Mujeres exigen respuestas frente hechos de violencia institucional
14/04/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Las Multisectorial de Mujeres en Salta, emitieron un documento que reafirma y advierte sobre la inusitada existencia de violencia institucional y violencia de género en contexto de la cuarentena por el COVID-19
El episodio a partir del cual la Presidenta del Foro de Mujeres, Irene Cari, fue detenida por la policía cuando intentaba devolver a su lugar a una adolescente institucionalizada que le había pedido ayuda; fue el punto de partida o la gota que colmó el vaso para elaborar este documento.
Además del rechazo por los hechos del domingo, las agrupaciones feministas y organismos de derechos humanos develan la inacción de las fuerzas policiales frente a situaciones de violencia de género y solicitan la derogación del DNU N° 255/20 del Gobierno, entre una larga serie de observaciones.
Registro de las situaciones de violencia en contextos de COVID-19
Según el documento, y conforme a “información levantada en diferentes medios periodísticos locales y en virtud de haber mantenido contacto directo o indirecto con las víctimas de las violencias que denunciamos”, detallan en primer lugar la detención de una niña de 14 años mientras su abuela y madre vendían comidas en un negocio de zona oeste.
“Ninguna de estas situaciones pudieron ser denunciadas en la Comisaría del Barrio San Remo, donde se negaron a tomarlas, perpetrándose así una nueva situación de violencia institucional, como consecuencia de la revictimización”, analizan y advierten, en ese mismo sentido, sobre “el cierre temporario de las oficinas públicas específicamente destinadas a la toma de denuncia, y su consecuente derivación, agrava la situación de privación de derechos y de acceso a justicia de las mujeres cis y trans, adultas, adolescentes y menores de edad en la provincia”, describiendo otros casos, sumado al de Cari durante el fin de semana pasado.
“Nos preguntamos qué pasaría en esta provincia si el servicio de justicia, a través de cada uno de sus eslabones, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía, actuara de manera tan diligente frente a las numerosas y graves desobediencias que las mujeres denuncian cada día".
"Nos preguntamos también cuántos femicidios podrían evitarse cada año” y agregan que “ningún estado de excepción, ni aún en el que actualmente vivimos a raíz del COVID-19, puede significar la suspensión de los Derechos Humanos más básicos”, resaltaron.
Desatención en los derechos de Salud
En el documento de la Multisectorial, alertaron sobre la falta de atención adecuada en materia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes en los hospitales públicos.
“Durante esta semana que pasó, tomamos conocimiento de un caso de violencia obstétrica e institucional”, detallan y ejemplifican el caso de una mujer que ingresó a la guardia del Hospital Señor del Milagro con un sangrado y le negaron atención con la excusa del COVID-19, aduciendo que los hospitales están exclusivamente para atender casos vinculados a la pandemia.
En la parte del petitorio, la Multisectorial exige en primera instancia y en respuesta a cada uno de los puntos planteados, que el Ministerio de Salud utilice las herramientas tecnológicas comunicacionales e informativas para garantizar información clara, suficiente y adecuada sobre las distintas prestaciones básicas en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos; además y por otro lado la derogación de lo que denominan “políticas punitivas que promueven el accionar policial abusivo: las violencias que denunciamos evidencian que el único (y perverso) efecto que ha tenido el decreto provincial es el de potenciar el habitual actuar violento, misógino, clasista, racista y transfóbico de las fuerzas policiales”.
Por último solicitan al Ministerio Público Fiscal la investigación a fondo de los hechos ocurridos y a partir de los cuales se detuvo a la referente feminista Irene Cari, y su desvinculación de cualquier tipo de causa judicial imputada en relación a ello.
Lo ocurrido con Cari “es grave”
Desde el organismo provincial, y en relación a los hechos en los que Irene Cari fue detenida por personal policial cuando asistía a una adolescente menor de edad que recurrió a ella para recibir contención, el Observatorio de violencia expuso la gravedad de lo ocurrido en términos de obstaculizar el accionar en prevención y asistencia a personas en situación de violencia de género.
En ese sentido explicó que en el marco del aislamiento obligatorio, a nivel nacional se dispuso la Resolución 15/2020 que detalla que serán considerados supuestos de fuerza mayor “todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGBTTBI, solas o juntos a sus hjos salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias, o se dirijan a requerir auxilio en razón de la situación de violencia que se encuentren atravesando.
Además manifiestan su preocupación sobre los efectos del mensaje que este accionar de las fuerzas policiales promueven en la sociedad.
Fuente de la Información: Nuevo Diario