Libertad religiosa: un proyecto de ley impulsado por un diputado salteño abre un nuevo debate
09/09/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La propuesta generó adeptos y detractores. Entre los primeros está el gobierno nacional y, de la vereda de enfrente, se encuentran la minorías religiosas y movimientos feministas y LGBT.
En un contexto en el que se cuestiona el rol de la Iglesia en el Estado, y tras un intenso debate por la legalización del aborto en la Argentina, un proyecto de ley ya genera discusión entre los sectores progresistas que consideran que la iniciativa llamada “libertad religiosa” promueve privilegios y cercena derechos conquistados.
El proyecto de ley fue presentado por el gobierno de Mauricio Macri el año pasado, pero su avance fue frenado por planteamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y diversidad sexual. Ahora, el diputado salteño Alfredo Olmedo impulsa esta propuesta, que prevé la ampliación de la objeción de conciencia al ámbito público e institucional y promueve cambios en el Código Penal.
“Hay escalas penales que se aumentarían, por ejemplo, cualquier daño a un objeto de culto merece una pena de hasta cuatro años de prisión, es decir que no es excarcelable”, ejemplifica Analía Mas, abogada y miembra de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bixesuales y Trans (FALGBT), quien estuvo en Salta junto a otras especialistas y militantes feministas para participar del seminario “Estado laico vs libertad religiosa”.
Según Mónica Menini, abogada y referente de Católicas por el Derecho a Decidir en Salta: “es un proyecto que viene con vulneraciones de derechos que ya adquirimos y están reconocidos por acuerdos internacionales que tiene nuestro país”.
Ambas se preguntaron qué ocurrió en los últimos 50 años que ponga en duda la libertad religiosa en el país. “Absolutamente nada”, dice Mas, quien recuerda que las libertades de culto y de conciencia ya están garantizadas por una profusa legislación nacional.
El título de la nueva ley propuesta “libertad religiosa” resultaría engañoso para sus detractores, dado que prevé consolidar todos los privilegios que tiene la Iglesia católica, compartirlo con algunas religiones elegidas selectivamente, teniendo el registro nacional de cultos creado en 1978, y donde el catolicismo no necesita inscribirse, según explica la abogada. “Es una forma de Gran Hermano que tiene el control y el disciplinamiento sobre otras religiones, decide cuáles son cultos y cuáles no, y esto implica que no tienen beneficios que tienen otras religiosas”, agrega la abogada.
Otro de los artículos cuestionados, es el llamado derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario.
“Pretende proponer la objeción de conciencia individual y también institucional que implica un retroceso a todos los derechos conquistados, es decir, un juez podría decir que no casa a dos personas del mismo sexo, un docente podría decir que solo da la teoría creacionista o una escuela podría decir que no acepta a un niño porque es trans o a una niña porque es hija de dos mamás, y en un hospital podrían negarse a hacer una ligadura tubaria, a dar anticonceptivos o hacer una interrupción legal del embarazo”, cuestiona Mas.
Las abogadas entienden que a través de esta norma se busca hacer de un derecho individual un privilegio de funcionarios públicos, para no cumplir con obligaciones legales y cercenar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos de las disidencias sexuales y de las minorías religiosas, incluyendo ahí a quienes no creen ni profesan un culto.
LA GACETA
