Anulan el permiso ambiental de Metalnor y se reaviva la lucha vecinal por su erradicación
13/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En un fallo que marca un antes y un después en uno de los conflictos socioambientales más prolongados de la provincia, la Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda impulsada por vecinos de la Ruta Provincial 26 y declaró la nulidad del Certificado
La resolución alcanza al proyecto industrial ubicado en el kilómetro 5, en jurisdicción del municipio de San José de los Cerrillos, y beneficia a los habitantes de los barrios Los Pinares I y II, Los Crespones —considerados zona de influencia directa— y también a Los Paraísos, Las Tunas y La Isla, en la zona de influencia indirecta.
El fallo judicial establece la nulidad del certificado emitido el 6 de diciembre de 2023 por el municipio cerrillano, al considerar que el procedimiento administrativo que lo originó presenta irregularidades suficientes para invalidarlo. Sin embargo, la Justicia rechazó otras pretensiones de la demanda contra la empresa, La Rosita S.A. y la Municipalidad, y dispuso que las costas del proceso se distribuyan “por su orden”, es decir, que cada parte asuma sus propios gastos.
Aunque la resolución no implica el cierre inmediato del emprendimiento, sí desarma el principal respaldo administrativo que habilitaba su funcionamiento, y abre un nuevo escenario legal y político.
Un triunfo parcial pero significativo
Para los vecinos, el fallo es un logro después de años de desgaste económico, social y emocional. Elizabeth Avendaño, una de las principales referentas de la lucha comunitaria, sintetizó el sentimiento colectivo: “Fueron cinco años de espera. Por fin se hace lugar a lo que veníamos denunciando: ese certificado era irregular, sin fundamentos, prácticamente una hoja sin explicación ni dictamen adjunto”, sostuvo en diálogo con Nuevo Diario. Así apuntó directamente contra la forma en que se otorgó el permiso ambiental, al que calificó como un “fraude administrativo”.
En pandemia
El origen de esta disputa se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando comenzaron las obras en un predio de 42 hectáreas sobre Ruta 26. Lo que en un principio parecía un desarrollo inmobiliario pronto encendió las alarmas: se trataba de la instalación de una planta de fundición de metales ferrosos a escasos metros de zonas residenciales.
“Levantaron un paredón enorme y empezamos a investigar. Ahí nos dimos cuenta de que era mucho más grave: hornos de fundición prácticamente al lado de nuestras casas”, había advertido Avendaño en 2024 en diálogo con Nuevo Diario, cuando el conflicto tomó estado público. La cercanía del proyecto con viviendas, escuelas y centros de salud generó un rechazo masivo. En una audiencia pública realizada en agosto de 2022, más de 30 expositores manifestaron objeciones técnicas y ambientales, mientras cientos de vecinos firmaron en contra de la iniciativa. Sin embargo, esas advertencias no frenaron el avance del emprendimiento.
Salud, ambiente y un principio ignorado
Uno de los ejes centrales del reclamo fue el riesgo sanitario y ambiental. Los vecinos denunciaron que la fundición implicaría la emisión de gases tóxicos y partículas contaminantes, con potencial impacto no solo en Cerrillos, sino también en la ciudad de Salta debido a la circulación de los vientos.
Además, señalaron la ausencia de un plan de contingencia adecuado, el uso intensivo de recursos como agua y energía en una zona con limitaciones, y la falta de acceso a información completa sobre el estudio de impacto ambiental.
En ese contexto, los denunciantes insistieron en que se había violado el principio precautorio establecido en la Ley Provincial de Ambiente, que obliga a frenar actividades potencialmente dañinas ante la falta de certezas sobre sus consecuencias.
Costos, desgaste y una deuda pendiente
Pese al avance judicial, el fallo deja zonas grises. La decisión de distribuir las costas del proceso entre las partes implica que los vecinos deberán afrontar gastos económicos significativos, incluso habiendo obtenido un reconocimiento parcial de sus reclamos. “Es injusto que tengamos que pagar por errores que no provocamos. Nosotros solo defendimos un derecho básico: vivir en un ambiente sano”, remarcó.
La dirigente también subrayó el esfuerzo colectivo que implicó sostener la causa durante años, incluyendo el estudio de normativas ambientales y el acompañamiento de especialistas.
El rol del municipio
Otro de los puntos críticos es el papel de las autoridades locales, tanto de la gestión anterior como de la actual. Los vecinos denuncian falta de acompañamiento institucional y exigen respuestas claras sobre el futuro del predio.
“Esperamos del municipio claridad, transparencia y comunicación. Nunca pedimos nada extraño: solo que se respete nuestro derecho a la vida y a un ambiente libre de contaminación”, expresó la referente.
En particular, apuntan al intendente actual, Carlos Borelli, de quien esperan definiciones concretas sobre el destino de las 42 hectáreas y la posibilidad de que el proyecto continúe o sea definitivamente descartado.
En ese contexto, el fallo judicial no solo interpela al pasado, sino que coloca presión directa sobre la actual gestión municipal, que deberá definir si revisa integralmente el proceso administrativo heredado o si habilita nuevas instancias.
En ese mismo sentido, Avendaño no evitó señalar responsabilidades políticas concretas en el origen del conflicto. Recordó que la decisión administrativa que habilitó el avance del proyecto se produjo bajo la gestión de la entonces intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, hoy diputada nacional.
“La burla de la señora Vega con respecto a la voluntad de la comunidad fue evidente. En la audiencia pública se expresó el rechazo, y aun así se avanzó. Hoy está en un cargo público nacional sin haber dado respuestas”, cuestionó la referente vecinal, marcando una de las críticas más sensibles del proceso. Así, el escenario actual también presenta una limitación institucional: al desempeñarse como legisladora nacional, Vega cuenta con fueros que, al menos en lo inmediato, dificultan cualquier avance en términos de responsabilidades políticas o eventuales sanciones vinculadas a su actuación como jefa comunal.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
