Pidieron la prisión preventiva de los tres detenidos por las amenazas a Sáenz

26/02/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

El planteo se encuentra en manos de la jueza, Claudia Puertas, quien deberá resolver si deja detenidos a los acusados, cuyas defensas apelaron la medida

Cumplido el plazo para la mantención de detención solicitada por la fiscalía tras el arresto y la imputación de los tres detenidos, Gustavo Tolava, Pablo Delaloye y Juan Urzagaste, el fiscal penal 6, Horacio Córdoba Mazuranic, solicitó la prisión preventiva el viernes pasado.

En su pedido, básicamente la fiscalía aludió como razones el posible entorpecimiento procesal en que podrían incurrir los acusados en caso de que sean beneficiados con la libertad provisoria, lo cual impediría que se siga adelante con una serie de medidas probatorias aún pendientes.

Cabe señalar que en ese sentido, todavía resta conocerse el resultado de pericias a los teléfonos celulares que les fueron secuestrados a los acusados, cuando se realizó el allanamiento de sus viviendas al momento de la detención de cada uno de ellos.

Si bien, algunos de los testigos más importantes ya prestaron declaración, entre ellos la periodista, María Emilia López Fadel, el guardia cárcel, Sergio Gutiérrez, cuyos nombres son mencionados por Tolava como las personas que habrían sido el nexo para que el sicario se reúna con Delaloye, aún restan más testimoniales.

Por otra parte, también se encuentra en proceso los respectivos informes psicológicos y ambientales de los detenidos, los que se realizan a partir de los conceptos que vierten vecinos y familiares de los acusados, quienes, en caso de estar en libertad, podrían influir.

Asimismo, el entorpecimiento, según el planteo, podría darse con la no asistencia de parte de los acusados a las distintas audiencias que puedan surgir del trámite del proceso penal, como así también a las sesiones correspondientes a las pericias psicológicas.

Otro de los fundamentos, a los que El Intra pudo acceder, tiene que ver con la clara posibilidad de que los acusados se den a la fuga, ya que, al menos, uno de ellos, Tolava, posee antecedentes penales y los informes policiales indican que es alta la probabilidad de que huya. Tampoco se descarta que lo mismo suceda con los otros dos imputados, ya que la acusación penal que enfrentan es gravosa.

Otro de los motivos para pedir que los acusados sigan privados de la libertad gira en torno al encuadre penal, ya que, en caso de llegar a juicio, la pena que podría caberle a los acusados es de prisión con cumplimiento efectivo, lo cual no podría darse con los imputados en libertad.

Tampoco se descarta que una vez libres, los acusados puedan seguir adelante con los planes que llevaban en mente en perjuicio de la vida del intendente, quien en su última presentación ante la fiscalía señaló que tenía temor del accionar que uno de los acusados, Delaloye, podría desplegar en su contra.

La defensa

En sus pedidos de libertad, los abogados, Luciana Andolfi y René Gómez, se quejaron por la imputación realizada a sus clientes, Delaloye y Urzagaste, ya que la fiscalía redactó la acusación penal sin tener en cuenta la declaración indagatoria de sus defendidos.

En definitiva, los letrados sostuvieron que el fiscal elaboró la imputación exclusivamente en torno al video en el que el tercer detenido, Tolava, relata a un medio de difusión local, ante quien se delata como supuesto sicario a sueldo.

Los defensores señalaron que sus clientes, ante el escándalo, se presentaron espontáneamente ante la justicia, pero la fiscalía no tuvo en cuenta lo que sus clientes podían decir, sino que el fiscal se manejó con una “extremada subjetividad”.

Agrava la posición de la fiscalía, al sostener que en la mentada reunión en la que supuestamente se planeó atentar contra la vida del intendente, Urzagaste no habló una palabra, sino que simplemente fue de acompañante de Delaloye, por lo que no hay razón alguna ni pruebas para mantener a Urzagaste preso.

Asimismo, los defensores insistieron en que la reunión se acordó entre Tolava y Delaloye a fin de solucionar un conflicto entre el sicario y la periodista López Fadel, a quien Tolava había comenzado a amenazar de muerte y, dado que la movilera le pidió ayuda, intervino a fin de ponerle un freno al hostigamiento del sicario.

En materia doctrinaria, la defensa rechazó la acusación de instigación a cometer delito, asociación ilícita y amenazas, ya que ninguno de los delitos tiene una base probatoria creíble y que todo se basa en los dichos de Tolava, quien en el mismo video reconoce que no aceptó ninguna oferta, la cual, según aseguró, en ningún momento existió de parte de Delaloye.

A través de los medios, en tanto, Gómez fue más duro y sembró suspicacias en torno al fiscal al poner en dudas su título, ya que la acusación, a su criterio, no tiene ningún fundamento legal, lo que deja a sus clientes expuestos en un ambiente carcelario riesgoso para sus vidas.

Finalmente, la defensa solicitó la libertad provisoria con medidas sustitutivas, como la presentación obligatoria en sede judicial de sus clientes e incluso una caución, la que podría rondar los 20 mil pesos, según trascendidos.

Frente a estos planteos, tanto de la fiscalía como de la defensa, ahora es el turno de la jueza de garantías, Claudia Puertas, quien deberá resolver si hace o no lugar a los pedidos de cada parte, decisión que se espera conocer en los próximos días.

Cambio de fiscal

Al pedido de prisión preventiva de parte de la fiscalía, también se le sumó un planteo de inhibición de parte del fiscal, Córdoba Mazunaric, quien de esta manera se aportó de seguir adelante con el trámite de la causa penal.

Según lo averiguado por El Intra, uno de los imputados, Gustavo Tolava, cambió de defensor y propuso como asesor al abogado, Matías Adet, quien, en algún momento, llevó adelante litigios personales para el fiscal, con lo cual habría una relación de amistad entre ambos.

En vista de ello, y para no generar, conflictos u otras suspicacias respecto al trámite que tenga la causa, Córdoba Mazunaric decidió excusarse, con lo cual ahora la causa podría quedar bajo la órbita de la Fiscalía Penal 7, cuyo titular es el fiscal, Maximiliano Troyano, ex secretario de seguridad de la provincia. La actuación de este nuevo fiscal, en tanto, está supeditada a la resolución que pueda tomar la jueza Puertas respecto al pedido de prisión preventiva ya planteado.

La investigación penal por las supuestas amenazas en contra del intendente, urdidas en un confitería en la estación de servicio YPF, en el shopping Nuevo NOA, lleva ya más de quince días y tiene tres detenidos, quienes fueron arrestados el 12 de febrero pasado.

Tras las detenciones, el caso tuvo gran repercusión, sin embargo, con el correr de los días, la causa perdió peso y la aparición de otros actores, entre ellos la periodista, el hermano de Delaloye y hasta el intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún, ya dejó de atraer a los salteños.

El caso, para la opinión pública, no está del todo claro y, mientras un sector alega que efectivamente podría tratarse de una movida de parte del empresariado que se vería afectado por la decisión de retirar del corredor de La Balcarce, los boliches bailables, otros tantos no descartan que el escándalo haya sido manipulado para hacer subir la imagen del intendente Sáenz.

EL INTRA