Prorrogarían la emergencia por violencia de género dos años
28/07/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La ministra de Justicia confirmó que la semana próxima se formalizaría el pedido. El 8 de septiembre se vence la declarada en 2014.
A poco de cumplirse los dos años de la declaración de la emergencia de género en la provincia, sancionada por decreto 2.654 el 8 de septiembre de 2014, y tras el lanzamiento del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres el martes pasado, el Gobierno provincial confirmó ayer a El Tribuno que solicitará la prórroga por otros dos años de la emergencia en territorio salteño.
El pedido será presentado la semana próxima por la Gobernación y se extenderá a los legisladores provinciales, quienes deberán debatirlo luego. La idea es que la prórroga sea declarada antes de que venza la emergencia, el próximo 8 de setiembre. En 2014 se refrendó el decreto a través de la ley provincial 7857.
"Es oficial, vamos a proponer la prórroga por dos años más, mandaríamos la propuesta la semana que viene", le contó a este medio la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti, única mujer del gabinete del gobernador Juan Manuel Urtubey. Algunos diputados consultados por este medio, de forma extraoficial, se arriesgaron a suponer que la extensión de la emergencia no demoraría en sancionarse.
Tanto la emergencia declarada en la provincia de Salta como el Plan Nacional anunciado esta semana por el Gobierno central se dan en el marco de la ley 26.485, promulgada el primero de abril de 2009 y sancionada en marzo de ese mismo año. Esa norma establecía la "protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".
Acciones
Aún no está resuelto qué acciones concretas se llevarían a cabo en este nuevo tramo de la situación crítica de violencia hacia las mujeres, aunque, según pudo saber este medio, se estudian mejoras en lo que se conoce como "ruta crítica", es decir, todos los caminos, tanto administrativos como cotidianos, que transita la víctima una vez que inicia las denuncias.
Actualmente, el Obsevatorio de Violencia contra la Mujer, que transita su primer año de existencia, se encuentra realizando una investigación cualitativa en Tartagal, enfocado precisamente en las experiencias de las denunciantes. De esta forma, se evalúa cómo están funcionando esos circuitos.
"Con este trabajo, el Observatorio se propone explorar y describir las trayectorias burocráticas de las personas que denuncian VIOLENCIA DE GÉNERO y conocer el entramado de relaciones que se tejen entre los/ as ejecutores/ as de las políticas públicas y la población destinataria", aseguraron desde la novel institución.
La presidenta del Observatorio, Alicia Ramos, declaró al respecto: "Este trabajo exploratorio y de carácter cualitativo va a permitir configurar la ruta crítica de las víctimas y obtener información que por ahora no nos dan los datos cuantitativos". Los resultados se presentarán en un informe anual.
Presupuesto
En la declaración realizada en septiembre de 2014, la cuestión de los fondos que se destinarían nunca se explicitó formalmente. Solo se indicó en el artículo segundo: "Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones que estime contundentes para dar solución a la crítica situación y disponer la afectación e incorporación de las partidas presupuestarias necesarias a tales efectos".
Asimismo, la ley provincial 7.896, fechada el 30 de julio de 2015 y destinada a la normalización de los nuevos cargos judiciales para los juzgados específicos por violencia de género, indica que "el gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Provincia, ejercicio vigente". Seguidamente, en el decreto 2.670 de agosto de 2015, se aprueba la incorporación de la incorporación del monto de $3.829.927,02 al Presupuesto provincial para "cumplir con lo dispuesto en decreto provincial N§ 2.654/14 y ley N§ 7.857, de Emergencia Pública en Materia Social y de Violencia de Género en toda la provincia".
Sin embargo, no se han publicado otras especificaciones económicas sobre la inversión puntual que se realizó durante estos dos años. Se espera que en el pedido de prórroga que el Ejecutivo realizará la semana próxima se aporten detalles sobre los dineros destinados y para qué conceptos específicos en el marco de los dos primeros años de la emergencia.
Desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer, sin ir más lejos, manifestaron en reiteradas ocasiones la falta de presupuesto para desplegar más acciones. Para este año, la entidad funciona con 3 millones de pesos, que incluyen gastos operativos, corrientes y contingencias. Una inyección financiera para esta institución podría ser una de las primeras cuestiones que se den en el marco de la prórroga de la emergencia por esta problemática. Otro punto sería la proliferación de hogares para la contención de las víctimas y el fomento de jornadas de capacitación que incluyan la visión de género.
Fuente: El Tribuno
