Puja en la Corte por agenda de casos (Gobierno espectador)
22/02/2019. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Asuntos previsionales (Ganancias y amparos colectivos) sumado casos de impacto general ganan en el calendario previsto para primer trimestre. Cinco ministros negocian tema por tema a puertas cerradas. Incluirán asuntos de coyuntura. Santa Fe se pone en l
Como en las instancias finales de la definición de una lista para presentar candidaturas, los cinco integrantes de la Corte Suprema están negociando a cara de perro el temario que incluirán en su agenda de fallos programados para el primer trimestre del año. Las variables a considerar son múltiples, por lo que las tratativas requieren un consenso de al menos tres de sus miembros, pero los casos escogidos serán, en principio, de impacto masivo. Similar a lo que significó para jubilados el caso “Blanco” por la fórmula de reajuste de haberes, los expedientes que se pondrán sobre la mesa tendrán efectos en otros casos judicializados que sean análogos. Pero también habrá cuestiones de incidencia fiscal directa: Santa Fe debería volverse del máximo Tribunal con un resultado favorable, tal como se llevó San Luis, solo que no por $15 mil millones, sino con $45 mil millones. De hecho, estaba planeado que ambas resoluciones salieran juntas. El olvido por parte de la demandante de algunos documentos formales que debía presentar relegó esa sentencia.
Los temas centrales que abordará la Corte, según pudo saber Ámbito Financiero incluirán la materia previsional como vedette. No solo resolver los planteos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a las Ganancias para las jubilaciones, sino también la resurrección de un viejo expediente colectivo por un amparo interpuesto en 2009 por el Defensor del Pueblo de la Nación por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006. La Corte debe definir primero si considera legitimado el reclamo del Defensor del Pueblo y si puede ser encauzado en una acción de clase, o deberían canalizarse a través de juicios individuales dado los montos implicados en cada reclamo. Otras serán cuestiones estructurales del Poder Judicial: habrá un claro mensaje a favor de la autonomía porteña, cuyo efecto será terminar de asfixiar la resistencia de los jueces al mentado traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Capital Federal. Otras aristas relativas a la constitucionalidad del DNU que permitió el blanqueo de capitales que presentó Felipe Solá, sumado al decreto migratorio que objetó el CELS están precalentando. Este último ayer, se giró a la Procuración General para su opinión no vinculante. Ese paso no será una condición previa: puede ocurrir como con tarifas donde se fije una fecha y el dictamen deba adaptarse. Temas ambientales y donde se logren tres firmas serán automáticamente incluidos. Ya sean de repercusiones económicas (como por el Fondo Sojero) o relativas a la libertad de expresión, además de derechos humanos. No necesitan integrar la agenda que será anunciada. El efecto sorpresa garantiza el impacto que están calibrando en la Corte, cuya mayoría se muestra decidida a ignorar si el Gobierno se sulfura o aplaude.
La agenda de casos que fijará la Corte para el primer trimestre/cuatrimestre deberá además cumplir criterios estrictos para formar parte del calendario, como una antigüedad de circulación entre las vocalías, y nivel de impacto (además de si son temas donde ya hay un cierto nivel de acuerdo entre las “mayorías móviles”). La negociación está en cabeza de cada uno de los ministros de la Corte y ni siquiera los secretarios letrados han tenido acceso al último borrador de cada uno de los ítems negociados. La expectativa estará puesta en que se anuncie en el próximo acuerdo, entre martes y miércoles próximo, aunque desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales no descartaron que se pueda estirar el “poroteo” para incluir asuntos de alto voltaje. La “mesa judicial” del Gobierno está temerosa: no sólo por carecer de información sobre el resultado de los litigios, sino porque todavía no descifran cómo es el funcionamiento interno de un cuerpo que se ha propuesto funcionar de manera colegiada (ya no presidencialista) y que se ha puesto como meta enviar mensajes de que recoge la demanda social de celeridad en el tratamiento de los casos y de desinterés por los tiempos políticos en los que se den a conocer. Esto augura fallos programados en todo el calendario electoral 2019. Al menos, se descartó que el cronograma sea semestral. La coordinación entre los cinco jueces para lograr unificar un criterio tan extendido era inviable. La meta, más allá de los nombres propios que se claven en el calendario, aspira a alcanzar los 250 fallos por semana.
La primera no incluirá nada relacionado a la denominada “doctrina Irurzun” para prisiones preventivas, porque resultaba problemático: jurídicamente la atan a los mismos argumentos que sostienen la negativa de prisiones domiciliarias a represores, tema espinoso. Tampoco será incluida (y llevará alivio) la reforma jubilatoria de 2017, cuyo planteo de inconstitucionalidad ya escaló al máximo Tribunal.
ÁMBITO FINANCIERO
