Rechazo a la ley que impone una tasa a los recursos ante la Corte de Justicia
14/07/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El Colegio de Abogados de Salta advirtió que la ley aprobada por la Legislatura provincial vulnera derechos constitucionales. El FOCIS le pidió a gobernador que la vete.
"Este proyecto podría vulnerar garantías constitucionales fundamentales”, expresó la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Trinidad Arias, sobre la ley, recientemente aprobada por la Legislatura provincial, que impone un depósito previo superior al medio millón de pesos para acceder al recurso de queja ante la Corte de Justicia de Salta.
Es un “obstáculo económico que dificulta gravemente el acceso a la justicia para amplios sectores de la población”, sostuvo la abogada, y llamó a una revisión detenida del proyecto recientemente sancionada por la Cámara de Diputados.
La ley, impulsada por la Corte y aprobada de manera definitiva en la sesión del 8 de julio con el respaldo del oficialismo, modifica el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial. Establece que para acceder al recurso de queja por inconstitucionalidad denegada -una vía excepcional que permite recurrir a la Corte cuando un tribunal inferior niega analizar un planteo de inconstitucionalidad- será obligatorio abonar un depósito equivalente a 12 unidades IUS. Hoy, esa cifra ronda los 552 mil pesos.
La iniciativa se aprobó en una misma sesión donde también se dio media sanción a un paquete económico que reduce la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos y ciertas tasas administrativas.
La sanción definitiva se aprobó con los votos negativos de legisladores de la oposición. En defensa de la medida, el diputado oficialista por el departamento San Martín, Gonzalo Domínguez explicó en diferentes medios locales que el depósito será reintegrado si la queja es admitida, y que los fondos quedarán para el Poder Judicial solo en caso de desestimación. “No queremos que la Corte esté saturada con planteos improcedentes”, justificó. También afirmó que habrá excepciones para personas en situación de vulnerabilidad y casos de violencia de género.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron tanto el contenido como el contexto en el que se aprobó la ley. El diputado por Capital José Gauffín (bloque Independencia, exPRO) sostuvo que “la Corte está tarifando la queja y atentando contra el acceso a la justicia”. “No todos pueden pagar 552 mil pesos para ser escuchados por el máximo tribunal”, agregó.
En el mismo sentido, el Colegio de Abogados y Procuradores señaló que la imposición de una barrera económica puede derivar “en un trato desigual injustificado según la condición económica de las personas, afectando el principio de igualdad ante la ley”. En el texto firmado por el Consejo Directivo, el Colegio remarcó que la medida podría contradecir tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional en Argentina.
“Valoramos los esfuerzos por dotar de mayor celeridad y eficiencia al servicio de justicia -expresa el pronunciamiento-, pero instamos a una revisión del proyecto a fin de salvaguardar el pleno e irrestricto acceso a la justicia para todas las personas por igual, sin distinciones discriminatorias de ningún tipo”. Antes de su sanción definitiva, el Colegio había anticipado que quería participar formalmente del tratamiento del proyecto en comisiones legislativas.
A las críticas se sumó también el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), que solicitó al gobernador Gustavo Sáenz que vete la ley. En un pronunciamiento público, afirmó que la norma sancionada “genera una marcada diferencia entre los habitantes según su patrimonio, contrario al principio de igualdad” previsto en la Constitución provincial.
“Están vedando a quienes no pueden pagar la posibilidad de acudir al máximo tribunal provincial. Eso afecta gravemente la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia”, advirtió el FOCIS. También señaló que se afecta la inviolabilidad del derecho a la defensa y que, con esta norma, la administración de justicia corre el riesgo de convertirse en un privilegio al que solo algunos pueden acceder.
Por su parte, el Colegio de Abogados insistió en que el establecimiento de un filtro económico para acceder a la Corte parece alejarse de los principios de justicia universal. Mientras, el oficialismo defiende la norma como un recurso para agilizar el sistema judicial.
Fuente de la Información: Página 12
