Reforma procesal penal: abogados esperan que el Senado los escuche

16/09/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

El Colegio profesional que los representa en Salta presentó una serie de observaciones y sugerencias al proyecto de ley en tratamiento. La Cámara de Diputados le dio media sanción sin atenderlas.

La media sanción de Diputados al proyecto reforma del Código Procesal Penal dejó un amargo sabor en el seno del Colegio de Abogados de Salta, que el pasado 1 de septiembre había presentado ante las comisiones de Legislación General y de Justicia una serie de observaciones y sugerencias sobre puntos que podrían provocar problemas en la aplicación práctica, conflictos interpretativos, afectaciones de garantías y cuestionamientos de su legalidad o constitucionalidad.

En aquella reunión, Trinidad Villegas (presidenta del Colegio), Pedro Javier Arancibia (director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal), Nicolás Arandia (integrante del citado Instituto) y Alejandro Pomares (miembro del consejo directivo) detallaron puntos neurálgicos de la reforma en los que operadores judiciales, y en particular abogados y abogadas litigantes, advirtieron posibles colisiones con derechos y garantías constitucionales. Legisladores les pidieron que la postura fuera volcada en una presentación escrita, que llegó el lunes 8 de septiembre, con las observaciones que ya habían sido expuestas de manera verbal una semana antes. Con todo, el martes 9 Diputados dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo, sin considerlas.

"Diputados no ha atendido nuestras observaciones", lamentó Arancibia ante distintos medios que lo consultaron, tras aclarar que las sugerencias fueron formuladas con vocación constructiva. Remarco que se espera, aunque sin muchas esperanzas, que senadores puedan mirar con detenimiento las sugerencias y caigan en cuenta de que "lo que se propone no es tan complejo de modificar, de aclarar o reescribir mejor".

Desde la postura del Colegio de Abogados, el proyecto de ley en tratamiento prevé una "reforma conservadora", toda vez que "no implica ningún cambio radical de paradigma en el sistema procesal penal, sino más bien, por una parte, un 'blanqueo' de la actividad cuasi legislativa y de dudosa constitucionalidad desplegada en los últimos años por la Corte de Justicia de Salta, que mediante acordadas introdujo cambios normativos procesales, principalmente con el denominado Plan Piloto de Oralidad". Y por otra parte, la introducción de algunos dispositivos, por cierto compatibles con un sistema acusatorio, y que pretenden apreciarse como un avance para la concentración o fusión de actos procesales bajo el método de la oralidad preminente y la flexibilidad".

El Colegio de Abogados de Salta advirtió que la reforma elimina la vía recursiva vertical en casos de privación de libertad, lo que podría vulnerar garantías constitucionales y tratados.

El proyecto aspira a implantar un sistema acusatorio más ágil y moderno. Busca incorporar por ley la figura de la Oficina Judicial (área que centraliza tareas administrativas y organizativas) y reforzar instrumentos como el juicio abreviado y la audiencia multipropósito, la figura del arrepentido y la del agente encubierto. Se contempla que la reforma despliegue sus primeros efectos en el Distrito Judicial del Centro en 2026 y se extienda luego al resto de la provincia.

En este contexto, el Colegio de Abogados observó que el texto actual presenta múltiples imprecisiones y omisiones que podrían convertir lo que pretende ser progreso en retroceso institucional.

El proyecto propone eliminar la vía recursiva vertical para decisiones de privación de la libertad, reemplazándola por recursos horizontales entre jueces del mismo rango. Se considera que ese cambio podría no cumplir con el estándar de justicia y de control judicial adecuado, alineado con tratados internacionales. Se planteó que sin controles superiores, la arbitrariedad puede florecer, sobre todo en casos donde la libertad personal está en juego.

Jefe de fiscales: una facultad fuertemente cuestionada

Una de las observaciones que hizo el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta al proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal, que tiene la media sanción de Diputados desde el pasado 9 de septiembre, se centra en la potestad que uno de los incisos del artículo 10 daría al Procurador General de turno para decidir qué delitos investigar y cuáles no.

En el Colegio que representa a la matrícula de abogados de la provincia se considera que esa facultad "discrecional y arbitraria" no es compatible con su obligación legal de perseguir todos los delitos con independencia de su gravedad, impacto social o peligrosidad que pueda atribuirsele a su autor.

"El proyecto de reforma blanquea y conserva la postura de la Corte salteña en relación al proceso penal, sobre el cual venía legislado por acordadas".

Desde el Colegio se sugirió necesario definir en el texto de la reforma límites claros para la extracción de datos digitales, que sólo aquéllos estrictamente pertinentes a la causa sean accesibles, así como ordenar procedimientos para eliminar los que no sean pertinentes en un plazo mínimo razonable. De lo contrario, el uso masivo o indiscriminado de tecnología digital sin freno legal podría representar riesgos elevados para derechos personales. "Tendría que estar bien regulado lo que se va a hacer con esa información que va más allá del proceso, tiene que ver con la vida íntima de las personas y que dando vueltas podría dar lugar a situaciones de amenaza o extorsión", advirtió Arancibia.

Pedro Javier Arancibia.

El Colegio de Abogados también hizo notar redacciones confusas y contradictorias en artículos del proyecto relacionados con plazos para presentar acusaciones o demandas civiles conexas, lo que podría generar conflictos interpretativos. Otro punto observado se vincula con la Oficina Judicial, un área clave en la reforma que aparece sin una regulación suficientemente detallada en cuanto a sus estructuras, competencias y financiamiento.

Es una reforma conservador, estructurada sobre el mismo Código actual. El proyecto daría corbertura legal al Plan Piloto de Oralidad". 

Las observaciones señalan que muchos de los cambios propuestos demandarán mayores recursos humanos, capacitación, infraestructura tecnológica y logística. Sin esos apoyos concretos, advierten, la reforma puede quedarse en letra muerta o generar desigualdades entre distritos judiciales.

Fuente de la Información: El Tribuno