Organismos de derechos humanos rechazan la baja de la edad de punibilidad
10/02/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Advirtieron que antes de “profundizar un régimen heredado de la dictadura” se necesita “garantizar el acceso a derechos fundamentales” de niños, niñas y adolescentes. 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se van a dormir sin cenar
La Mesa de Derechos Humanos de Salta junto a la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaron su rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno nacional para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de punibilidad en la Argentina.
La Mesa está integrada por la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo e HIJOS Salta.
En un documento conjunto, los organismos cuestionaron los fundamentos oficiales y afirmaron que el principal argumento del Ejecutivo, basado en el supuesto crecimiento de delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes, “es totalmente falso y cargado de prejuicios”.
“El primer encuentro con el Estado llega en forma de castigo, nunca de prevención, acompañamiento o asistencia”, señalaron, y subrayaron que “un niño o niña que delinque no es un criminal, es una víctima”.
En ese sentido, advirtieron que las estadísticas oficiales no reflejan las condiciones reales en las que viven las infancias y adolescencias en el país: “abandono estatal, sumidos en la violencia de sus hogares y establecimientos escolares, sin oportunidades reales y atravesados por la problemática de las drogas”.
Mientras tanto, el Ejecutivo volvió a acelerar el tratamiento legislativo de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. Según el cronograma parlamentario el martes 10 quedarán constituidas las comisiones, el miércoles 11 se realizará el plenario en el que se firmará el despacho, y el Gobierno busca que el proyecto sea tratado en el recinto el próximo jueves 12 de febrero. Sin embargo, se desconoce el texto definitivo que el Ejecutivo presentará.
La intención inicial Gobierno era fijar la edad de punibilidad en 13 años, una propuesta que no cuenta con el respaldo pleno ni siquiera de los bloques aliados.
El antecedente inmediato se remonta a mayo del año pasado, cuando se firmó un dictamen de mayoría que proponía fijar la edad en 14 años y establecer una pena máxima de 15 años de prisión. Ese proyecto no llegó a tratarse y entre sus firmantes figuraron los diputados salteños de La Libertad Avanza Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle.
Este dictamen mayoritario es el que llegaría al recinto y el único cambio que se discute gira en torno a la asignación presupuestaria. Se intentaría reformular el texto para posibilitar que las provincias puedan acordar particularidades con el Gobierno nacional, especialmente, en relación a la adecuación de las unidades penitenciarias.
Los organismos de derechos humanos de Salta fueron contundentes en el rechazo al encierro como respuesta estatal. “La privación de libertad debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible, ya que atenta contra la salud física, mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo la reincidencia”, manifestaron.
Citaron estudios de la Organización Mundial de la Salud que advierten que la institucionalización expone a niñas, niños y adolescentes a “prácticas inadecuadas, alimentación deficiente, problemas de salud y exposición a violencia sexual, física y emocional”, y alertaron que “la privación de la libertad provoca deterioros irreversibles en NNyA”, afectando su desarrollo y sus posibilidades de reinserción social.
También rechazaron el argumento de que bajar la edad de punibilidad reduzca la inseguridad. Por el contrario, aseguran que esta medida “no ha demostrado ser una política exitosa en términos securitarios”.”Por ejemplo, Brasil y México establecen en 12 años la edad de imputabilidad y tienen un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023, muy por encima de Argentina que tiene la edad en 16 años y registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes”, señalaron.
Respecto de la idea de que los adolescentes “entran por una puerta y salen por la otra”, resaltaron que “nadie sale de estas instituciones sin daños” y recordaron que los estándares internacionales priorizan “medidas de resolución alternativa de conflictos penales y prácticas restaurativas con niños, niñas y adolescentes infractores a la ley penal”. Especificaron que en 2023, “se registraron 62 medidas de este tipo”.
Además, expusieron que los datos oficiales disponibles indican lo contrario a aquel argumento de la puerta giratoria. En primer lugar, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023, 178 jóvenes tuvieron al menos una medida judicial de privación de libertad o alojamiento en residencias. Se contabilizan allí medidas en centros socioeducativos de régimen cerrado, residencias socioeducativas de libertad restringida y hospitales.
En las conclusiones del documento, afirmaron que “el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante” y que no persigue a todos por igual, sino “a los más pobres y los más vulnerables”. En ese marco, rechazaron de manera categórica la baja de la edad de punibilidad y reclamaron una transformación integral del régimen penal juvenil, aún regido por una normativa heredada de la última dictadura cívico-militar.
“En un país donde 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se van a dormir sin cenar, porque sus familias son pobres, porque el Estado no garantiza el acceso a todos sus Derechos, nos oponemos rotundamente a la baja de la edad punible”, expresaron.
Una revisión integral
Sin embargo, los organismos de derechos humanos apoyan la transformación del Régimen Penal Juvenil que se rige por el decreto ley de 1980, instaurado durante la última dictadura cívico militar y no se adecúa a estándares internacionales de derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“La propuesta de bajar la edad de punibilidad a los 13 años no es una medida aislada de seguridad, sino la reactivación de un hilo invisible que conecta las prácticas represivas del pasado con el presente”, advirtieron.
“Este ‘anacronismo jurídico’ permite que el Estado opere bajo la Doctrina de la Situación Irregular, donde el niño no es un sujeto de derechos, sino un objeto de tutela o castigo. Al proponer la baja de la edad, las derechas que lideran el Estado no solo buscan ‘seguridad”, sino que intentan relegitimar una concepción autoritaria de la infancia: aquella que ve en la vulnerabilidad un peligro a neutralizar y no una vida a proteger”, añadieron.
“Nuestras niñas, niños y adolescentes no son peligrosos, sino que están en peligro”, advirtieron.
“La verdadera transformación no vendrá de profundizar un régimen heredado de la dictadura, sino de garantizar el acceso a derechos fundamentales”, concluyeron, y remarcaron que “la defensa de la infancia es, en última instancia, la defensa de una democracia que se niega a repetir sus capítulos más oscuros bajo nuevos ropajes de la seguridad”.
Fuente de la Información: Página 12
