Las Pailas: ahora acusan por usurpación a las familias diaguitas desalojadas
14/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El fiscal Escalante advirtió a los adultos indígenas que podrían afrontar más consecuencias judiciales y luego les exigió que protejan a niños y niñas a su cargo recordándoles la vigencia de la Convención “del Menor”, como la malnombró
El fiscal Escalante advirtió a los adultos indígenas que podrían afrontar más consecuencias judiciales y luego les exigió que protejan a niños y niñas a su cargo recordándoles la vigencia de la Convención “del Menor”, como la malnombró. Florencia Wayar, que litiga contra los comuneros, es funcionaria del Ministerio Público Fiscal.
Los integrantes de la Comunidad Diaguita Kalchaki Las Pailas, en el departamento Cachi, vivieron ayer otro día de zozobra provocada por instituciones del estado salteño: la Policía de Salta, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
La misma Infantería que el día antes custodió el desalojo compulsivo de seis familias indígenas de un territorio de 44 hectáreas que disputa la familia Wayar avanzó ayer sobre el terreno que hasta el día antes ocupaban y laboraban familias de esta Comunidad.
Por su parte, el fiscal penal de Cachi, Daniel Alejandro Escalante, respondió rápidamente a una denuncia presentada por María Florencia Wayar (compañera de trabajo en el Ministerio Público Fiscal) e intimó a integrantes de la Comunidad a que “en el plazo de dos horas” a partir de la notificación “se retiren de lugar ocupado de manera pacífica juntamente con todas sus pertenencias”.
La denuncia de Florencia Wayar, que es médica legal del Ministerio Público Fiscal, es contra Leoncio Fabián, Héctor Fabián, Obaglio Cruz, Conrado Cruz, Cecilia Mamani y Ulises Yanes.
Asimismo, a propósito de esa misma denuncia, a la vez que ratificó la persecución criminal contra trabajadores de la tierra, el fiscal Escalante también los intimó, “a los progenitores de los menores de edad presentes en el lugar”, a resguardar su “integridad física y psíquica”, en cumplimiento, dijo, de la “Convención sobre los Derechos del Menor”. Se entiende que hablaba de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y se espera que sepa que no debe referirse a las infancias con el término “menor”, que las inferioriza, las infravalora.
El desalojo de las familias diaguitas kalchaki fue ordenado por la jueza en lo civil y comercial María Fernanda Diez Barrantes, que interviene en una demanda de Wayar contra un solo comunero, Agustín Mamani, ocupante de un predio de 4 hectáreas. Sin embargo, la orden de desalojo se cumplió también sobre otras cinco familias que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse frente a esta magistrada. Como consecuencia de esta extensión de la demanda, el predio desalojado alcanzó 44 hectáreas, bastante más que el espacio en discusión en la demanda contra Mamani. Estas cinco familias también enfrentan procesos judiciales, pero se tramitan en otro Juzgado.
A última hora de ayer, con el avance de la Infantería, la denuncia penal de la funcionaria judicial y las intimaciones del diligente fiscal penal de Cachi, en el predio desalojado permanecía solo una familia integrada por una mujer con sus hijos -uno de ellos con discapacidad- y nietos. Testigos presenciales contaron que Florencia Wayar intercedió ante la Policía, dijo que le permitiría permanecer uno o dos días más y que la intendencia de Cachi le iba a ofrecer otra vivienda.
El abogado Martín Plaza Schaefer, que asiste a la Comunidad, hizo notar que el desalojo se ordenó en la previa de un fin de semana largo, con lo que cualquier presentación judicial de defensa indígena debe esperar hasta el próximo martes.
Violencia institucional
La Comunidad Diaguita Kalchaki Las Pailas denunció el “desalojo violento e ilegal” y la “violencia institucional” desatada contra familias indígenas, una acción que “afectó a toda la comunidad, al Pueblo Diaguita en general, ya que alteró el orden colectivo, arrasando con rastrojos de siembra, animales y el trabajo comunitario”, sostuvo.
Detalló que entre las personas desalojadas hay adultos mayores, familias con niñas y niños pequeños, y personas con discapacidad, “quienes fueron expulsadas de sus hogares sin posibilidad de resguardar sus pertenencias ni sus medios de subsistencia”.
La Comunidad afirmó que la jueza Diez Barrantes “ignoró presentaciones del Instituto Provincial de Pueblos Originarios (IPPIS), de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, de la senaduría provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y negó la comunicación con la autoridad municipal y el diputado provincial (Miguel Plaza, que en redes digitales repudió el desalojo)“ y avanzó ”con una medida que contradice el fallo de base y viola los Derechos Constitucionales de la Nación Argentina que reconoce los derechos Indígenas”.
Agregó que la medida pudo haberse ejecutado “con el único fin de favorecer a la terrateniente Florencia Wayar y familia, quien pretende usurpar territorios de posesión ancestral indígena”.
Tras el desalojo la Comunidad resolvió quedar en estado de asamblea permanente.
Por otro lado, se sucedieron las expresiones de repudio a la medida ejecutada por el Poder Judicial, el MPF y la Policía.
La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta (UPNDS) denunció el “atropello territorial” y responsabilizó a la jueza Diez Barrantes y a “sus secuaces, ante cualquier situación que vulnere nuestra dignidad como Pueblo preexistente, que violente nuestros derechos colectivos, que afecte a nuestras familias y Comunidad, y que pretenda turbar nuestra posesión territorial ancestral, tradicional y publica”.
También la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Asociación Miguel Ragone y la Liga por los Derechos Humanos repudiaron el desalojo y denunciaron “la gravedad de este accionar judicial y policial”.
Aseguraron que la jueza Diez Barrantes “omitió deliberadamente los condicionamientos de la Cámara de Apelaciones” que exigían determinar si las tierras estaban comprendidas en el territorio comunitario protegido y “avanzó de forma desmedida avasallando los derechos de la comunidad”.
Y exigieron al gobierno provincial y al Poder Judicial “el cese inmediato de cualquier medida represiva y de hostigamiento contra la comunidad. El Estado debe garantizar la seguridad de quienes habitan el territorio y respetar los tratados internacionales vigentes en materia de derechos indígenas”, recordaron.
La organización Lxs Fierxs de Abya Yala Productora de Lesbianas Antirracistas Antipatriarcales acusó al gobierno de Salta de seguir con “las políticas colonialistas y racistas de la expulsión de comunidades ancestrales de territorios comunitarios”.
Fuente de la Información: Página 12
