Reclaman la detención del policía que asesinó a Camilo Escobar
25/07/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Este jueves 24 de julio, Oscar Escobar, padre de Camilo Caupolicán Escobar, encabezó una conferencia de prensa para exigir la inmediata detención del responsable del crimen de su hijo.
Un integrante de una fuerza federal de seguridad identificado desde el 4 de junio sigue libre por decisión del juez Marcos Fernández, titular del Juzgado Criminal y Correccional N.º 3.
El asesinato ocurrió el 10 de enero de 2019 a las 23:30 en Neuquén al 1200, en el barrio de Caballito. Esa noche, Camilo, de 27 años, fue junto a un amigo a una casa donde se iba a realizar una transacción de marihuana. Durante el encuentro, irrumpió un hombre identificado como “Martín”, miembro de una fuerza federal, que se presentó como policía, sacó una pistola 9 mm y ordenó a todos que se tiraran al piso.
Camilo y su amigo intentaron escapar por la puerta, pero el policía les bloqueó la salida. En ese momento, Camilo se defendió con una botella de vidrio, golpeando al agresor. La respuesta fue inmediata: el oficial disparó y mató a Camilo en el acto. Luego se dio a la fuga. La justicia tardó más de cinco años en identificarlo, y más de un mes después de haberlo hecho, sigue sin ordenar su detención.
Desde el inicio, la causa estuvo plagada de irregularidades: cambios de jueces, pruebas omitidas y maniobras dilatorias. La querella denunció que se pidieron en 2019 imágenes de al menos cinco cámaras de seguridad de la zona y recién el año pasado se presentó un fragmento de apenas unos segundos, sin nitidez suficiente para identificar al asesino.
Oscar Escobar denunció que no se convocó a los policías, médicos ni agentes del Same que estuvieron en el lugar donde Camilo agonizaba, a pesar de que un testigo clave —conocido como “testigo A”— señaló en ese mismo momento al asesino, gritando: “¡Ese que está ahí fue el que mató a mi amigo!”. A pesar de esto, no se tomó ninguna medida. Hoy la querella teme por la seguridad de ese testigo, ya que tanto la fiscalía —a cargo de Laura Belloqui— como el propio juez lo han citado personalmente, exponiéndolo a represalias.
El crimen de Camilo se inscribe en una ola de gatillo fácil que atraviesa el país. En las últimas semanas, Thiago Correa, un niño de siete años, murió tras recibir un disparo de un efectivo de la Policía Federal que tiró a quemarropa en un operativo en Villa Lugano. En Salta, Fernando Gómez, trabajador fronterizo, fue asesinado por un gendarme. Y la Cámara de Casación confirmó las condenas a perpetua para los tres oficiales de la Policía de la Ciudad responsables del fusilamiento de Lucas González. Los crímenes de las fuerzas de seguridad no solo se repiten: se amparan desde las más altas esferas del Estado.
Esta impunidad judicial se ve reforzada por la carta blanca que el gobierno de Milei y Patricia Bullrich han dado a las fuerzas de seguridad, con la modificación reciente de la Ley Orgánica que amplía sus facultades, blinda a los agentes frente a denuncias y profundiza la represión. Bajo esta política, los crímenes cometidos por policías no solo no se investigan, sino que son amparados por un aparato estatal decidido a garantizar la represión y el encubrimiento.
La familia de Camilo exige el inmediato arresto del oficial asesino, no solo para que se haga justicia por el crimen, sino también para investigar las posibles redes de encubrimiento y vínculos con el narcotráfico que se desprenden del caso. El accionar de la justicia evidencia una vez más la impunidad con la que se mueven las fuerzas represivas del Estado.
Fuente de la Información: Prensa Obrera
