La ONU acusa a Milei de presionar a la Justicia argentina
15/07/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La organización advierte que el hostigamiento a jueces y la represión a la protesta erosionan la independencia judicial y los derechos civiles.
Una carta pública firmada por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encendió la alarma en el Gobierno: acusa al presidente Javier Milei de “ataque deliberado” contra la independencia del Poder Judicial y exige explicaciones sobre medidas que, a juicio de los expertos, representan un deterioro democrático.
El detonante fue la situación de la jueza federal Karina Andrade, blanco de amenazas y campañas de desprestigio tras liberar a 114 manifestantes detenidos en marzo. Según la ONU, su caso refleja un patrón de estigmatización alentado desde la Casa Rosada, que apuntala “hostigamiento, abuso público y amenazas de muerte” contra magistrados críticos.
Detrás del reclamo subyace un fenómeno más amplio: el uso del protocolo antipiquetes, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y la Ley Bases para reprimir protestas y criminalizar la disidencia. Entre enero y junio de 2024 las cifras que recopilaron los relatores son contundentes: 80 detenciones arbitrarias, 665 heridos —varios con lesiones oculares por balas de goma— y 47 periodistas agredidos mientras cubrían marchas. El informe documenta que, solo el 12 de junio, más de 200 personas resultaron lesionadas cuando Gendarmería avanzó con gases lacrimógenos, bastonazos y detenciones al voleo en el Congreso.
La ONU también menciona el caso del juez porteño Roberto Gallardo, denunciado y perseguido oficialmente por limitar el accionar de las fuerzas federales. Para los expertos, pedir la destitución de jueces que fallan contra el Ejecutivo atenta contra las garantías de imparcialidad previstas en la Constitución y en tratados internacionales suscriptos por Argentina. “Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, remarca el documento, que subraya la prohibición de aplicar legislación antiterrorista contra manifestantes pacíficos.
Mientras tanto, desde el Gobierno se multiplica la retórica confrontativa. El vocero presidencial Manuel Adorni calificó a la magistratura disidente como “justicia de puerta giratoria” y la responsabilizó de la inseguridad. Estas declaraciones, advierte la ONU, incrementan el riesgo de violencia, particularmente contra mujeres juezas como Andrade, objeto de mensajes con connotaciones sexuales y amenazas de femicidio.
El Ejecutivo solicitó una prórroga para responder, pero el calendario apremia: debe detallar qué acciones tomará para garantizar la libertad de expresión, proteger a los magistrados y frenar el uso excesivo de la fuerza. En un país con tradición de compromiso multilateral, desoír a Naciones Unidas podría aislar aún más a un presidente que ya enfrenta cuestionamientos de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La pulseada, en definitiva, va más allá de un expediente diplomático. Define si la Argentina mantiene el estándar de independencia judicial consolidado tras el retorno democrático o si avanza hacia un modelo donde protestar y juzgar se convierten en actividades de alto riesgo.
Fuente de la Información: El Argentino Diario
