Poder Judicial "en emergencia" por falta de fondos dispara alerta
08/03/2019. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
GREMIOS ALERTARON POR SITUACIÓN EXTREMA A LA CORTE SUPREMA Y AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - Enviaron notas para decretar "emergencia judicial" y que "comisión mixta" con el máximo Tribunal se encargue de la administración del dinero. Consejo giró en
Un conflicto de proporciones se está gestando al interior del Poder Judicial y podría derivar en una crisis por falta de fondos sin precedentes para solventar los gastos del servicio de administración de justicia. La situación quedó graficada en dos solicitudes ingresadas por el líder de la Unión de Trabajadores de la Justicia Nacional, Julio Piumato, y dirigidas al presidente del Consejo de la Magistratura y al titular de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz que tuvieron carácter de urgente. Allí se puso de manifiesto cuáles son los riesgos implícitos de los problemas que se evidencian a diario. Y se exige la inmediata declaración de emergencia económica que subyace. Pero el colapso emergió tras la nota enviada por el órgano de selección y remoción de jueces (que además administra el dinero) a todas las cámaras nacionales y federales para que recorten al máximo los gastos de cualquier índole. Insumos, repuestos, viáticos y hasta cuestiones menores de “caja chica” pasaron a integrar ese pedido de “ajuste” implícito que se trasladó inmediatamente a los juzgados, que conviven con situaciones edilicias deficitarias, entre falencias y carencias varias. La gravedad del escenario se terminó de configurar con un dato preocupante: el Consejo debió girar en descubierto en sus cuentas en el Banco Ciudad para lograr afrontar el pago de los salarios.
El gremio de judiciales advirtió la situación en dos cartas simultáneas que frente a la “dramática situación” en la que está el Poder Judicial (empeorando en los últimos años a nivel presupuestario), debe decretarse la “emergencia judicial”. Calificaron de “crisis aguda y terminal” la que se atraviesa en tribunales y solicitaron de manera imperiosa poner en marcha “un equipo de trabajo mixto” –integrado por representantes de la Corte y del Consejo- para llevar adelante un plan de emergencia para atender las necesidades de cada fuero. Ingresadas el primer día de marzo, las notas dispararon reuniones entre los consejeros, cuyas posibles soluciones también tuvieron como efecto poner tensos a los integrantes de la denominada “mesa judicial” que asesora al Presidente por su posible impacto político.
La nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo fue a consecuencia de otra girada por el camarista en su rol de titular del órgano junto con el administrador, Carlos Alberto Bedetta. Allí se solicitaba a las Cámaras –con poder de superintendencia sobre los juzgados inferiores- extremar al máximo la austeridad para recortar cualquier gasto que no fuera indispensable. Aunque esto podría incluir desde resmas de papel hasta focos de luz, comprimiendo al máximo los gastos de funcionamiento. Viáticos fueron podados al máximo. El mensaje fue recibido como un llamado de emergencia que puso en alerta a varios operadores judiciales. Pese a la interpretación social sobre la abundancia que transmiten los jueces, las condiciones de trabajo no suelen acompañar el imaginario, más allá de que sea uno de los poderes con mayor ingreso salarial de la administración pública.
La Carta a la Corte detalló no solo el colapso sanitario de principios de febrero en Comodoro Py, sino que también recordó los episodios de contagio de tuberculosis, revelados por Ámbito Financiero el año pasado, la existencia de plagas de todo tipo en la mayoría de los edificios de los distintos fueros, incendios varios y condiciones paupérrimas en juzgados del interior, sumado a los “apagones” de los sistemas informáticos, entre otras problemáticas. Hasta ahora, la Corte ha mirado desde afuera el problema: el Poder Judicial es bicéfalo en términos de representación, la cabeza es la Corte pero que el que maneja los fondos es el Consejo. Sin embargo, el máximo tribunal hace gala de los $17.000 millones que supo acumular en el denominado fondo anticíclico, en contraposición con el Consejo que hasta mantiene una deuda con la Corte.
Piumato denunció que no hubo actualización de la Ley de Autarquía que prevé que el 3,5% de los recursos que obtiene el Estado Nacional deben ser girados a sostener el sistema de administración de justicia y que termina siendo un monto inferior, de hasta un punto porcentual menos. Propuso que lo incrementen, aunque eso colisiona con cualquier plan que tiene el Poder Ejecutivo que es justamente el que envió el mensaje de austeridad máxima para la Justicia. Lo hizo en reuniones con la Corte, pero también con emisarios del Consejo de buena sintonía con la Casa Rosada. Los gremialistas exigieron que la declaración de “emergencia” sea acompañada por diagnóstico de cada sector en materia edilicia, informática, de higiene y seguridad, además de necesidades de personal. En segundo término, un “plan trienal” para fijar prioridades, alimentado por el incremento de fondos que llegaría por vía de la “torta” que se reparte en la norma de autarquía para inyectar fondos a las reformas urgentes. Todo eso, quedaría coronado por la comisión mixta, con participación sindical, para diseñar un “plan de contingencia” bajo la coordinación del Administrador General de la Corte. Varios actores que observan de cerca este tipo de conflictos en la justicia analizaron ante este diario que el peligro de que se produzca un estallido inminente.
ÁMBITO FINANCIERO
