibles para sostener una redacción, un programa de radio o incluso el trabajo de un único periodista. La encuesta federal a monitores de prensa realizada por FOPEA expone una realidad contundente: el 70,8% señaló el uso abusivo de la pauta como una de las tres principales formas de ataque a la libertad de expresión en sus provincias. La consecuencia es doble: por un lado, medios que se ven forzados a reproducir gacetillas oficiales sin cuestionamientos, y por otro, una ciudadanía desconectada de los hechos reales, sin acceso a información crítica y contextualizada sobre lo que ocurre en su propio territorio. Esta “economía del silencio” también explica el alto nivel de autocensura y la reticencia a denunciar agresiones. Como subraya el informe, el temor a perder la pauta o la fuente de trabajo es una de las principales razones por las cuales muchos ataques no se visibilizan ni se denuncian. La mordaza no siempre se impone con un grito: muchas veces se firma con un contrato publicitario.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
