Los trámites en “oficina melliza” del Registro Civil cobraba cinco veces más
10/04/2021. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Una investigación penal dejó al desnudo una “oficina melliza” que tramitaba por izquierda distintos trámites, por los cuales los funcionarios implicados cobraban hasta 5 veces más de lo que ese organismo público exigía de manera legal.
Por estos hechos, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a los funcionarios implicados en los delitos de fraude a la administración pública y concusión (en un número indeterminado de hechos), en concurso real y en calidad de coautores.
Se trata de los abogados Marcelo Gerardo Romero, Aldo Daniel Gómez, subdirector y asesor jurídico, como así también Mauro Cristóbal Paz y José Antonio Daruich, quienes se desempeñaban en la oficina de archivo del Registro Civil.
Un quinto imputado fue identificado como José Waldo Mercado, un cobrador de estacionamiento medido que trabajaba en la calle, pero que tenía la función de llevarle clientes a la “oficina melliza” que habían montado los funcionarios mencionados. La fiscal también imputó provisionalmente el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores.
En cuanto a la maniobra, y según consta en el decreto de imputación, Mercado, procedió a captar en la vía pública, a un número indeterminado de personas y les solicitó dinero, para que, a través de funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en calle Almirante Brown 160, se realice el trámite de obtención de actas de ese organismo.
Así, lo imputados Romero, Gómez, Paz y Daruich, abusando de la función desempeñada como funcionarios públicos del Registro Civil y actuando en connivencia con Mercado, expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda “trámite oficial”. Todo ello, sin abonar los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Provincial.
La fiscal también los imputó provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores, por haber formado parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública Provincial.
Cabe indicar que la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, se inició a partir de la denuncia de una funcionaria de ese mismo organismo, quien tomó conocimiento que personas desconocidas se estarían beneficiando con la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación.
Los implicados operaban con negocios cercanos al organismo
Como parte de la investigación, se pudo establecer que los documentos se comercializaban en negocios no autorizados, colindantes al edificio del Registro Civil. Una fotocopiadora fue uno de los comercios apuntados y a su vez, habría cobrado una tasa, cuando el acta que se entrega podría estar siendo proporcionada por personal del Registro Civil con sello de trámite oficial (es decir, un trámite sin arancel) o con un valor menor al cobrado. A la investigación se agregó la denuncia radicada el 25 de marzo pasado, por la directora general del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Verónica Saicha Ibáñez.
En algunos de los casos advertidos durante la investigación, por ejemplo, una mujer pagó $1.500 (mil quinientos pesos) por dos actas de nacimiento, cuando el costo real de la expedición de las actas online de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y otras, tienen un costo de $250 (doscientos cincuenta pesos); y de $117,17 (ciento diecisiete pesos con diecisiete centavos) cuando se tramitan en forma presencial.
Según se advirtió de las tareas de vigilancia desplegadas por la División de Investigaciones y Criminología del CIF, en promedio, en un día de vigilancia, el permisionario entregó de 10 a 15 actas, a un costo de 520 pesos cada una.
También se supo que a los abogados Romero y Gómez, se los denominaba “Los intocables”. El primero, se desempeñaba como subdirector del Registro Civil, y el segundo, como asesor jurídico, mientras que Paz y Daruich, eran personal de la oficina de Archivo del Registro Civil. Ello permitió establecer que no solo por la función que desempeñaron sino el rol que cumplió cada uno de ellos en las actividades ilícitas y defraudatorias que tienen como damnificado al Estado Provincial y a los ciudadanos que abonan aranceles exigidos fuera de las tasas previstas, obteniendo de este modo un beneficio económico para sí, mediando la captación de los civiles a través de la intervención de un permisionario, que a sabiendas del origen ilícito actuó como nexo para obtener las partidas (nacimiento, matrimonio y defunción), a cambio de montos discrecionales que luego entregaba a los funcionarios provinciales.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
