Las leyes, y no las convicciones, deben resolver
06/09/2021. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El tiempo del debate respecto de la ley de aborto legal quedó atrás en el mismo momento en que fue sancionada a fines del año pasado. Es legítimo que la controversia siga entre quienes están a favor y en contra de lo que la norma postula, pero lo que
Un hecho acontecido en Tartagal, provincia de Salta, confirma que, aun con la ley sancionada y con los antecedentes de interrupción legal del embarazo que el Código Penal autoriza desde hace ya un siglo para casos especiales, las polémicas subsisten indefectiblemente.
En la localidad salteña una médica fue detenida por practicar un aborto solicitado por una joven de 21 años. La profesional, que es la única en el Hospital de la localidad de Tartagal que no adhiere a la objeción de conciencia, fue puesta en libertad luego de las protestas organizadas por organizaciones sociales y feministas, pero sigue ligada a la causa.
El aborto fue practicado fuera de los plazos estipulados por la ley sancionada el año pasado, pero a favor de la profesional las autoridades del hospital dijeron que los pasos se habían cumplido como corresponde. Santiago Payo, gerente del Hospital “Juan Domingo Perón”, de Tartagal, respaldó a la médica que intervino y sostuvo que las actuaciones quedaron asentadas en la historia clínica y que con “los informes psicológicos” en el hospital entendieron que “estaba en riesgo la salud integral de la paciente”, por lo que cabría la causal contemplado por el Código Penal.
Las organizaciones que respaldan a la profesional denuncian que la Justicia actuó apresuradamente, sin la investigación correspondiente, y la detuvo con modos exagerados, conduciéndola esposada a su lugar de detención, permitiendo la difusión de una imagen que consideran amenazante para otros médicos que decidan practicar abortos legales. Y argumentan, además, que el ensañamiento obedece a que se atrevió a denunciar una grave irregularidad: dijo que un médico que se niega a practicar interrupciones legales y voluntarias del embarazo en el sector público, sí lo hace en el sector privado a cambio de dinero o de sexo.
La denuncia contra la médica la hizo una tía de la joven que decidió el aborto, argumentando que ésta se había arrepentido. Pero ese presunto arrepentimiento no consta en ningún lado.
Se ha sostenido en este mismo espacio editorial que son legítimas las posturas tanto a favor de la ley de aborto como en contra. Pero las partes que discrepan deben ser respetuosas de lo que establece la normativa vigente. El caso de Tartagal parece tener aristas complejas. Por esa razón, la Justicia debería investigar en profundidad antes de tomar decisiones drásticas y propiciar imágenes de alto contenido simbólico que no hace otra cosa que alentar que escalen conflictos de índole social en temas que las leyes de la República, y no las convicciones íntimas, deben resolver.
Fuente de la Información: El Ancasti
